En la noche del 23 de diciembre, el Concejo Deliberante de Coronel Suarez, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, aprobo por mayoria la ordenanza fiscal e impositiva que introduce cambios significativos en la estructura de tasas del municipio. La iniciativa establece un incremento del 10% en la tasa destinada a la red vial, una ampliacion de la libre disponibilidad del tributo hasta el 94% de lo recaudado y la creacion de un nuevo gravamen del 2% sobre los combustibles vendidos en el distrito. La propuesta fue impulsada por el bloque oficialista alineado con el intendente Ricardo Moccero, en ejercicio desde 2019 y cercano al gobernador provincial, y se aprobo con siete votos a favor, ocho en contra y una abstencion; la aprobacion se definio por el doble voto de la presidenta del Concejo, Andrea Acosta.
Productores rurales y organizaciones del sector cuestionaron con dureza la medida. Representantes locales calificaron la aprobacion como “un atropello institucional”, y afirmaron que la sesion fue convocada de forma expres en un horario nocturno para cerrar la votacion con poco margen de discusion publica. La Confederacion de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) manifesto su rechazo y dijo explicitamente: “Decimos no a la tasa del 2% sobre los combustibles y a la sobretasa del 10% para Vialidad Rural. Mas impuestos es menos produccion y menos trabajo”.
Segun productores presentes en el recinto, la sesion comenzo a ultima hora y el concejal Alejandro Benz, identificado como ex integrante de otra agrupacion y ahora aliado al intendente, otorgo el quorum necesario para iniciar la votacion. Durante la discusion en el Concejo, asistentes y productores expresaron que el nuevo esquema modifica sustancialmente como se administran los fondos recaudados por la tasa vial. Tradicionalmente, una porcion relevante de esos recursos debia asignarse a las comisiones viales locales para el mantenimiento de caminos rurales; la ordenanza vigente hasta ahora distribuia el 70% de lo recaudado a esas comisiones. Con la reforma, ese destino queda reducido, mientras que la mayor parte de la recaudacion pasa a rendir como recurso de libre disponibilidad para el municipio.
El productor Jose Ignacio Ansaldo, presente en la sesion, explico que con la ampliacion de la libre disponibilidad al 94% los fondos pasarian en la practica a rentas generales, quedando solo un 6% explicitamente destinado a salud. Denuncio que la ejecucion previa de la tasa vial habia sido parcial y con “muy mala gestion”, y que la discrecionalidad en el uso de esos fondos permite su aplicacion a “cualquier destino arbitrariamente”. Ansaldo detallo ademas que la cobrabilidad real del anterior componente de libre disponibilidad, entonces calculada en torno al 80%, implicaba que en la practica se ejecutaba aproximadamente el 56% de lo recaudado, lo que segun su evaluacion reflejaba desorden administrativo y una planta de personal municipal que crece ano tras ano y que considera insostenible.
En terminos monetarios, los productores senalan que la carga para los contribuyentes aumentara marcadamente. Actualmente la tasa promedio ronda los $1000; con la normativa aprobada se plantean incrementos por cuatrimestres que llevarian ese monto a $6000 en el primer cuatrimestre de 2026, $8000 en el segundo y $9000 en el tercero, segun los valores citados por representantes del sector. Ansaldo dijo ademas que el impacto total de las subas en tasas generales podria ubicarse entre el 100% y el 500%, dependiendo del rubro y el caso.
Otra de las criticas se oriento a la reintroduccion de una sobretasa que habia tenido caracter solidario durante la pandemia para destinar fondos al hospital local. Esa “tasa de salud” fue creada en contexto de emergencia sanitaria, luego derogada por un Concejo anterior, vetada por el intendente y ahora reincorporada por la nueva conformacion del Concejo en la ordenanza impositiva reciente, segun relataron los opositores a la medida. Para los productores, esa practica muestra falta de coherencia en la gestion y ausencia de rendicion de cuentas clara sobre el destino efectivo de esos recursos.
El nuevo impuesto del 2% sobre los combustibles tambien genero objeciones, tanto por su naturaleza como por su alcance territorial. Los promotores del proyecto argumentan que lo recaudado se destinara al mejoramiento de la red vial urbana; no obstante, quienes se oponen afirman que la tasa se aplicara al combustible vendido en todo el partido, mientras que las obras se concentrarian principalmente en la ciudad cabecera, Coronel Suarez, y en algunos pueblos cercanos. Localidades como Villa Arcadia, Pasman, Curumalan y Huanguelen, indicaron los productores, quedarian fuera del listado de beneficiarias de obras pero igualmente soportarian el gravamen. Esa asimetria alimenta la queja de que se trata de un impuesto que no tiene contraprestacion directa para amplias zonas del distrito.
Productores y vecinos coincidieron en senalar la ausencia de transparencia. La productora Maria Jose Camina planteo que la tasa vial rural funciona, en la practica, como un recurso de libre disposicion para el intendente y remarco la falta de informacion sobre inversiones realizadas cuando la sobretasa sanitaria estuvo vigente: “La sobretasa durante la pandemia fue aceptada, pero hoy no se ve en que se invirtio una vez pasada la emergencia sanitaria”, dijo. Para ella, la creacion de la tasa sobre combustibles, aunque sea de solo el 2%, representa ademas una puerta abierta a futuros aumentos si queda en manos del Ejecutivo municipal con mayoria legislativa.
El vecino Fernan Cabrera Castilla describio el aumento como “un disparate” y subrayo que la medida no solo afecta a productores, sino a toda la poblacion, incluyendo trabajadores informales o pequenos contribuyentes que dependen del combustible para su actividad cotidiana, como quienes usan motoguadanas, remises o transporte de corta distancia. Senalo que, aunque el porcentaje parezca bajo, su aplicacion generalizada implica que todos los usuarios de combustible pagaran mas sin recibir necesariamente una mejora evidente en servicios locales.
Desde el municipio, segun fuentes, no hubo respuesta a los pedidos de informacion o consultas realizadas por el medio que cubrio la noticia, por lo que las explicaciones oficiales sobre la justificacion tecnica y financiera de los cambios todavia no fueron brindadas publicamente. En el plano institucional, la aprobacion de la ordenanza deja abierta la posibilidad de que asociaciones rurales, vecinos y organizaciones civiles evaluen acciones administrativas o judiciales para cuestionar la constitucionalidad o la aplicacion de los nuevos tributos, mientras en el territorio persiste la incertidumbre sobre como se distribuiran efectivamente los recursos y que impacto tendran en la actividad productiva y en los servicios municipales.
