Resumen del fallo y decision judicial
La Sala II de la Camara Criminal y Correccional Federal, por mayoria de votos de los jueces Martin Irurzun y Roberto Boico (con el juez Eduardo Farah en disidencia), revoco una resolucion anterior que habia permitido la restitucion del directorio de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la Republica Argentina (OSPRERA) y el levantamiento de embargos sobre sus bienes. La Camara ordeno restituir la medida cautelar que establecia la intervencion de la obra social, lo que implica nuevamente la inhibicion patrimonial y restricciones sobre el manejo de cuentas vinculadas a su conduccion.
El nucleo del fallo apunta al patrimonio del lider de la UATRE, Jose Voytenco, y a la posibilidad de que parte de los recursos de la obra social hayan sido utilizados para adquirir bienes privados, entre ellos una propiedad en el Partido de Canuelas, Provincia de Buenos Aires. La Camara considero que la mejora financiera exhibida por informes tras la intervencion no elimina la sospecha de delitos penales vinculados al destino de fondos de la entidad.
Antecedentes del conflicto
La controversia judicial sobre OSPRERA se remonta a 2023, cuando la Justicia Federal ordeno intervenir la obra social. En julio de 2024 la conduccion volvio a manos de la Union Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). A partir de ese retorno se intensificaron las acusaciones internas y publicas: desde denuncias internas presentadas por sectores del sindicato hasta medidas del Poder Ejecutivo que denunciaron irregularidades administrativas y financieras.
En marzo de 2024 la UATRE acuso a la intervencion de haber afectado la prestacion de servicios a afiliados, incluso aludiendo a un caso fatal por falta de atencion. Pocas semanas despues, el Poder Ejecutivo decreto la intervencion de OSPRERA, citando “gravisimos incumplimientos” y una deuda que habria superado los 45.000 millones de pesos. La disputa alterno entre reclamos por la transparencia del manejo de fondos y contiendas por la jurisdiccion y competencia para intervenir la obra social.
El juez Sebastian Casanello ordeno en enero devolver el manejo a los directores suspendidos, apoyandose en informes financieros que mostraban mejorias en la situacion economica de la entidad. Esa decision fue ahora revertida por la Camara federal, que sostuvo que una mejora contable no descarta la posibilidad de delitos vinculados al uso indebido de recursos.
Denuncias, actores y motivaciones
La causa judicial se origino, en buena medida, en una denuncia interna de Marcelo Andrada, lider de la UATRE Seccional La Plata, quien senalo presuntas maniobras de desvio de fondos hacia compras de inmuebles de lujo y contrataciones con empresas vinculadas a la conduccion sindical. Andrada es ademas referente del Movimiento de Recuperacion de la UATRE (MRU), fuerza interna que reclama renovacion, transparencia y rendicion de cuentas en la obra social.
El fallo y la medida de intervencion afectan a referentes de peso dentro del sindicalismo rural y exponen vinculaciones con operadores y empresas senalados por la denuncia. En el comunicado del MRU, citado de modo parcial por la Camara, se aludio a la participacion de terceros como presuntos beneficiarios de un esquema de vaciamiento y se reclamo la inhibicion patrimonial y el bloqueo de cuentas mientras avanza la instruccion judicial.
Criterios de la Camara y criticas al proceso
La Camara no solo se centro en la cuestion patrimonial: ademas critico la lentitud y la dispersion del proceso judicial, indicando que durante un ano se debatieron cuestiones de competencia jurisdiccional en lugar de avanzar sobre la investigacion de fondo. Esa observacion apunta a demoras procesales que habrian impedido determinar con rapidez si existieron o no desvios de fondos y responsabilidades penales.
Los jueces que revocaron la restitucion del directorio fueron enfaticos en que los resultados financieros parciales no son suficiente argumento para levantar medidas cautelares cuando persisten indicios relevantes de posible ilicito. Por su parte, la disidencia manifesto una mirada distinta sobre riesgos institucionales y el restablecimiento de la conduccion estatutaria del sindicato.
Reacciones sindicales y politicas
El MRU celebro la decision de la Camara como un avance hacia “terminar con la impunidad” en OSPRERA y atribuyo a su accionar colectivo la posibilidad de reponer la intervencion. El grupo destaco presentaciones judiciales y denuncias que, segun su version, permitieron que la causa retomara un curso con medidas cautelares mas restrictivas.
En paralelo, allegados a la conduccion cuestionada y otras voces politicas sostienen que la intervencion prolongada perjudica la prestacion de servicios esenciales a los afiliados y politiza la gestion de la obra social. En el ambito publico, la disputa sobre OSPRERA tambien ha sido interpretada como un conflicto entre intereses sindicales internos y el control estatal de recursos sanitarios destinados a trabajadores rurales.
Implicaciones practicas y proximas etapas
La restitucion de la medida cautelar implica, entre otras consecuencias, la limitacion del acceso a cuentas y la prohibicion de disposicion libre sobre bienes que pudieran formar parte de la investigacion. La Camara ordeno que el expediente sea cumplido en el juzgado correspondiente, con la notificacion de las partes y la ejecucion de las medidas dictadas.
A partir de aqui, el proceso penal y administrativo debera definir si existen pruebas suficientes de que hubo desvio de fondos, contrataciones irregulares o enriquecimiento incompatible con los ingresos licitos de los dirigentes implicados. Si la investigacion avanza a un juicio oral, se conoceran con mayor precision las pruebas, los testimonios y las responsabilidades civiles o penales que pudieran corresponder.
Que buscan los afiliados y la comunidad rural
Mas alla de la pelea entre dirigentes y fuerzas internas, los afiliados de OSPRERA reclaman continuidad, accesibilidad y calidad en las prestaciones de salud. La prolongacion del conflicto administrativo y judicial puede afectar la prestacion de servicios, por lo que expertos en materia de seguridad social y representantes de trabajadores insisten en la necesidad de garantizar la operatividad de la obra social mientras se clarifican las responsabilidades.
La resolucion de la Camara habilita una etapa de mayor fiscalizacion judicial y administrativa. Para los afiliados, la clave sera que esas medidas no se traduzcan en interrupciones de cobertura y que, a la par, las investigaciones permitan recuperar eventuales recursos afectados por manejos irregulares.
Conclusion
El fallo de la Camara Criminal y Correccional Federal devuelve la intervencion cautelar sobre OSPRERA y reimpone restricciones patrimoniales vinculadas a su conduccion, destacando la persistencia de indicios que justifican la medida. La decision marca un nuevo capitulo en un conflicto que combina reclamos internos del sindicato, acusaciones de corrupcion y consideraciones sobre la proteccion de un servicio sanitario critico para trabajadores rurales. En los proximos meses, la instruccion judicial debera profundizar la investigacion de fondo para determinar responsabilidades y asegurar la preservacion de los recursos destinados a la salud de los afiliados.
