El piso de US$150.000 en el nuevo regimen de incentivos complica el acceso de gran parte de la industria de maquinaria agricola
La reciente incorporacion del Regimen de Incentivo para las Medianas Inversiones (RIMI) en la reforma laboral abrio una oportunidad para impulsar compras de capital en el agro, pero la condicion minima establecida por el Gobierno ya genera tensiones con fabricantes y usuarios. Aunque la ley esta aprobada, la reglamentacion que debe definir como se aplica el incentivo aun no se cerro y es vista por el sector como la ultima instancia para introducir ajustes que amplien su alcance y hagan efectivo el objetivo de promover inversion productiva.
Por un lado esta el hecho: el RIMI ofrece ventajas fiscales como amortizacion acelerada y devolucion adelantada del IVA, disenadas para estimular inversiones. Por otro, esta la consecuencia practica: el umbral minimo para poder acceder a esos beneficios, fijado en US$150.000 para la categoria de microempresas y superior en otras bandas, excluye a muchas compras habituales en el campo. Esa separacion entre intencion y resultado es lo que moviliza a camaras y fabricantes a buscar cambios durante la etapa reglamentaria.
Por que preocupa el piso de US$150.000
En la practica de la actividad agropecuaria, las decisiones de inversion suelen ser fragmentadas y adaptativas: se compran implementos y equipos en distintos momentos, se reemplazan componentes, o se modernizan partes de maquinarias existentes antes de decidir por equipos de mayor porte. Muchas piezas del parque agrario -tolvas, mixers, plataformas de cosecha y otros implementos- cotizan habitualmente en rangos que van desde veinte mil hasta menos de cien mil dolares. Tomadas por separado, estas compras quedan fuera del universo que el RIMI pretende estimular.
Esa configuracion productiva implica que un tractor o una cosechadora no siempre son adquiridos en el ano fiscal en el que un productor decide invertir; a menudo la inversion se reparte en modulos. La consecuencia inmediata del piso es que numerosos compradores quedarian sin la ventaja fiscal, lo que reduce el efecto multiplicador del incentivo sobre la cadena de valor: menos demanda para fabricantes, menor actividad para contratistas y menos renovacion del parque de maquinaria en general. Las fuentes del sector advierten que, de mantenerse la regla tal cual, el beneficio terminara concentrandose en operaciones poco frecuentes de alto monto, dejando afuera la mayoria de las transacciones que sostienen la actividad.
Propuestas del sector para ampliar el alcance
Cafma (Camara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agricola) y Facma (Federacion Argentina de Maquinas Agricolas) vienen delineando alternativas que buscan preservar el espiritu del incentivo sin modificar los pisos previstos por la ley. La propuesta principal consiste en reconocer la suma de varias adquisiciones relacionadas -un paquete de equipos o bienes complementarios- como una unica inversion a efectos de cumplir el umbral minimo. Ese enfoque permitiria que compras distribuidas en un corto plazo y destinadas a un mismo proyecto productivo consoliden el acceso al regimen.
La idea no es reducir el estandar de inversion sino adaptar el criterio de elegibilidad a la logica comercial del agro. Al poder computar, por ejemplo, la compra de un cabezal de maiz junto con una tolva y equipos auxiliares como una sola inversion, muchos productores y contratistas accederian a las ventajas fiscales sin necesidad de concentrar todas las inversiones en una sola maquinaria de alta gama. Los representantes del sector sostienen que esta flexibilidad tecnica no altera el objetivo del Gobierno de premiar inversiones significativas, pero si evita una distorsion que podria dejar fuera a cadenas productivas enteras.
Ademas de esa alternativa tecnica, las entidades estan disenando propuestas complementarias: plazos maximos para consolidar inversiones agrupadas, reglas para acreditar que las compras responden a un mismo proyecto productivo y mecanismos de verificacion que limiten practicas de elusion. El objetivo es ofrecer soluciones concretas durante la reglamentacion que demuestren que es posible ampliar el alcance del RIMI sin sacrificar control ni transparencia.
Contexto economico y urgencia politica
El debate ocurre en un momento en que la actividad del sector agricola muestra senales de recuperacion tras un ano flojo. Una buena campana de trigo y el desarrollo de la cosecha de granos gruesos, junto con un entorno macroeconomico mas estable y lineas de credito articuladas entre bancos y fabricantes, generan expectativas de mayor demanda de maquinaria. Esa posibilidad realza la urgencia de que el incentivo funcione de manera inclusiva: si el clima acompana y la campana se consolida, la sincronia entre financiamiento y beneficios fiscales puede acelerar la renovacion de equipos y mejorar la productividad, mientras que un esquema rigido podria frenar el impulso.
La negociacion que empieza en la fase de reglamentacion no se reduce a un reclamo de los fabricantes: involucra a contratistas, productores, entidades de investigacion y grupos que hacen puente con el Congreso. Cafma ya inicio contactos con Facma y evalua coordinar acciones con la Fundacion Barbechando para llevar propuestas concretas al Ejecutivo y a legisladores. La estrategia del sector es mostrar que una adaptacion tecnica del RIMI no solo favorece a la industria local, sino que tambien amplifica el efecto en toda la cadena agroindustrial, desde servicios de alquiler de maquinarias hasta empresas que suministran componentes.
La reglamentacion sera, en los hechos, la linea donde se definan los ganadores y los rezagados. Si se incorpora una interpretacion mas amplia que permita consolidar inversiones complementarias, el incentivo podria transformarse en una palanca efectiva para modernizar el parque de equipos y potenciar la demanda local. Si se mantiene una lectura estricta del piso, el riesgo es que el beneficio fiscal se reduzca a operaciones esporadicas de gran envergadura con escaso impacto en la microdinamica de las explotaciones y en el tejido productivo cercano.
En definitiva, la discusion tecnica sobre como computar la inversion tiene una consecuencia clara: condiciona la capacidad del RIMI de cumplir su objetivo de promover la inversion productiva en el agro. La etapa de reglamentacion llega con tiempo justo para ajustar parametros que hagan al instrumento compatible con la realidad comercial del sector y para transformar la intencion legislativa en resultados reales sobre el terreno.
