Senasa habilita veterinarios privados para la vacunacion antiaftosa y genera polemica entre las entidades rurales
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) autorizo la semana pasada que la aplicacion anual de la vacuna contra la fiebre aftosa pueda ser realizada por veterinarios privados, una modificacion del esquema de vacunacion que hasta ahora se gestionaba a traves de entes sanitarios y fundaciones regionales. La resolucion 201/2026 -publicada hace siete dias- busca, segun el organismo, ofrecer mayor flexibilidad y reducir costos operativos; la medida, sin embargo, desperto criticas inmediatas de las principales organizaciones agropecuarias del pais.
Rechazo de las entidades: CRA, Carbap y FAA alzan la voz
La Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitio un comunicado en el que cuestiono la iniciativa y pidio la revision de la normativa. La entidad expreso que, bajo el argumento de “reducir costos”, la modificacion “desarticula el sistema sanitario que garantizo durante mas de 20 anos la sanidad del rodeo argentino”. Carbap y la Federacion Agraria Argentina (FAA) se sumaron al rechazo y reclamaron la apertura de un espacio de dialogo con las autoridades antes de poner en marcha el cambio.
CRA, cuyo presidente es Carlos Castagnani, afirmo que el nuevo esquema “traslada el costo y el riesgo hacia los productores mas chicos” y que, en la practica, la medida “no abarata el sistema” sino que redistribuye los gastos de forma regresiva. En un tuit institucional, la entidad advirtio que la reforma “pone en riesgo la sanidad de nuestros rodeos” y pidio la revision inmediata de la resolucion.
Argumentos tecnicos y de politica sanitaria
Las organizaciones criticas sostienen que el sistema vigente se basa en un principio de solidaridad sanitaria: los entes sanitarios y fundaciones permitian repartir costos y asegurar que productores de distinta escala cumplieran con la vacunacion en condiciones viables. Segun CRA, esa estructura tambien facilitaba coordinacion logistica, control de zonas, refuerzo en fronteras y la trazabilidad necesaria para sostener el estatus sanitario que favorece la exportacion de carne y productos animales.
El argumento contrario, planteado por fuentes del sector publico que respaldan la resolucion, senala que permitir la vacunacion por veterinarios privados puede agilizar procesos, ampliar la oferta de servicios y reducir demoras en campanas, en particular en zonas con personal de Senasa limitado. La medida tambien podria integrarse en un modelo donde el Estado mantiene la supervision y el control epidemiologico mientras delega la aplicacion tecnica a privados.
Riesgos para productores pequenos y cobertura
Un punto clave en la discusion es la posible caida de la cobertura vacunal. CRA alerto que “menos vacunacion significa menor inmunidad del rodeo” y que la disminucion de inmunidad eleva el riesgo sanitario colectivo. Para productores de menor escala, el costo directo de contratar servicios privados y de organizar la logistica puede ser prohibitivo, especialmente en establecimientos aislados o con baja densidad de cabezas.
Si la cobertura disminuye, advierten las entidades, el pais podria enfrentar rebrotes que afectarian no solo la produccion interna sino tambien el acceso a mercados internacionales. El mantenimiento del estatus sanitario -resaltan productores y especialistas- es un activo estrategico para Argentina y requiere mecanismos que garanticen cobertura homogenea y sostenida.
Impacto en comercio y mercados internacionales
La fiebre aftosa es una enfermedad de importancia internacional y la condicion sanitaria de un pais incide en la apertura y permanencia en mercados externos. Exportadores y autoridades sanitarias han trabajado decadas para sostener credenciales sanitarias que permiten comerciar con carne y subproductos en mercados exigentes. Cualquier senal de debilidad en los programas de vacunacion puede provocar alertas en compradores internacionales y exigir ajustes en certificaciones y requisitos de importacion.
Posibles soluciones y alternativas
Entre las propuestas que circulan en el sector figuran formulas mixtas: mantener la coordinacion centralizada de Senasa para planificacion, verificacion y control epidemiologico, y autorizar a veterinarios privados solo bajo protocolos estrictos de registro, trazabilidad y supervision. Otras sugerencias incluyen subsidios orientados a productores de pequena escala, fortalecimiento de redes de entes sanitarios regionales y contratacion publica de servicios privados en bloques para bajar costos unitarios sin perder la estructura solidaria.
Tambien se propone un cronograma de puesta en marcha gradual que permita evaluar efectos piloto antes de una implementacion nacional. Esa alternativa permitiria medir cambios en cobertura vacunal, detectar vacios logisticos y ajustar normativas complementarias.
Reaccion politica y proximos pasos
La disputa ya tomo un cariz publico y politico: desde organizaciones rurales piden la convocatoria a mesas de trabajo con Senasa y el Ministerio de Agricultura. El reclamo central es que no se avance con la resolucion mientras no exista dialogo y un analisis de impacto riguroso. En tanto, el organismo sanitario sostiene que la normativa entra en vigencia segun los plazos establecidos y que la supervision estatal permanecera como garante del cumplimiento de las normas sanitarias.
Especialistas en sanidad animal y economistas del sector senalan que la discusion excede lo tecnico y se inserta en un debate mayor sobre la articulacion entre gestion publica y prestacion de servicios privados en areas estrategicas. La forma en que se resuelva podria definir modelos de gestion para otros programas sanitarios en el futuro.
Voces del campo y la expectativa del productor
En el campo, muchos productores expresan incertidumbre. Mientras algunos valoran la posibilidad de contratar servicios privados locales que acorten tiempos, otros temen quedar fuera de sistemas de financiacion, logistica y control que hasta ahora les permitian cumplir con obligaciones sanitarias. La expectativa general es que el poder politico y las autoridades sanitarias actuen con prudencia y abran canales de escucha amplios para evitar decisiones que, segun advierten las entidades rurales, podrian tener consecuencias irreversibles para la sanidad animal y la capacidad exportadora del pais.
