Contexto: la propuesta de Milei y el debate por la Ley de Semillas
El presidente Javier Milei planteo en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso su intencion de impulsar una “revolucion” en el agro para duplicar la produccion nacional de granos hasta 300 millones de toneladas. Como parte de esa agenda, anuncio la necesidad de un regimen de propiedad para quienes desarrollan mejoras biotecnologicas en semillas. Ese planteo reaparecio en el marco del acuerdo comercial firmado con Estados Unidos, que incluye un compromiso de adhesion al Acta UPOV 1991 (UPOV 91), sustituyendo la adhesion previa al Acta UPOV 1978 (UPOV 78).
La actualizacion de la Ley de Semillas es un tema que lleva anos en discusion en Argentina. Ante la demora legislativa, parte de la industria semillera impulso mecanismos propios para cobrar regalias, como el sistema Sembra Evolucion. Con el nuevo acuerdo internacional en el centro del debate, la Legislatura, el sector productivo y la industria se preparan para una discusion que combina aspectos tecnicos, economicos y politicos.
Que implica UPOV 91 y en que se diferencia de UPOV 78
UPOV 91 es una version mas reciente del convenio internacional sobre proteccion de obtenciones vegetales. Sus diferencias clave respecto de UPOV 78 incluyen: mayor proteccion para los obtentores (breeders), ampliacion de derechos sobre variedades protegidas y la inclusion de disposiciones sobre obtenciones esencialmente derivadas (EDV), que permiten reclamar derechos sobre variedades que derivan de una previa con cambios menores. Tambien reduce el alcance del llamado “uso propio” o “farm-saved seed” -la posibilidad del productor de guardar y volver a sembrar semilla de su cosecha-, estableciendo limites y excepciones mas restrictivas.
Los defensores de UPOV 91 sostienen que fortalece la inversion en investigacion y mejora genetica al garantizar retornos por la innovacion. Sus criticos advierten que puede restringir derechos historicos de los productores, encarecer semilla, perjudicar a pequenos productores y no ser la unica via para fomentar innovacion. Paises como Brasil y Paraguay han optado por marcos distintos o por mantener criterios mas flexibles, mientras que otros se adhieren a UPOV 91 con regulaciones internas adaptadas.
Posturas sectoriales: FAA, CARBAP y la Mesa de Enlace
Tras el discurso presidencial, la Federacion Agraria Argentina (FAA) expreso su apoyo a la modernizacion de la ley, pero con condiciones: consenso nacional, ausencia de imposiciones externas y medidas que incentiven inversion tecnologica sin afectar el uso propio. Andrea Sarnari, presidenta de la FAA, remarco que existen alternativas concretas para actualizar la legislacion local sin necesidad de adherir a UPOV 91 de forma automatica.
La Confederacion de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) celebro la apertura comercial con Estados Unidos pero manifesto reservas sobre compromisos relacionados con UPOV 91. CARBAP explico que el marco vigente (UPOV 78) permitio inversion en mejoramiento genetico manteniendo el principio del uso propio. Por eso propone actualizar la ley reforzando la proteccion a los obtentores dentro del esquema de UPOV 78, mejorar mecanismos de control, registro y cobro de regalias, y aumentar la transparencia sin modificar principios productivos historicos.
En el seno de la Mesa de Enlace -que agrupa organizaciones representativas como FAA, Sociedad Rural y Confederaciones- tambien se discute una propuesta de consenso que, segun sus integrantes, podria acercarse a una iniciativa viable para el Congreso. Otras entidades tecnicas como AACREA y AAPRESID participan del dialogo buscando acuerdos que balanceen innovacion y derechos de productores.
Impactos economicos: regalias, retenciones y competitividad
El debate no es solo juridico: tiene efectos directos en costos de produccion, inversion y competitividad. Los obtentores argumentan que derechos mas firmes facilitan recuperar inversiones en mejoramiento genetico y biotecnologia. Los productores plantean que, en la practica, la capacidad de pago para regalias esta condicionada por impuestos y retenciones a las exportaciones (DEX), que segun ruralistas actuan como un freno a la inversion y reducen la liquidez para cumplir compromisos contractuales.
CARBAP y otras organizaciones sostienen que Argentina necesita reglas claras sobre propiedad intelectual en semillas, pero tambien politicas fiscales y comerciales que permitan a los productores afrontar pagos por tecnologia sin perder competitividad frente a paises vecinos. El ejemplo de Brasil, cuya produccion de soja crecio de manera sostenida en la ultima decada, suele citarse para comentar como distintas normas no impidieron aumentos productivos. Sin embargo, las trayectorias productivas responden a multiples factores: politica fiscal, infraestructura, inversion privada, clima y acceso a tecnologia.
Posibles soluciones: consensos tecnicos y salvaguardias
Varios actores coinciden en puntos que podrian permitir avanzar con un texto legislativo de amplio respaldo. Entre las medidas propuestas figuran:
– Modernizar la ley de semillas para clarificar derechos y obligaciones sin limitar el uso propio de pequenos productores mediante excepciones y umbrales.
– Fortalecer mecanismos de registro, trazabilidad y cobro de regalias con mayor transparencia y controles que eviten evasion y discrecionalidad.
– Permitir periodos transitorios y salvaguardias para pequenos agricultores y sistemas campesinos, con exenciones o fondos de compensacion.
– Implementar sistemas tecnologicos de trazabilidad (codigo de lote, registros digitales) que faciliten la gestion de regalias y reduzcan costos administrativos.
– Abordar simultaneamente la politica de retenciones y otros costos fiscales que afectan la capacidad de pago del sector, en dialogo con el Ejecutivo y el Congreso.
Estas propuestas buscan equilibrar el incentivo a la inversion en investigacion con la proteccion de modelos productivos locales y la inclusion de pequenos productores.
El rol del Congreso y la necesidad de dialogo
La decision sobre la adhesion a UPOV 91 y la reforma de la Ley de Semillas corresponde al Congreso Nacional. Organizaciones del campo, obtentores, industria biotecnologica, universidades y consumidores deben participar del debate tecnico y politico. La experiencia de anos de discusion muestra que las soluciones impuestas desde el exterior sin consenso local generan resistencia y litigios que atrasan la implementacion.
Un proceso legislativo abierto, con consultas tecnicas y periodos de prueba para mecanismos de cobro y registro, puede reducir riesgos y permitir adoptar salvaguardias especificas para la realidad argentina. En paralelo, politicas publicas que reduzcan distorsiones fiscales -como la revision de retenciones- resultarian complementarias para que cualquier reforma produzca resultados productivos y sociales positivos.
Conclusion
El anuncio presidencial reabrio un debate complejo y multidimensional: modernizar la ley de semillas aparece como una condicion para impulsar mayor innovacion, pero la forma de hacerlo y la adhesion a UPOV 91 generan reparos en sectores productores. La discusion combina derechos de propiedad intelectual, costos de produccion, equilibrios historicos del uso propio y la necesidad de politicas fiscales coherentes. Avanzar requerira negociacion, pruebas piloto y normas que integren intereses de obtentores y productores, con el Congreso como ambito decisorio y la voluntad de lograr acuerdos tecnicos que permitan aumentar la productividad sin sacrificar la viabilidad de los productores argentinos.
