El centro del conflicto es la titularidad de aproximadamente 1.060 bovinos que fueron incautados de un establecimiento en el sur de la provincia de Cordoba en el marco de una investigacion por una presunta estafa con cheques sin fondos, tramada ante los tribunales de La Pampa. El episodio involucra actores y campos ubicados en la zona donde confluyen las provincias de Cordoba, La Pampa y San Luis, y ha generado versiones contrapuestas entre la parte denunciante, las autoridades judiciales pampeanas, la Policia de Cordoba y el consignatario afectado.
Breve resumen de los hechos
Segun la denuncia que dio origen a la causa, radicada en La Pampa en 2025 por la firma San Jorge Cereales y Hacienda SA, mas de mil cabezas de ganado habrian sido entregadas a cambio de cheques que luego resultaron sin fondos. A partir de esa presentacion y de informes previos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el fiscal adjunto a cargo de la investigacion pidio el secuestro de los animales considerados vinculados a la maniobra presunta. La orden judicial derivo en un operativo que, mediante exhorto entre jurisdicciones, fue ejecutado por fuerzas de seguridad de Cordoba y termino con el traslado de los bovinos a un campo de la localidad de Fortuna, en la provincia de San Luis, donde quedaron bajo la custodia de la empresa denunciante con la figura de depositarios judiciales.
Reclamo del consignatario y propietario del establecimiento
El titular del establecimiento del que se retiraron los animales, el consignatario cordobes Carlos Lanser, cuestiono con firmeza el procedimiento. Lanser afirmo que la consignataria que dirige tiene 87 anos de actividad en el mercado ganadero y otras unidades de negocios, y sostuvo que los bovinos secuestrados son de su propiedad, con documentacion y trazabilidad “plenamente respaldadas”. Segun su version, el operativo se ejecuto con “absolutas falencias”: los agentes no habrian verificado marcas ni numeros de caravana en el lugar, no permitieron cotejar registros y procedieron a retirar animales sin autorizacion o sin la comprobacion de su identidad segun las pautas exigidas.
Lanser denuncio “avasallamiento a la propiedad privada” y califico el accionar como “inconstitucional”, agregando que dispone de filmaciones y documentacion que acreditarian la titularidad de la hacienda. Tambien preciso que la empresa utiliza tres sistemas de identificacion de los animales -dos oficiales del SENASA y uno propio-, por lo que, en su opinion, resulta imposible la sustitucion o el intercambio de los animales retirados. En ese marco, solicito la restitucion inmediata de la hacienda y apelo a la intervencion de las autoridades provinciales, entre ellas el ministro de Seguridad de Cordoba, para revisar el procedimiento.
Version del Ministerio Publico y argumentos para la medida
Del otro lado, la fiscalia que investiga la estafa y que impulso el pedido de secuestro describio la operacion como resultado de meses de trabajo investigativo y analisis de movimientos que, a su juicio, despertaron sospechas. El fiscal adjunto senalo que los informes del SENASA contribuyeron a advertir maniobras compatibles con un posible encubrimiento y que, en consecuencia, la orden judicial fue dirigida a recuperar bienes presuntamente obtenidos ilicitamente. La medida incluyo la incautacion de vacas, vaquillonas, vacas prenadas y toros, contabilizados por la fiscalia como recuperados “a favor de la victima”.
La fiscalia explico ademas que, por razones procesales y de conservacion de pruebas, los animales fueron trasladados con autorizacion judicial a un campo donde quedarian depositados bajo la custodia de la empresa denunciante hasta tanto continue la investigacion. Desde su perspectiva, la permanencia de la hacienda en el establecimiento en Cordoba podria haber respondido a una intencion de ocultar su origen y evitar su hallazgo por parte de la Justicia. El funcionario judicial advirtio que, de considerarse necesario, el titular del campo donde se hallaron los animales podria ser convocado a declarar, y que todas las partes quedan sujetas a las resultas del proceso en curso.
Aspectos sanitarios y de bienestar animal
En la discusion se sumo una preocupacion por las condiciones de bienestar de los bovinos. Fuentes citadas por la fiscalia y especialistas recuerdan que un animal bovino requiere una provision constante de materia seca y agua, y que movimientos y alojamientos inadecuados pueden generar perdidas de peso, estres y riesgos sanitarios. Ese argumento fue utilizado para justificar la toma de custodia judicial y el traslado a un lugar donde, segun las autoridades, se pudieran garantizar cuidados y alimentacion mientras se desarrolla la instruccion.
Puntos clave en disputa: trazabilidad y legalidad del operativo
El conflicto gira en torno a dos ejes tecnicos y juridicos: la correcta identificacion de los animales y la legalidad del modo en que se ejecuto la orden judicial. La trazabilidad en la produccion ganadera combina registros oficiales -como las caravanas y marcas registradas ante SENASA y otros organismos- con documentacion comercial (facturas, remitos, guias de traslado) y registraciones propias del consignatario. Cuando hay coincidencia entre esos registros, resulta mas sencillo acreditar la propiedad; cuando faltan verificaciones en el terreno o hay discrepancias, el proceso judicial y administrativo se vuelve complejo.
Desde el punto de vista procesal, las medidas ordenadas por una fiscalia -incluido el secuestro de bienes- deben respetar la normativa que protege la propiedad y garantizar la cadena de custodia y la verificabilidad de la prueba. Si las partes consideran que se violaron garantias constitucionales o que hubo irregularidades procedimentales, pueden recurrir a instancias judiciales superiores para impugnar el operativo, pedir peritajes independientes, solicitar la restitucion provisoria de bienes o plantear medidas cautelares a favor de la posiblmente afectada.
Posibles pasos legales y procesales a seguir
A corto y mediano plazo, lo previsible es que la causa continue en investigacion con la practica de diligencias complementarias: cotejo tecnico de documentacion y caravanas, peritajes veterinarios y forenses si correspondiera, y la eventual citacion de testigos y responsables del establecimiento para declarar. Las decisiones sobre la restitucion de los animales o su permanencia bajo custodia judicial dependeran del avance probatorio y de las resoluciones que adopten los jueces competentes ante los planteos de las partes.
Conclusion
La disputa por la titularidad de los 1.060 bovinos pone en evidencia la complejidad de causas que combinan delitos economicos -en este caso, denuncias por cheques sin fondos- con la logistica del comercio ganadero y la necesidad de coordinacion entre jurisdicciones y organismos tecnicos. Mientras la fiscalia insiste en que la medida fue necesaria para proteger los bienes de la presunta victima y para evitar su ocultamiento, el consignatario insiste en que la actuacion policial y judicial fue defectuosa y vulnero su derecho de propiedad. La resolucion definitiva dependera de la continuidad de la investigacion, del analisis probatorio sobre trazabilidad e identidad de los animales y de las decisiones judiciales que surjan de los recursos que presenten las partes.
