Cheques sin fondos, traslados sucesivos de hacienda entre provincias, un feedlot bajo sospecha y mas de mil cabezas de ganado recuperadas: asi se reconstruye una maniobra de gran envergadura que hoy investiga la Justicia. La causa, que se inicio a mediados del ano pasado, involucro a al menos tres provincias y culmino con la recuperacion de 1.060 vacunos valuados en torno a los 2.000 millones de pesos.
La investigacion esta a cargo de la Fiscalia de La Pampa, que informo que los fiscales responsables son Armando Aguero, fiscal general, y el fiscal adjunto Matias Juan. La causa se origino tras una denuncia presentada en mayo de 2025 por la empresa San Jorge Cereales y Hacienda SA, con sede en Rancul, provincia de La Pampa. La denuncia refiere a una presunta estafa en operaciones de compraventa de ganado pagadas con cheques sin fondos por un monto aproximado de 800 millones de pesos y al desapoderamiento de 1.133 animales pertenecientes a la firma damnificada.
Segun el expediente judicial, luego del desapoderamiento los animales fueron trasladados inicialmente a un campo en la provincia de Buenos Aires administrado por la firma imputada. Mas adelante, a mediados del ano pasado, la hacienda se movio de manera que las autoridades calificaron de sospechosa hacia un establecimiento conocido como “Carlos Tercero”, ubicado en Chajan, en el sur de la provincia de Cordoba. Ese predio funciona como feedlot -instalacion destinada a la terminacion y engorde del ganado antes de la venta- y es administrado por la empresa Agropecuaria La Madera SA, vinculada al feriero ganadero Carlos J. Lanser.
La Fiscalia pampeana senalo la hipotesis de que, tras el traslado, el administrador del feedlot habria contribuido a encubrir a los presuntos coautores de la estafa. En concreto, se investiga si los animales fueron resguardados en el campo con el objetivo de engordarlos y luego comercializarlos, lo que podria haber generado ganancias a quien los custodiaba. Los investigadores sostienen que, con esa conducta, el responsable habria procurado que los animales no fueran hallados ni incautados por la Justicia. En el expediente consta la alerta de que, de no haberse intervenido a tiempo, los vacunos podrian haber sido enajenados en los dias en que se concreto el procedimiento.
Con las ordenes judiciales correspondientes, entre el 16 y el 17 de este mes se realizaron allanamientos en la zona rural de Chajan. Durante los operativos se secuestraron 1.060 animales -integrados por vacas, vaquillonas prenadas y toros-, que fueron puestos a disposicion de la Justicia. Por resolucion judicial, la hacienda incautada fue entregada a la empresa damnificada como depositario judicial y trasladada a un campo de la firma en Fortuna, provincia de San Luis, donde quedo bajo custodia mientras avanza la investigacion.
Las fuerzas de seguridad destacaron la rapidez y la coordinacion del procedimiento. Desde la Fiscalia se resalto “la celeridad y el profesionalismo” con que actuaron los efectivos, aunque tambien informaron que durante los allanamientos se registraron incidentes de resistencia y obstruccion: el propietario del campo y puesteros habrian proferido agresiones verbales y, segun la acusacion, habria habido intentos de obstruccion fisica. Estas conductas se consignaron en el acta de procedimiento y seran consideradas en el desarrollo de la causa.
La Policia de la Provincia de Cordoba confirmo los allanamientos y la recuperacion del ganado a traves de comunicados y redes sociales. Segun esa fuerza, el operativo fue ejecutado por personal de la Departamental Rio Cuarto y conto con la participacion de la Patrulla Rural y la Direccion General de Investigaciones Criminales. La policia consigno que la hacienda secuestrada estaba compuesta por vacas de la raza Aberdeen Angus y que, tras el operativo, los animales fueron trasladados a su lugar de origen en la provincia de San Luis.
En el plano judicial, la Fiscalia evaluo citar como imputado por encubrimiento a Carlos J. Lanser en los proximos dias ante el Ministerio Publico Fiscal de General Pico. La investigacion continua abierta a fin de esclarecer la cadena de posibles responsabilidades: desde quienes habrian emitido cheques sin fondos y dispuesto la transferencia de los animales hasta quienes supuestamente los alojaron y vendieron. La causa tambien puede incorporar nuevas medidas probatorias, como peritajes sobre la documentacion de compra-venta, rastros bancarios, registros de traslado y testimonios de productores y empleados rurales.
El ministro de Seguridad de Cordoba, Juan Pablo Quinteros, se refirio publicamente al procedimiento y al accionar policial. Explico que la intervencion provincial se origino a partir de un exhorto de la Justicia de La Pampa, en el marco de una investigacion que, segun indico, tendria su origen en la provincia de San Luis. Quinteros destaco la rapidez del despliegue de la Policia provincial y subrayo el valor economico del ganado recuperado. Senalo que la capacidad de movilizacion territorial y la disponibilidad de personal especializado permitieron localizar y contener en pocas horas las mas de mil cabezas de ganado que ahora estan a disposicion de la Justicia.
El ministro tambien enfatizo el rol preventivo de la Patrulla Rural en todo el territorio provincial y recordo que, en una jurisdiccion con centenares de localidades y una extensa zona rural, la seguridad y la proteccion de la produccion agropecuaria son responsabilidades centrales del Estado. En ese sentido, destaco la cooperacion interjurisdiccional entre fuerzas y fiscalias como factor clave para el exito de el operativo.
A esta altura de la investigacion, el proceso judicial buscara determinar con precision la autoria y la modalidad de la presunta estafa, la existencia de delitos conexos -como encubrimiento o fraude- y el destino final que se intento dar a los animales. Tambien seran relevantes las pruebas documentales y los registros de movilidad de la hacienda para reconstruir el circuito completo que siguio el ganado desde su desapoderamiento hasta su recuperacion. Mientras tanto, los animales permanecen bajo custodia judicial en un campo de la empresa damnificada, y la causa avanza entre medidas de prueba, declaraciones y la evaluacion de eventuales imputaciones adicionales.
