La Sociedad Rural Argentina (SRA) expresó su rechazo a la Resolución 260/2026 del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que obliga a presentar información laboral mensualmente a través del sistema F.U.T.U.R.O.. La obligación comenzará a regir a partir de enero de 2027, según la normativa provincial.
El comunicado difundido por la entidad que conduce Nicolás Pino se titula “Más burocracia y controles: un nuevo retroceso para quienes producen y generan empleo” y cuestiona la medida con dureza. La SRA planteó que la resolución representa un nuevo capítulo en la discusión sobre cargas estatales y simplificación administrativa.
La entidad sostuvo que la normativa implica un retroceso en materia de simplificación administrativa y que promueve esquemas de controles que aumentan costos y cargas administrativas para los empleadores. Según la SRA, ese efecto resultará especialmente gravoso para productores y empresas del sector agropecuario.
La Resolución exige la presentación de una declaración jurada con información sobre salarios, jornada laboral, recibos de haberes y comprobantes bancarios de acreditación de salarios, entre otros documentos respaldatorios. Estas exigencias son las que la SRA señala como fuente de mayor carga operativa para las empresas.
Qué exige la resolución y por qué preocupa
Para la SRA, incorporar mensualmente la documentación requerida por F.U.T.U.R.O. implicará mayor tiempo administrativo y necesidad de recursos contables externos. Ese esfuerzo, según la entidad, se traduce en mayores costos laborales y en menos capacidad para invertir en actividad productiva.
La organización señaló que la medida llega en un momento en que el sector necesita incentivos para la producción y la generación de empleo, y no trabas adicionales. En su comunicado, la SRA pidió prever el impacto sobre las Pymes, que suelen disponer de menos estructura administrativa.
Desde el punto de vista operativo, los productores advierten que la acumulación mensual de información puede duplicar tareas ya existentes en sistemas de gestión y nómina. Ese solapamiento genera riesgo de errores, costos de cumplimiento y necesidad de capacitación técnica para cumplir con los plazos.
La SRA solicitó formalmente que el Gobierno bonaerense y el Ministerio de Trabajo reconsideren los alcances de la normativa y avancen hacia mecanismos que prioricen la simplificación y la eficiencia. El pedido deja ver la voluntad del sector de dialogar para ajustar el sistema sin resignar el control del cumplimiento laboral.
Para los productores, la discusión no es sólo técnica sino también económica: la acumulación de trámites incide en la disponibilidad de tiempo en plena campaña y en la planificación de inversiones. Por eso, la SRA reclamó condiciones que fomenten previsibilidad y la creación de empleo formal, en lugar de nuevas barreras administrativas.
Quedan por delante pasos administrativos y políticos hasta la aplicación efectiva en enero de 2027, y el sector rural anticipa seguimiento de cerca de la implementación. Palabra de Campo continuará cubriendo el diálogo entre productores y la Provincia y los efectos que esta normativa pueda tener sobre la actividad agroindustrial.


