El tema: la necesaria actualización de la Ley de Semillas, sobre lo que hay consenso de realizarlo, pero no sobre los caminos para hacerlo, más aún después de que se conociera que el acuerdo comercial de Argentina con Estados Unidos impone una cláusula de adhesión al controvertido convenio UPOV 91.
Por un lado, los cuatro presidentes de las entidades que integran la Mesa de Enlace. Por el otro, autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, encabezadas por el titular del área, Sergio Iraeta. En el medio, dos invitados especiales para la ocasión: referentes de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y de los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA).
EL DEBATE POR LA LEY DE SEMILLAS COMIENZA A GERMINAR
“El sector agropecuario también tendrá su revolución: estamos en condiciones de producir 300 millones de toneladas de granos, duplicando la producción actual. Para eso daremos un régimen de propiedad para los innovadores en semillas”, fue una de las frases textuales del presidente Javier Milei, durante su discurso en el Congreso de la Nación, en la apertura de sesiones ordinarias.
¿El resultado? Un encuentro del que no hubo foto, que terminó con algunos gestos adustos, dirigentes que evitaron hablar y del que se supo que hubo algunas rispideces que configuran una suerte de anticipo que confirma que el escenario en que se debatirá el futuro de la propiedad intelectual en semillas no será para nada tranquilo.
Previamente, al difundirse los detalles del acuerdo comercial con Estados Unidos, había comenzado la controversia al revivir la discusión por la pretensión de adherir a UPOV 91 -algo que ya se intentó a través de la Ley Bases y que no superó el filtro legislativo-, abandonando el histórico acuerdo UPOV 78 del que Argentina forma parte junto con otros países que no tienen problemas en el reconocimiento de la propiedad intelectual, como Uruguay o Brasil.
Fue una frase disparadora para agitar una vez más el debate siempre pendiente sobre cómo aggiornar a la actualidad una ley que viene desde 1973 y que ha quedado a todas luces obsoleta para garantizar que los obtentores de mejoras biotecnológicas logren los beneficios económicos correspondientes.
Propiedad intelectual en semillas: en el campo insisten con el sí a una nueva ley, pero no a UPOV 91
Infocampo tuvo acceso al texto acordado por CRA, Coninagro, la Federación Agraria y la Sociedad Rural y que, a grandes rasgos, establece las pautas en las que el “uso propio” de las semillas será gratuito u oneroso.
En este marco fue que ocurrió una reunión en Expoagro en el stand de la SAGYP y que se centró en que la Mesa de Enlace le presentara una propuesta propia, consensuada, para actualizar la Ley de Semillas, pero sin adherir a UPOV 91.
Los semilleros se plantan con UPOV 91: “Si no adherimos, seguimos apostando al atraso”
Como aspecto más importante, el proyecto del ruralismo pretende que solo se cobre a aquellos titulares de explotaciones que superen las 500 hectáreas.
Según señalaron Nicolás Pino (SRA), Andrea Sarnari (FAA) y Carlos Castagnani (CRA) -Lucas Magnano (Coninagro) evitó hacer declaraciones-, el Gobierno recibió la propuesta ruralista con cordialidad y prometió evaluarla, con el fin de hacer una devolución y buscar llegar al Congreso con un proyecto consensuado por el sector público y privado.
Si bien algunas voces se alzaron y hubo un debate acalorado, la cuestión no pasó a mayores, de acuerdo con lo expresado off the record por participantes de la reunión, quienes además consideraron que se trata de intercambios lógicos sobre un tema que siempre es controversial.
En este contexto, las rispideces que surgieron no fueron entre la Mesa de Enlace y el Gobierno, sino entre el ruralismo y una de las entidades técnicas que representan al sector empresarial, y estuvieron relacionadas con la resistencia permanente de los representantes de los productores de adherir a UPOV 91.
OTRO PUNTO CLAVE: LA INFRAESTRUCTURA
En tanto, vale mencionar que la reunión originalmente estaba planteada para abordar otros temas, como la situación del INTA y la infraestructura.
Por ese motivo, lo que queda claro es que es una pequeña muestra de un debate que continuará siendo espinoso a lo largo de 2026, más aún cuando llegue al Congreso donde ya se intentó en reiteradas oportunidades avanzar en una nueva Ley, sin éxito.
Además de repasar la licitación de la hidrovía, que ya está iniciada con éxito, y de detallar los pasos para la concesión que se hará de los ferrocarriles de cargas, el meeting sumó una enumeración de lo que está previsto en materia de mejoras en las redes viales.
En el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) no se llegó a profundizar, mientras que sí el ruralismo escuchó de parte de autoridades de la Secretaría de Obras Públicas los diferentes avances que se están realizando para mejorar un aspecto que desde el agro consideran esencial para poder proyectar un futuro de crecimiento: la infraestructura.
Aunque no fue una promesa, el Gobierno habló de mejorar en los próximos años un total de 40.000 kilómetros de rutas por las que la cosecha viaja a los acopios y los puertos argentinos.
