INPI deroga la resolución que limitaba el patentamiento de materia viva y abre la puerta a más inversión en semillas

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) derogó hoy la Resolución 283/15, una norma que había endurecido los criterios para patentar desarrollos biotecnológicos en Argentina. Esta medida busca eliminar un obstáculo que, según el gobierno y el sector privado, redujo la llegada de tecnologías y capital al agro.

La derogación se hizo mediante la Resolución 197, que modifica el anexo de la normativa de patentes del INPI y flexibiliza la exigencia sobre el aislamiento de componentes biológicos. La decisión no modifica la prohibición vigente de patentar plantas o animales como tales, pero cambia criterios clave para la protección de innovaciones biotecnológicas.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida y sostuvo que Argentina “vuelve al mundo en biotecnología”. Para el funcionario, una propiedad intelectual sólida es condición para acceder a mercados exigentes como la Unión Europea y Estados Unidos.

El sector privado y la industria semillera ven en la norma una señal positiva que podría traducirse en mayor inversión y en la llegada de nuevos actores al mercado local. En 2021, Bayer dejó su negocio de semillas de soja en Argentina, un antecedente que la industria cita como síntoma del problema de protección de la innovación.

Qué cambió en los criterios de patentabilidad

En la letra chica, la resolución sustituye el párrafo 2.1.7.2 del Capítulo IV Parte C del anexo de la resolución de 2003 para aclarar exclusiones. Se confirma que no serán consideradas invenciones las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su reproducción o producción, en línea con el artículo 6 g) de la ley de patentes.

Sin embargo, ahora no se exige que las partes o componentes biológicos modificados estén “aislados” para su evaluación, lo que flexibiliza la posibilidad de protección industrial de desarrollos biotecnológicos. Esa modificación era reclamada por empresas y centros de desarrollo porque la exigencia previa limitaba la aplicabilidad industrial y por ende la protección efectiva.

El gobierno también avanzó en otras decisiones normativas recientes destinadas a facilitar el acceso a tecnologías agrícolas. La semana pasada se derogaron las resoluciones 99 y 810 de 2001, que complicaban la actualización de criterios de patentabilidad por la intervención de múltiples organismos.

Además, la administración puso en marcha un nuevo marco de fiscalización con colaboración del sector privado para las variedades que se inscriban a partir de ahora. Esa coordinación busca ofrecer certidumbre regulatoria sin perder controles sanitarios y agronómicos esenciales para el país.

Impacto para productores, industria y comercio exterior

Para los productores, la expectativa es acceder a tecnologías que mejoren productividad y sustentabilidad, especialmente en cultivos extensivos como la soja. Para la industria, la medida reduce incertidumbres y podría atraer inversiones en investigación, desarrollo y semillas mejoradas.

En términos de comercio exterior, el Gobierno argumenta que la medida alinea a Argentina con estándares internacionales y facilita negociaciones. Sturzenegger sostuvo que con reglas más flexibles el país deja de llegar a la mesa de negociación “con reglas que el mundo rechaza”.

En paralelo a los cambios normativos, el Ejecutivo y la Mesa de Enlace mantienen el diálogo sobre una nueva ley de semillas que reemplace la vigente desde 1973. Ese proyecto legislativo pretende adaptar el marco legal a la realidad de la biotecnología agrícola y a las demandas del mercado global.

La derogación de la resolución 283/15 no cierra el debate, pero marca un giro en la política pública hacia mayor protección de la innovación en bioagro. El siguiente paso será ver si la flexibilización normativa se traduce en inversiones concretas y en la llegada de tecnologías que los productores esperan.