La Rural y Carbap advierten sobre el proyecto fiscal bonaerense: reclaman reglas claras para el Impuesto Inmobiliario Rural en medio de inundaciones que afectan la siembra
Rechazo a la delegacion de facultades y a la “quinta cuota”
La Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederacion de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) elevaron criticas contundentes al proyecto de Ley Fiscal que el gobierno de Axel Kicillof impulsa como marco para el presupuesto provincial 2026. Ambas entidades alertan sobre cambios que, a su juicio, concentran facultades en el Poder Ejecutivo y generan incertidumbre para los productores, justo cuando gran parte del area agricola bonaerense se encuentra afectada por inundaciones.
La SRA, presidida por Nicolas Pino, objeto especificamente los articulos que habilitan al Ejecutivo a intervenir en las valuaciones del Impuesto Inmobiliario Rural “sin criterios consensuados ni una hoja de ruta acordada para el revaluo”. La entidad senalo que el articulo 133 otorga esa facultad y que el articulo 167 permite modificar las cuotas no vencidas durante el ejercicio fiscal, afectando la capacidad de planificacion de los productores. Ademas, Carbap denuncio la aparicion de una “quinta cuota” equivalente a un adicional del 25% sobre el Inmobiliario Rural, una medida que, segun la entidad, se conocio mientras miles de hectareas permanecen bajo emergencia por inundaciones.
Ambas organizaciones pidieron a la Legislatura provincial que defina en la ley los criterios, limites y alcances del tributo y que evite delegar facultades sustantivas al Ejecutivo. La SRA reclamo que los legisladores provinciales fijen con precision todas las condiciones vinculadas al impuesto y establezcan parametros claros para bonificaciones por cumplimiento, actualmente sin porcentajes establecidos por ley.
Impacto economico y de produccion en plena campana
Los ruralistas vinculan la discusion tributaria con la emergencia productiva que atraviesa la provincia. Carbap estimo que 5,8 millones de hectareas se encuentran inundadas, anegadas o afectadas; calculo ademas que 1,5 millones de hectareas podrian quedar totalmente improductivas y que las perdidas de ingresos podrian alcanzar los US$2.000 millones, justo en el momento en que deben avanzar las siembras de soja y maiz. Estas cifras subrayan el riesgo que supone introducir cambios tributarios o incrementar la carga fiscal en plena crisis climatica.
Los productores enfrentan un escenario de liquidez tensa: postergaciones en la cosecha, retrasos en la siembra y danos a la infraestructura productiva elevan la necesidad de previsibilidad tributaria y de lineas de credito ajustadas a la emergencia. La posibilidad de que el Ejecutivo modifique valuaciones o cuotas durante el ano afecta decisiones de inversion y contratacion de insumos, y complica la programacion de campanas agricolas que requieren semanas concretas para siembra y aplicacion de insumos.
El impuesto y la gestion de valuaciones: conflicto sobre transparencia y consulta
El nucleo del reclamo gira en torno a la metodologia de valuacion de tierras rurales y a la transparencia del proceso de revaluo. La SRA exige que el revaluo incluya espacios de consulta con instituciones locales y con la comunidad productiva, y que la ley establezca plazos y criterios tecnicos para evitar arbitrariedades. Sin esos parametros, advierte la entidad, la provincia genera “un marco de incertidumbre que afecta directamente la previsibilidad que necesitamos quienes producimos en la provincia”.
La discusion sobre bonificaciones por cumplimiento tambien aparece como punto critico. La SRA critico que el proyecto mantenga definiciones abiertas y sin porcentajes fijados por ley, lo que, segun los ruralistas, permite interpretaciones discrecionales y dificulta la planificacion financiera de las explotaciones agropecuarias.
Exenciones, emergencia y reclamos por infraestructura
El gobierno bonaerense mantiene eximidos del Impuesto Inmobiliario Rural a 19 partidos provinciales, una medida que las entidades rurales valoran en algunos casos pero consideran insuficiente frente al impacto generalizado de las inundaciones. En ese contexto, los productores reclamaron no solo mayor claridad normativa sino tambien politicas activas para reducir la presion fiscal en los distritos afectados.
Carbap y la SRA reclamaron simultaneamente que la provincia priorice obras de infraestructura hidrica. En particular, Carbap solicito un compromiso para que las obras relacionadas con el Rio Salado finalicen antes de 2030, con aportes comprometidos tanto por la administracion provincial como por la nacional. Los ruralistas sostienen que atender deficits estructurales de drenaje y manejo de cuencas reducira la recurrencia de eventos extremos y protegera la inversion agropecuaria a mediano y largo plazo.
Consecuencias para la inversion y la cadena de suministros
Los representantes del campo advierten que la sumatoria de incertidumbre fiscal y riesgo climatico desalienta la inversion en insumos, tecnologia y obras de conservacion de suelos. Las cadenas agroindustriales que dependen de la soja y el maiz -cultivos que requieren calendario y capital de trabajo- pueden sufrir retrasos que impacten abastecimiento de fabricas, exportaciones y flujo de divisas.
Los analistas del sector senalan que una politica fiscal predecible resulta clave para mantener el atractivo de la provincia de Buenos Aires como area de produccion. En la medida en que el impuesto y sus reglas no resulten estables, productores y empresas agropecuarias podrian posponer inversiones, lo que reduciria la capacidad de recuperacion productiva y afectaria el empleo rural.
Recomendaciones del sector: reglas claras y debate legislativo
Las entidades rurales formularon propuestas concretas: exigir que la Legislatura defina por ley los criterios de valuacion, establecer topes y procedimientos claros para cualquier modificacion de cuotas, fijar porcentajes y condiciones para bonificaciones, y articular un plan de alivio fiscal especifico para los distritos en emergencia. Ademas, los ruralistas pidieron que el proceso de revaluo incluya audiencias publicas y comites tecnicos con participacion de instituciones del sector para transparentar la metodologia.
Por otra parte, reclamaron la implementacion urgente de un plan de obras hidricas priorizado y calendarizado, con financiamiento y responsables definidos, para reducir la vulnerabilidad frente a eventos climaticos extremos.
La provincia, por su parte, encara la negociacion del presupuesto 2026 en un contexto politico y economico complejo. El gobierno defendera ante la Legislatura la necesidad de herramientas que le permitan ajustar bases imponibles y cuotas segun criterios de gestion fiscal, pero debera enfrentar la demanda de transparencia y la exigencia de los productores de contar con reglas estables que favorezcan la produccion y la inversion.
Conclusion
El conflicto entre el Ejecutivo bonaerense y las entidades rurales pone el foco en la tension entre la necesidad de recursos fiscales y la demanda de previsibilidad por parte del sector productivo. Con millones de hectareas afectadas por las inundaciones y perdidas economicas significativas en puerta, los productores piden que la discusion sobre el Impuesto Inmobiliario Rural avance con criterios tecnicos, participacion y limites legales claros. Sin esas condiciones, los ruralistas aseguran que la provincia corre el riesgo de profundizar una crisis productiva en un momento en que la previsibilidad fiscal resulta esencial para sostener la siembra y la recuperacion del sector.
