Cuatro entidades del sector vitivinicola presentaron un recurso de amparo ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N2 de Mendoza para impugnar la resolucion 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Los demandantes son la Asociacion de Vinateros de Mendoza (AVM), la Union Vitivinicola Argentina (UVA), la Asociacion de Cooperativas Vitivinicolas (Acovi) y la Camara de Productores Agricolas (Carpa). La resolucion, firmada por el presidente del INV, Carlos Raul Tizio Mayer, suprime 973 normas y redefine el rol del organismo para concentrarse unicamente en el control del producto final, eliminando controles sobre procesos intermedios. El cambio fue promovido por el Ministerio de Desregulacion y Transformacion del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, con el argumento de reducir cargas administrativas: la cartera senalo que se suprimiran 140.000 permisos y 3.000 inspecciones anuales con el objetivo de bajar los costos de la actividad vitivinicola.

Los productores y las entidades que solicitaron el amparo sostienen que la medida no es una “simplificacion burocratica” inocua, sino que afecta derechos de propiedad, contratos vigentes y el sistema de recaudacion de aportes previsionales vinculados a la vendimia. En la demanda se reclama la nulidad de la derogacion del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), un documento que, segun los solicitantes, funciona como la “partida de nacimiento” del vino. Para quienes elaboran bajo el sistema de maquila -vinateros que no poseen bodega propia y entregan su uva a terceros-, el CIU es el unico comprobante oficial que acredita la cantidad y calidad de los kilos entregados, informacion determinante para la liquidacion y cobro del producto final.

La resolucion en cuestion, cuya entrada en vigencia esta prevista para el 1 de enero de 2026, establece la obligatoriedad del CIU y la Declaracion Jurada Anual de Elaboracion (CEC-05) unicamente en ciertos terminos y propone su reemplazo, en muchos casos, por una certificacion unilateral de cosecha o por el Documento de Transito Vegetal (DTV). Segun los demandantes, permitir que la bodega emita una declaracion jurada unilateral quebranta la bilateralidad del control y deja al productor primario -el eslabon mas debil de la cadena- a merced de lo que declare el industrial, sin instrumentos eficaces para defender su propiedad o demostrar lo entregado.

La presentacion judicial subraya la proximidad de la vendimia 2026, cuyo inicio se preve en febrero, y argumenta que la eliminacion del CIU puede provocar danos irreparables en esa cosecha, afectando ingresos de productores y la organizacion logistica y administrativa del proceso. La accion busca una medida cautelar que impida la aplicacion de la nueva normativa hasta tanto se resuelva el fondo del asunto.

Otro eje central del planteo es el impacto sobre el financiamiento del sistema de seguridad social rural. Actualmente la Tarifa Sustitutiva -mecanismo por el cual los productores pagan los aportes de sus trabajadores mediante el Convenio de Corresponsabilidad Gremial- se calcula y recauda automaticamente a partir de los datos del CIU. Sin ese documento, sostienen las entidades, el mecanismo de recaudacion quedaria comprometido: la eliminacion del CIU frustraria la administracion automatica de aportes, empujaria nuevamente al sector hacia la informalidad laboral, incrementaria la evasion y dejaria sin cobertura de obra social y jubilatoria a miles de trabajadores de vina.

En terminos legales, la demanda acusa al INV de “desviacion de poder” y de arbitrariedad manifiesta, ya que una resolucion administrativa no podria, segun los recurrentes, dejar sin efecto normas con rango legal superior como la Ley de Vinos (14.878), la Ley de Maquila (25.133) y la Ley de Contratistas de Vina. El escrito cuestiona ademas la logica de sustituir un sistema de control probado por declaraciones unilaterales, interpretandolo como un cambio que facilita la especulacion y la falta de trazabilidad.

Ademas del amparo, varias entidades del sector enviaron una carta al ministro de Economia, Luis Caputo, en la que pidieron mantener los instrumentos de trazabilidad que garantizan calidad, transparencia y derechos de propiedad en toda la cadena productiva. La misiva fue suscrita por los ministros de Produccion de varias provincias -Salta, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Entre Rios, Rio Negro, Chubut y La Pampa- y por organizaciones vitivinicolas que se sumaron a la presentacion judicial. En el documento se advierte que la desregulacion propuesta “impacta directamente en la trazabilidad integral de la industria vitivinicola”, un sistema que, sostienen, fue construido y perfeccionado a lo largo de muchos anos y que constituye la base para asegurar control y seguridad en todos los eslabones.

Desde la perspectiva administrativa, la resolucion tambien introduce otros cambios significativos: elimina permisos de traslado para vino a granel y suprime la exigencia de aprobacion previa por parte del INV para etiquetas comerciales en muchos casos. El unico tramite que se mantendria como obligatorio es la solicitud de “Libre circulacion”, cuyo fin declarado es verificar que el producto es apto para el consumo humano. Para los promotores de la reforma, estas medidas alivian tramites y costos y dinamizan la actividad; para los opositores, constituyen una reduccion de controles que afecta la transparencia y la proteccion de pequenos productores.

En el marco del debate, el ministro Sturzenegger viajo a Mendoza y se reunio con representantes de camaras empresarias del sector para explicar la iniciativa. Durante la difusion de la medida se hizo publico un informe que senala que la Argentina cuenta con alrededor de 200.000 hectareas plantadas de vid, mientras que Chile tiene unas 117.000 hectareas. Pese a esa diferencia de superficie, ambos paises producen volumenes anuales de vino similares, del orden de 900 millones de litros.

LA NACION intento obtener una declaracion del presidente del INV, Carlos Raul Tizio Mayer, pero no obtuvo respuesta al cierre de la nota. En paralelo, los actores que promovieron el amparo buscan frenar la aplicacion de la resolucion 37/2025 mientras se dirime su legalidad, argumentando que la medida pone en riesgo la seguridad juridica de los productores, la transparencia de la cadena de valor vitivinicola y la proteccion social de los trabajadores del sector. La disputa plantea un nucleo de tension entre las politicas de desregulacion administrativa y las demandas de control y trazabilidad que, segun sus opositores, son esenciales para preservar derechos de propiedad, evitar litigios contractuales y garantizar la recaudacion de aportes vinculados a la vendimia.