Protesta en la rotonda de Quequen: 50 horas de paro y miles de camiones en espera
Desde la madrugada del lunes, transportistas de cereales mantienen una protesta en la rotonda 227 y la circunvalacion hacia Quequen, en el sudeste bonaerense. La medida -liderada por transportistas autoconvocados y la Union Nacional de Transportistas de Afines (Untra)- acumula mas de 50 horas sin senales de solucion y dejo una fila estatica de alrededor de 2.000 camiones, segun relatan conductores y fuentes del sector.
Los choferes apagan los motores y se niegan a retomar viajes hasta que haya una recomposicion de tarifas que, dicen, cubra los crecientes costos operativos. “Arrancarlos hoy es salir a perder”, resumio uno de los conductores que lleva dias en la ruta. El reclamo se propago a otras zonas del pais y comenzo a generar preocupacion en la cadena de agroexportacion.
Motivos del reclamo y negociaciones paralelas
Los transportistas exigen un aumento tarifario urgente de entre 30% y 35% y la implementacion de un mecanismo automatico de actualizacion que ajuste los fletes en funcion de la variacion del gasoil y otros costos, para que esos valores se vuelquen de forma inmediata y sin demoras en la carta de porte. Reclaman ademas la intervencion estatal para establecer valores de referencia que eviten abusos de intermediarios y grandes operadores.
Segun lideres del sector, como Carlos Geneiro (secretario general de Untra), la ultima suba de tarifas fue en enero y fue del 12%. Una oferta mas reciente de la Federacion de Acopiadores -que proponia un aumento del 10%- fue rechazada por insuficiente. Tambien se menciono en el debate una propuesta de actualizacion presentada por FADEEAC que, si bien es valorada por algunos actores, no habria reflejado el impacto real de los aumentos de costos para los vehiculos con menos estructura operativa.
Los relatos de los conductores dan cuenta de que en la practica los numeros no cierran: se factura, por ejemplo, por 100 kilometros pero se terminan recorriendo 250 entre ida, vuelta y maniobras; existen costos obligatorios crecientes como la Verificacion Tecnica Vehicular (VTV) -mencionada por transportistas como un salto de $220.000 a $500.000 en menos de un ano- y aranceles de acceso a playas de estacionamiento y puertos que en algunos casos superan los $17.000 por ingreso.
Un ejemplo concreto del impacto en el ingreso: de los $8.400 por tonelada que cobran, segun el ambito del reclamo, se pierden entre un 10% y un 15% en intermediacion y gastos administrativos. A ello se suman plazos de pago diferidos (40 a 60 dias) y la necesidad de sostener repuestos, cubiertas, lonas y servicios, que se incrementaron con la inflacion. “Hoy nos estamos fundiendo trabajando”, dijo Walter Valentini, uno de los transportistas presentes en la protesta.
Repercusiones en la cadena de exportacion y el mercado local
La protesta, concentrada en Necochea y Quequen pero replicada en puntos como General Villegas, Bahia Blanca, ciudades del sur de Cordoba, Santa Fe y Mendoza, amenaza con generar efectos en distintos eslabones de la cadena agroexportadora. Si el conflicto escala hacia Rosario -el principal nudo logistico para la salida de granos del pais-, los retrasos podrian intensificarse y desencadenar costos adicionales para exportadores, productores y puertos.
En el corto plazo, la acumulacion de camiones en accesos y rotondas retrasa las cargas programadas, provoca congestion en playas de maniobra y puede derivar en demoras en la salida de buques. Para los exportadores esto implica riesgo de demoras y posibles penalizaciones por incumplimiento de plazos de embarque; para los productores, la demora en la salida de mercaderia puede traducirse en pagos postergados o mayores descuentos por entregas fuera de plazo.
En terminos de precios, un aumento sostenido de los costos de flete podria trasladarse a la estructura de precios del cereal exportable, afectando la competitividad externa si no se compensa con mejoras en los precios internacionales o con medidas fiscales y logisticas internas. Alternativamente, los mayores costos podrian ser absorbidos por acopiadores y exportadores, reduciendo sus margenes, o repercutir en contratos de compra al productor, que veria recortado su ingreso neto.
En la economia local de Necochea y Quequen, la continuidad del reclamo puede afectar a comercios y servicios vinculados a la operatoria portuaria (estaciones de servicio, talleres, playas de maniobras, restaurantes de ruta) y a la dinamica laboral de los puertos y empresas logisticas. Las empresas pequenas de transporte, que operan con pocas unidades, advierten que no pueden competir con grandes flotas que absorben perdidas temporales gracias a mayor diversificacion de ingresos.
Politica y actores del sector analizan alternativas: la implementacion de un indice de actualizacion automatica del flete atado al precio del gasoil y otros insumos; la intervencion de organismos provinciales y nacionales para fijar valores de referencia y garantizar el cumplimiento de tarifas; y medidas de corto plazo como pagos compensatorios temporales o creditos para mantenimiento y operacion. Cada opcion tiene efectos distintos en la cadena de valor y en las arcas publicas, por lo que las negociaciones seran clave para evitar una profundizacion del conflicto.
En el terreno sindical y empresario, la disputa tambien interpela a camaras y asociaciones que representan a dadores de carga, acopiadores y exportadores: su capacidad de ofrecer soluciones rapidas y sostenibles sera decisiva para destrabar la protesta sin que ello implique una transferencia de costos que alimente nuevas tensiones.
Mientras tanto, los transportistas mantienen la toma en puntos estrategicos como la rotonda de acceso a Quequen y advierten que no buscan frenar la actividad economica sino garantizar condiciones que les permitan continuar trabajando sin perder dinero. La forma en que el Gobierno, las camaras y los grandes actores del comercio de granos respondan en las proximas horas determinara si la protesta se transforma en un paro mas amplio o si se limita a medidas de fuerza localizadas que obliguen a renegociar tarifas y mecanismos de ajuste.
