La Asociacion Forestal Argentina (AFOA) manifesto su apoyo a la decision del Gobierno nacional de avanzar en la modificacion de la Ley de Tierras Rurales, con el objetivo de eliminar las restricciones que impiden la venta de campos a ciudadanos y empresas extranjeras. Para formalizar su posicion remitio una nota a la Comision de Asuntos Constitucionales del Senado, en la que expone sus argumentos respecto de la alteracion prevista de la Ley N. 26.737, conocida como Regimen de Proteccion al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesion o Tenencia de las Tierras Rurales, que se encuentra incluida en el proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada.
La postura de AFOA parte de una critica al diagnostico que respaldo la normativa vigente. Segun la asociacion, restringir la inversion privada en funcion del origen del capital no ha fortalecido la soberania nacional ni ha mejorado los estandares ambientales; por el contrario, ha limitado el desarrollo productivo y reducido la competitividad del pais. Esa conclusion es el punto de partida de su pedido para una revision de las reglas que regulan el acceso a la tierra por parte de extranjeros.
La propuesta que defiende la entidad del sector forestal busca un criterio de regulacion mas preciso. En vez de mantener restricciones generales sobre inversores privados por su nacionalidad, AFOA propone conservar limitaciones puntuales en situaciones que impliquen a entes estatales extranjeros o riesgos concretos para la seguridad nacional. En otras palabras, el foco estaria puesto en casos que representen una amenaza real para intereses estatales, y no en una prohibicion indiscriminada basada unicamente en el origen de la inversion.
Este enfoque, segun la asociacion, resulta mas coherente con principios constitucionales como la garantia de la propiedad, la igualdad ante la ley y la razonabilidad en la imposicion de normas. En su presentacion ante el Senado, AFOA insiste en que la interpretacion de la soberania debe ajustarse a como opera el sistema juridico y la economia en la practica. Claudia Peirano, directora ejecutiva de AFOA, aporto una explicacion clave: la tierra es un bien inmueble que no puede sacarse del pais; su titular, cualquiera sea su nacionalidad, esta sometido a la Constitucion, a las leyes argentinas y a todos los controles vigentes. Ademas, las actividades vinculadas a inversiones y empleo se desarrollan en el territorio nacional, lo que implica que los sujetos que operan alli deben respetar las mismas obligaciones y normas.
Desde la asociacion se advierte que asociar automaticamente la inversion extranjera privada con perdida de soberania no refleja la realidad juridica ni administrativa: la titularidad de inmuebles no transfiere atribuciones de gobierno ni permite eludir controles aplicables a cualquier propietario. En ese marco, sostienen que la proteccion del patrimonio y de los recursos del pais no depende del origen del capital, sino del regimen legal y de los mecanismos de control y cumplimiento que se apliquen a todos los actores.
En materia ambiental, AFOA subraya que existen instrumentos legales que rigen la actividad sobre el territorio, como la Ley General del Ambiente y la Ley de Bosques Nativos, los cuales son de cumplimiento obligatorio para cualquier titular de tierras. Por eso, la asociacion aclara que la reforma propuesta no supone un debilitamiento de los estandares ambientales: el marco regulatorio relevante permaneceria intacto y seguiria aplicandose por igual a inversores nacionales y extranjeros.
La Asociacion tambien puntualiza que la modificacion no altera el regimen de acceso a recursos hidricos, como rios y lagos. La titularidad de un predio no confiere derechos sobre aguas publicas, que continuan reguladas por el Codigo Civil y Comercial y por las normativas provinciales correspondientes. Esa aclaracion busca disipar preocupaciones sobre eventuales cambios en el regimen de uso y proteccion de recursos compartidos.
Para el sector foresto-industrial, la previsibilidad es un factor esencial. Las decisiones de inversion en plantaciones, manejo forestal y desarrollo de industrias asociadas requieren superficie suficiente, continuidad en el acceso a la tierra y financiamiento de largo plazo. AFOA afirma que las restricciones actuales han funcionado como una barrera para inversiones de escala, lo que limita proyectos capaces de generar empleo, exportaciones y desarrollo en economias regionales. Frente a paises de la region, como Brasil, Uruguay y Paraguay, que han atraido capitales bajo marcos normativos que no discriminan por el origen del capital, la entidad considera que Argentina pierde competitividad si mantiene reglas mas rigidas y un ambiente de incertidumbre.
Mas alla del sector especifico, la asociacion argumenta que una regulacion mas precisa facilitaria la mejora de las politicas publicas, reduciria la discrecionalidad administrativa y aumentaria la seguridad juridica. Eso permitiria planificar a largo plazo y atraer inversiones que requieren estabilidad normativa para desplegar proyectos productivos de envergadura.
El contexto institucional y juridico tambien condiciona el debate. AFOA menciona la incertidumbre generada por el decreto de necesidad y urgencia DNU 70/23 y las medidas judiciales posteriores, circunstancias que, a su juicio, hacen mas urgente la intervencion del Congreso para dar un marco claro y estable. La Camara legislativa, segun la organizacion, tiene la oportunidad de establecer reglas que sean coherentes con la Constitucion, que protejan la soberania y el interes nacional, y que al mismo tiempo permitan condiciones de desarrollo productivo.
En resumen, la posicion oficial de AFOA ante la Comision de Asuntos Constitucionales del Senado es favorable a la modificacion de la Ley de Tierras Rurales para levantar las prohibiciones generales de venta a inversores privados extranjeros, manteniendo restricciones cuando exista intervencion estatal extranjera o riesgos de seguridad nacional. La asociacion defiende la idea de que proteger la soberania no es sinonimo de cerrar la economia, sino de contar con reglas claras, controles efectivos y condiciones que fomenten la inversion productiva y la competitividad, siempre dentro del marco de las leyes ambientales y civiles vigentes.
