De ese monto, hay u$s2.203 que corresponden a compras de billetes verdes en el sistema bancario, mientras que el resto se explica por los gastos con tarjeta de crédito de los turistas argentinos en el exterior, las compras de productos y servicios online.
Y un día volvió la “normalidad” al mercado financiero: los argentinos abandonaron su calma y volvieron a su actividad preferida, la compra de dólares. El balance cambiario del Banco Central indica que en enero hubo una demanda de u$s3.146 millones por parte de los pequeños ahorristas.
Como siempre, el BCRA se encargó de aclarar que una parte sustancial de esos dólares quedan depositados dentro del sistema financiero argentino, por lo que no debe confundirse la cifra con la formación de activos externos -lo que popularmente se conoce como “fuga de capitales”-.
El egreso de divisas por turismo, como era de esperar para esta época del año, fue particularmente elevado, con u$s844 millones en pagos con tarjeta, más u$s147 millones asociados a servicios de transporte de pasajeros y u$s146 millones a giros al exterior de operadores turísticos.
Pasó la calma post electoral
Lo que llama la atención es que, luego del notable bajón en la demanda de dólares que se había producido en el momento post electoral, ahora se está regresando a niveles parecidos a los de mediados del año pasado.
Además, informó también que los turistas pagan un 60% de sus gastos del exterior directamente con dólares de sus proias cuentas bancarias, lo que implica que no tiene un impacto directo sobre las reservas del Central.
Son cifras que lucen pequeñas en comparación con el momento de máxima tensión pre-electoral. Ante la incertidumbre por una eventual devaluación posterior a las legislativas, los argentinos demandaron en octubre u$s5.068 millones, con un récord de compras por u$s4.196 millones en “cash”.
El momento de mayor alivio para el gobierno fue en noviembre, cuando los ahorristas “apenas” demandaron u$s1.596 millones, de los cuales u$s1.088 correspondieron a compra de billetes para atesoramiento “bajo el colchón”.
Ya disipado el temor político tras las elecciones, en el gobierno celebraron lo que veían como una etapa de normalización, caracterizada por una recuperación en la demanda de pesos. Es decir, que los ahorristas, al constatar que no se produciría la temida devaluación, empezarían a desprenderse de sus dólares.
Desde el equipo económico se asoció esa reacción al “riesgo kuka”, que es como definen el temor de los ahorristas a una situación de inestabilidad financiera derivada de una turbulencia en el plano político. En los tres meses previos a la elección legislativa, se dolarizó la mitad de la base monetaria, mientras el índice de riesgo país se disparó hasta los 1.500 puntos.
Y lo paradójico de la situación es que, en la medida en que el tipo de cambio cae más -llegó en febrero a su punto más bajo, con una cotización de $1.365-, se refuerza el argumento de los economistas que denuncian una situación de “atraso cambiario”.
Sin embargo, eso no ocurrió: tras el bajón de noviembre -explicable como contracara de las altas compras previas- el público otra vez empezó a demandar dólares.
¿Del colchón al banco?
El otro aspecto en el que se produjo el regreso a la “normalidad” fue en la cuenta corriente, que arrojó un saldo negativo por u$s919 millones. Lo peor es que esto ocurrió en un momento en el que Toto Caputo celebra los récords de exportación, con un saldo de balanza comercial que dejó un superávit de u$s1.987 millones.
Esto implica que cuando se conozca el balance cambiario de febrero, no sería extraño que la demanda minorista de dólares volviera a registrar un alza.
El dato es seguido de cerca por los economistas, dado que todas las crisis devaluatorias estuvieron precedidas por un deterioro rápido de la cuenta corriente. De momento, en el gobierno no muestran preocupación por la demanda de dólares, aunque sí se nota un esfuerzo porque los billetes queden en el sistema bancario, que ya llegó a un nivel de depósitos por u$s38.000 millones.
Así, el rojo de la cuenta corriente acumulado de los últimos 12 meses arroja u$s1.850 millones. Salvo por el momento de la exportación de la cosecha gruesa -junio y julio- y por el “tax holiday” para la soja en septiembre, todos los meses registraron déficits.
La lupa en la cuenta corriente
Es cierto que el déficit actual no es preocupante si se lo compara en términos históricos: equivale a menos de medio punto del PBI, cuando en momentos críticos se ha llegado a un rojo de seis puntos.
Toto Caputo espera que se produzca la “dolarización endógena” gracias al incentivo de la ley de presunción de inocencia fiscal -los bancos no piden justificar ingresos a los depositantes de menos de u$s9.500- y por la suba de las tasas de interés para plazos fijos en dólares, que se estima ocurrirá como consecuencia de la emisión del nuevo bono del Tesoro que paga intereses mensuales.
Pero la expectativa es que el saldo comercial volverá a adelgazar, mientras la salida de dólares por el rubro servicios se mantendrá firme -y el mundial de fútbol será un incentivo para ello-, al tiempo que los incentivos a la compra para atesoramiento continúan vigentes.
Sin embargo, esta situación no disipa las preocupaciones de los economistas críticos, que creen que inexorablemente el déficit volverá a agrandarse. La explicación es que en los últimos meses hubo un nivel inusualmente bajo de importaciones -en torno de u$s5.000 millones mensuales- como consecuencia del sobre-stockeo que habían realizado los comerciantes en el momento pre-electoral.
Pero el riesgo sobre el que están advirtiendo los economistas es que el gobierno cometería un error si confiara en la continuidad de ese ingreso de capitales, dado que la historia muestra que ese flujo inversor puede rápidamente revertirse ante una situación de inestabilidad global.
Como contracara de ese déficit en cuenta corriente está el “sobrante” de dólares de la cuenta financiera -es decir, la que no toma en cuenta el comercio sino los movimientos de capitales-, que fue positiva por u$s3.147 millones. Ese dato obedece, principalmente, a la ola de emisiones de deuda, tanto corporativa como de los gobiernos provinciales.
