La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) volvió a poner en primer plano su histórica función política-institucional. En la antesala de las elecciones legislativas provinciales, la entidad que nuclea a más de 110 rurales lanzó un documento que reúne los principales reclamos del agro bonaerense. El objetivo: que los futuros legisladores los incluyan en sus agendas y en proyectos concretos a tratar desde diciembre.
El texto plantea de manera directa un diagnóstico crítico: el agro, motor económico del interior, se encuentra asfixiado por impuestos distorsivos, infraestructura deficiente, legislación obsoleta y una inseguridad creciente. Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP, sintetizó el espíritu del documento: “Reunimos los reclamos más urgentes, los que están en primer lugar de la lista. Pero hay muchos más que iremos acercando a las rurales”.
El corazón de los reclamos: presión impositiva, caminos y ley de fitosanitarios
En materia tributaria, el documento propone eliminar el Impuesto Inmobiliario Complementario Rural y el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, más conocido como impuesto a la herencia. Ambos, según CARBAP, penalizan a quienes producen, invierten y sostienen el entramado rural.
Sobre el Inmobiliario Complementario, advierte que agrupa todas las parcelas de un productor en la provincia y aplica una cuota adicional sin contemplar escala ni rentabilidad. “Es un segundo impuesto sobre lo mismo”, señala, que en algunos casos duplica lo que se abona por el Inmobiliario Rural. A pesar de su bajo peso en la recaudación (0,3%), el impacto sobre productores medianos y pequeños es profundo.
El impuesto a la herencia es calificado como “el más injusto e ilegal” por gravar bienes ya alcanzados por otros tributos, desalentar donaciones y encarecer procesos sucesorios. Según datos oficiales, representa menos del 0,2% de la recaudación, pero su carga simbólica y financiera genera fuerte resistencia en el campo.
Además, se propone regresar al sistema de valoraciones fiscales previas a 2012, actualizar escalas del impuesto a los Ingresos Brutos y revisar las tasas municipales, particularmente las que se cobran por guías de hacienda, muchas veces sin una contraprestación.
En infraestructura, CARBAP reclama un plan sostenido de inversión en caminos rurales, con control social y participación local. Insiste en que los productores son los únicos contribuyentes del Inmobiliario Rural, y no reciben obras viales a la altura de lo que pagan. En esa línea, pide restaurar el 25% de esa recaudación para mantenimiento vial (como lo establecía la Ley 13.010) y crear comisiones de seguimiento con representación rural.
También exige finalizar la obra del Río Salado, clave para evitar inundaciones y mejorar la capacidad productiva en vastas regiones agrícolas.
En el plano normativo, el documento propone una nueva Ley de Fitosanitarios que actualice la legislación vigente (Ley 10.699 de 1988) y unifique más de 80 ordenanzas municipales que hoy regulan de forma dispersa y contradictoria el uso de agroquímicos. La propuesta apunta a criterios técnicos homogéneos, buenas prácticas y tecnologías selectivas de aplicación.
Una estrategia política para instalar el reclamo rural en la legislatura
Más allá de lo que pide el documento, CARBAP diseñó una estrategia territorial para que estas propuestas lleguen efectivamente a los legisladores. Las zonales —agrupaciones regionales dentro de la entidad— organizarán encuentros con candidatos de cada sección electoral. En paralelo, la Mesa Directiva llevará el compendio a la Legislatura provincial, donde ya tiene presencia institucional y contactos previos.
“No es un trabajo de campaña. Esta agenda viene construyéndose desde hace tiempo”, aclaró Kovarsky. Según explicó, dirigentes de la entidad ya visitaron varias veces el recinto este año, especialmente por el tema de tasas. Además, participan en comisiones y articulan con bloques legislativos.
En lo relativo a seguridad rural, el texto propone asignar un presupuesto específico a las patrullas rurales, dotarlas de mejor equipamiento, y utilizar herramientas tecnológicas de prevención del delito. El deterioro de la seguridad en el interior es una constante que impacta directamente en la vida diaria de las familias rurales y en la continuidad de los proyectos productivos.
Una hoja de ruta con peso político
El documento de CARBAP se presenta como un pliego de condiciones del campo bonaerense. A diferencia de otras coyunturas, la entidad decidió formalizar en papel un conjunto de reclamos que surgen desde las bases y que, en muchos casos, arrastran años sin resolución.
Desde la presión fiscal hasta la infraestructura vial, pasando por cuestiones normativas sensibles como los fitosanitarios o la seguridad, el texto busca convertirse en una hoja de ruta que condicione a quienes ocupen bancas en la Legislatura bonaerense. En un año electoral donde la política local busca revalidar su legitimidad, el campo quiere ser escuchado.
