Según detalló, a partir de junio de este año las retenciones al trigo y a la cebada se reducirán del 7,5% al 5,5%, una medida que el Gobierno presenta como parte de su estrategia para “mejorar la competitividad” del sector agrícola.
En el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el presidente Javier Milei anunció un recorte en los derechos de exportación aplicados a los principales cultivos.
La implementación completa de ese sendero dependerá de que Milei logre un nuevo mandato, dado que el tramo principal del recorte se proyecta para el próximo período presidencial.
El mandatario también adelantó un esquema gradual para la soja, aunque con un cronograma más extenso: desde enero de 2027, y sujeto a la evolución de la recaudación, las alícuotas comenzarán a bajar entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales por mes, con continuidad prevista hasta 2028.
“Comprendo que la velocidad de la rebaja de retenciones no es la ideal. Les agradezco la paciencia, pero mientras tanto seguimos avanzando con otros reclamos del sector”, indicó Milei.
El mandatario enumeró en el acto los puntos económicos centrales de su gestión:
El mensaje del campo
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la Argentina (Ciara), donde se reúnen los agroexportadores celebraron la medida: “Celebramos la decisión de seguir con la baja de derechos de exportación en trigo y cebada y, en especial, en las bajas sobre la soja. Colaboraremovs con Economía para buscar ver la forma más adecuada para que no genere efectos negativos en la comercialización”.
El anuncio se inscribe en un contexto de presión del sector exportador por una reducción de la carga fiscal y en medio del debate sobre la necesidad de recomponer márgenes en las cadenas agrícolas tras varios años de volatilidad productiva y cambiaria.
Sobre la cantidad anunciada en esta ocasión, el ruralista manifestó: “¿Nos hubiese gustado que sea más? Obviamente que sí. Entendiendo que hay razones del por qué, por lo menos, nos han dicho por qué han tomado esta decisión. Da expectativa hacia adelante de que el camino es claro. El camino es con retenciónes 0, y hay que seguir insistiendo que el camino es por ahí”.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, anunció luego de conocerse la medida: “No sé si la palabra es conforme. Conforme vamos a estar cuando lleguemos al 0, que es lo que tiene que tener este impuesto nefasto que son los derechos de exportación. Pero con expectativa y viendo cómo el gobierno va cumpliendo su palabra de ir quitándonos este flagelo de encima”.
Con la baja de los derechos de exportación del 7,5% al 5,5%, y tomando como referencia un valor FOB de cosecha de 250 dólares por tonelada, el exportador ganaría un margen adicional de pago de 6,25 dólares por tonelada. Ese alivio, sumado a una mejora de unos 20 dólares por tonelada frente al mismo momento del año pasado, permitiría absorber casi por completo el encarecimiento que registraron insumos clave como la urea y el gasoil.
El impacto fiscal
Un dato central que se desprende del anuncio del Presidente, tiene que ver con el impacto fiscal de la medida. En ese sentido, el economista especializado en temas agropecuarios David Miazzo, puso el foco en el efecto inmediato sobre el precio que recibe el productor, con estas nuevas ecuaciones.
Donde sí podría sentirse más el cambio es en la próxima campaña. Según el economista, ese sendero de rebaja empezaría a jugar como una tasa implícita del orden del 6% anual, en un contexto en el que el financiamiento se mueve en niveles similares. Aun así, sostiene que el mercado podría recibir mejor este esquema gradual que un escenario dominado por versiones o expectativas más inciertas sobre futuras decisiones oficiales.
Para la soja, en cambio, la lectura es bastante más cauta. Miazzo advierte que la reducción anunciada tendría, en el mejor de los casos, un recorte acumulado del 6% a lo largo de 2027. Pero para la campaña actual, el impacto sobre el ritmo de comercialización sería acotado. Difícilmente, razona, un productor decida postergar ventas solo para capturar medio punto adicional en enero del año próximo.
En esa secuencia, la soja quedaría sin cambios durante 2026. El contraste, subraya el economista, es que en 2025 el cultivo ya había acumulado una baja de 9 puntos entre distintos ajustes, mientras que en 2027 el recorte podría ser de hasta 6 puntos en el escenario más favorable. La comparación ayuda a dimensionar que, al menos por ahora, el anuncio tiene más valor como señal de rumbo que como incentivo inmediato.
Desde el punto de vista fiscal, Miazzo estima que el costo para lo que queda de la actual campaña de trigo rondaría los 20 millones de dólares. El grueso del esfuerzo fiscal, de todos modos, quedaría desplazado hacia 2027, cuando comenzaría a correr el tramo más significativo del alivio anunciado para la soja.
Otra iniciativa, presentada por el diputado Martín Ardohain, también plantea un cronograma automático de reducción mensual y devuelve al Congreso la potestad exclusiva de fijar retenciones, en línea con la demanda del sector por mayor previsibilidad tributaria.
El debate legislativo
El anuncio se produce en un contexto en el que el Congreso discute varios proyectos de ley que buscan modificar de raíz el esquema de retenciones. Uno de ellos, impulsado por la diputada Gisela Scaglia, propone una eliminación gradual y total de los derechos de exportación hacia 2029, con una baja lineal del 25% anual y límites estrictos a la capacidad del Poder Ejecutivo para modificar alícuotas por decreto.
El pacto, aplicable provisionalmente desde mayo de 2026, establece un marco regulatorio común, reduce aranceles y abre cuotas preferenciales para productos agroindustriales del bloque sudamericano, lo que amplía las oportunidades de exportación para la Argentina en mercados de alto valor agregado.
Acuerdo Mercosur Unión Europea
El debate legislativo y el anuncio oficial se da en paralelo a un escenario internacional que empieza a reconfigurarse tras la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
La norma no obliga a eliminar las retenciones, pero sí restringe su utilización futura, salvo excepciones muy acotadas vinculadas a situaciones de emergencia y bajo condiciones estrictamente temporales. Para la Argentina, que mantiene un esquema de derechos de exportación más amplio que el resto del Mercosur, esta disposición supone un límite a la posibilidad de aumentar la carga tributaria sobre las ventas externas dirigidas a la Unión Europea, al tiempo que se combina con la apertura arancelaria europea para una serie de productos agroindustriales.
En el capítulo de comercio de bienes, el acuerdo Mercosur–Unión Europea incorpora una cláusula específica que limita el uso de derechos de exportación por parte de los países sudamericanos. El texto establece que no podrán aplicarse nuevos impuestos a la exportación ni incrementarse las alícuotas vigentes para los productos destinados al mercado europeo, lo que implica un congelamiento del nivel de retenciones existente al momento de la entrada en vigor del acuerdo.
