La Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó al municipio de Hipólito Yrigoyen que brinde información precisa sobre el destino de los fondos recaudados por la tasa vial rural, luego de que un grupo de productores agropecuarios de Henderson –cabecera del partido– presentara un recurso de amparo. La medida, emitida por el juez Pablo Cristian Germain del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, destacó el “valor democrático de la publicidad de los actos de gobierno” y la necesidad de garantizar la transparencia en la gestión pública.
La resolución judicial responde a una demanda presentada en mayo por un grupo de productores encabezado por Rafael Hary, integrante de la Asociación Rural de Henderson, junto a otros ocho productores: Francisco Berisso, María Estela Odriozola, Teresa Manrique, Eduardo Otero, Fabián Pereyra Iraola, Juan Manuel Cánepa, María Gabriela Gamboa y Matías Julián Riveros. Todos manifestaron su preocupación por los aumentos abruptos de la tasa en los últimos dos años.
“Nos pareció que esa dinámica exponencial era también exorbitante, desubicada, porque estaba por encima de muchos otros ítems”, explicó Hary en diálogo con LA NACION.
Aumentos cuestionados y silencio oficial
Según explicaron los productores, la tasa vial aumentó un 130% en 2023 y en lo que va de 2025 se incrementó un 220% adicional, generando fuerte malestar en el sector. En marzo, solicitaron un informe oficial al municipio sobre cómo se había definido el incremento. Pero ante la falta de respuestas concretas, avanzaron con la medida cautelar.
“Estamos ejerciendo nuestro derecho a la información pública. Nada más”, señaló Hary, al fundamentar el amparo.
La Justicia bonaerense le dio un plazo de 30 días hábiles al municipio para que entregue de manera “completa, veraz y adecuada” todos los datos solicitados. Entre ellos, los balances financieros de los últimos 48 meses, comprobantes de pagos por reparación de caminos rurales, listado de cheques emitidos y documentación que respalde el uso de los fondos.
Un antecedente que podría extenderse
Los productores están representados por el abogado Pablo Abdón Torres Barthe, conocido por intervenir en causas similares en distintas provincias. En 2023, lideró la defensa legal de los productores de Villa Saralegui, en Santa Fe, quienes se negaron a pagar una tasa municipal que había aumentado un 430%. Esa causa terminó con la intervención provincial de la comuna en marzo de 2024.
Más recientemente, en mayo de este año, Torres Barthe obtuvo un fallo favorable para productores del norte de Santa Fe. Allí, la Cámara Civil y Comercial de Reconquista declaró inconstitucional el artículo 8 de una ley provincial de 1959, que permitía a las comunas ejecutar el cobro de tasas mediante el procedimiento de “apremio fiscal” sin revisión judicial previa.
Este nuevo fallo en territorio bonaerense sienta un precedente relevante en relación con la aplicación de tasas municipales al sector rural y refuerza el principio de rendición de cuentas como pilar democrático.
