La Red de Manejo del Fuego Rural expuso ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislacion General del Senado su postura tecnica sobre las modificaciones propuestas a la Ley de Manejo del Fuego (Ley N. 26.815), que se incluyen en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (Exp. PE 13/26). Esta organizacion, que reune a consorcios de manejo del fuego de diversas regiones del pais, afirmo que la reforma no supone una flexibilizacion de la proteccion ambiental, sino que busca corregir distorsiones del regimen vigente que han provocado efectos juridicos y economicos adversos sin, en su criterio, disminuir la cantidad de incendios.
Un punto central del planteo de la Red es evitar que quienes sufren un incendio sean automaticamente tratados como responsables del siniestro. En su presentacion, advirtieron que la normativa actual -en particular la Ley N. 27.604- incorporo restricciones automaticas sobre el uso del suelo luego de ocurridos incendios, sin distinguir el origen del fuego ni las circunstancias especificas de cada caso. Segun la Red, ese esquema tiende, en la practica, a presumir culpabilidad y a imponer consecuencias sobre propietarios que tambien son victimas. Esa presuncion, dijeron, no ha demostrado ser eficaz en la reduccion de la siniestralidad, genera incentivos que desalientan la denuncia y la colaboracion en la investigacion y provoca efectos economicos desproporcionados sobre las tierras afectadas.
La Red subrayo, ademas, que la reforma en debate no afecta la proteccion de los bosques nativos, que continua vigente conforme al ordenamiento territorial establecido por la Ley N. 26.331. Las modificaciones apuntan, explicaron, a eliminar restricciones generalizadas que hoy se aplican tambien sobre tierras productivas sin una diferenciacion tecnica clara. En el relato que compartieron, la experiencia de productores rurales ilustra la dimension humana y economica del problema: perdida de valor de activos, incertidumbre para la inversion y la imposibilidad de proyectar el uso productivo de la tierra tras un siniestro.
Otro eje de la presentacion fue la falta de sustento tecnico que, segun la Red, respalda los plazos de prohibicion de uso del suelo contemplados en la normativa vigente -que en algunos casos llegan hasta 30 o 60 anos. La organizacion sostuvo que los tiempos de recuperacion ecologica son variables y dependen del ecosistema afectado; en muchos ambientes la recuperacion es mas rapida y, ademas, el proceso de restauracion puede implicar cambios en el uso del suelo que contribuyan a la recuperacion. Por ello advierten que imponer plazos uniformes y prolongados sin base cientifica puede generar consecuencias negativas que no necesariamente favorecen la restauracion ambiental y, por el contrario, agravan la situacion socioeconomica de las comunidades afectadas.
En terminos concretos, la Red enumero los efectos economicos derivados del regimen actual: devaluacion de la tierra y de sus activos, aumento de la incertidumbre juridica que frena inversiones, y restricciones que limitan el uso productivo de los predios de manera que resultan desproporcionadas respecto de la finalidad de proteccion ambiental. Estos impactos, segun sus representantes, requieren una regulacion que considere la heterogeneidad de los territorios y que aplique criterios tecnicos y proporcionales a la situacion concreta de cada siniestro.
La discusion mas amplia que plantean quienes integran la Red es la necesidad de abordar la gestion del fuego de manera integral. Para ellos, la politica publica frente a los incendios rurales debe superar la logica exclusiva de sanciones posteriores y avanzar hacia un enfoque que incluya prevencion, deteccion temprana, ataque rapido, control, identificacion de causas y responsabilidades, y programas de restauracion y recuperacion. Este enfoque integral demanda una discusion especifica y profunda que excede el alcance del proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad, pero que deberia articularse con las modificaciones normativas en tramite para lograr coherencia entre objetivos ambientales y garantias juridicas.
En ese sentido, la reforma que se discute en el Senado fue considerada por la Red como una oportunidad para alinear la normativa vigente con principios basicos del derecho, como la presuncion de inocencia y el debido proceso, y para evitar consecuencias administrativas y economicas que resulten contraproducentes. La mejora normativa deberia incluir criterios que permitan diferenciar entre la responsabilidad negligente o dolosa y las situaciones en las que el propietario resulta afectado por un evento accidental o provocado por terceras personas, asi como procedimientos claros para la investigacion de causas y la determinacion de responsabilidades.
La Red tambien impulsa herramientas practicas para el manejo del fuego rural, como guias y protocolos que orienten la prevencion y la respuesta ante siniestros. Estas herramientas buscan combinar criterios tecnicos con acciones concretas en el territorio, promoviendo la participacion de consorcios locales, organismos publicos y las comunidades rurales en estrategias coordinadas. En su diagnostico, la articulacion territorial y la capacitacion son esenciales para reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante incendios.
Finalmente, la organizacion enfatizo que la proteccion ambiental y el respeto al debido proceso no son objetivos enfrentados. Corregir una regulacion que genera distorsiones, sostuvieron, es un paso necesario para construir politicas publicas mas eficaces, equitativas y sostenibles. En su vision, una regulacion mejor calibrada permitiria proteger los recursos naturales y, al mismo tiempo, ofrecer seguridad juridica y viabilidad economica a quienes habitan y trabajan la tierra, favoreciendo la prevencion y la restauracion en lugar de sanciones automaticas que, en la practica, pueden profundizar problemas sociales y ambientales.
