Entre los ejes de la “modernización” del mercado de trabajo sobresale el interés oficial por poner límite a la denominada “industria del juicio”, que se convirtió desde hace años en un dolor de cabeza para las empresas, con montos imposibles de afrontar por muchas pymes que quedan al borde de la quiebra.
Cuando parecía que el tratamiento de la reforma laboral quedaría para febrero o marzo, Javier Milei ordenó acelerar y poner sobre la mesa la reforma laboral, una de las iniciativas con mayor impacto de la administración libertaria, cuestionado por la CGT.
Con ese objetivo, el proyecto definirá una reducción en la base de cálculo de las indemnizaciones, al no incluir las vacaciones o el aguinaldo.
Javier Milei acelera la reforma laboral: industria del juicio e indemnizaciones más baratas
Estudios jurídicos actúan en connivencia con los jueces laborales para que esto suceda, es la lectura que hacen en la Casa Rosada, y prometen cortar de raíz ese “negocio”.
Ese FAL recibirá el aporte del 3% de las empresas al SIPA, según consta en la iniciativa oficial que será defendida por los legisladores libertarios, que ya tienen la primera minoría en la Cámara baja.
Pero, en el punto que promete desatar más polémica con los sindicatos -que ya empezaron las marchas de protesta-, propondrá la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos.
Se trata de un concepto clave que históricamente la CGT ha defendido. Es que esta iniciativa oficial pondría fin a la continuidad de los convenios colectivos más allá de su vencimiento.
No será el único golpe de gracia que se buscará darle a los gremios. El proyecto prevé la eliminación lisa y llana de la denominada “ultraactividad”.
En los considerandos se destaca que apunta a reducir el costo laboral de las empresas.
También fijará la prioridad de las negociaciones convencionales por empresa por sobre las de actividad.
Si hay algo que en estos dos años de administración, Milei no ha podido lograr es crear fuentes de trabajo. Todo lo contrario: se produjeron más de 300 mil despidos durante su mandato.
Y también a flexibilizar —una palabra maldita en la historia laboral argentina— de las condiciones de contratación.
El proyecto también pone límites al derecho de huelga y la percepción de los aportes de los afiliados a los sindicatos.
En el Gobierno aseguran que esta ley fomentará el empleo. Entre los gremios sostiene lo contrario: “No solo no creará puestos de trabajo, sino que hará más precarios los existentes, ya golpeados de por sí por el crecimiento de los monotributistas en las plantillas laborales”, señalan desde la CGT.
“Este combo permitirá una rápida creación de empleo, en un año que será mucho menos volátil porque no habrá elecciones”, especulan desde la Secretaría de Empleo.
Y en un punto reivindicado por las empresas, rebaja las contribuciones patronales.
Desde el lado de la UIA, se propuso computar hasta el 95% de las contribuciones patronales como crédito fiscal y que se avance en reformas puntuales como vacaciones fraccionadas, banco de horas y pago en cuotas de sentencias laborales.
“Lo que más se destaca sobre la modernización laboral es: ultraactividad, prelación de convenios y carga fiscal laboral. Hay un montón de cosas, hay temas para trabajadores autónomos, de plataformas, cambios en el trabajo agrario y la derogación de normas obsoletas como la Ley de teletrabajo, que no tuvo el efecto deseado”, dijo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sin dar ninguna especificación sobre la reforma.
En la CGT cuestionan con dureza el proyecto y señalan que fue redactado en forma directa por asesores de las grandes empresas, como Julián De Diego, tal vez uno de los más prominentes letrados a favor de la flexibilización.
Para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se trata de una reforma laboral “muy balanceada, para que haya más empleo en la Argentina, que se reduzcan los costos que pesan sobre la relación laboral para que los salarios puedan subir”.
El desafío será acabar con un esquema laboral que tiene 80 años de vigencia en la Argentina, y que claramente ya no contribuye a generar trabajo, sino más bien traba esa posibilidad, afirman cerca de Adorni.
La reforma tendrá varias espadas defensoras, empezando por el propio Sturzenegger, quien desde hace tiempo viene tratando de imponer en la agenda la necesidad de que los convenios colectivos sean por empresa y por región.
En esa lógica, beneficios como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios no serán considerados “salarios en especie”, por lo que no serán tomados en el cálculo indemnizatorio.
Con esa lógica, el proyecto reduce la cantidad de conceptos que integran la remuneración a los fines de ser considerados para el cálculo de las indemnizaciones por despidos.
Igual, ese extra tampoco será considerado al momento del resarcimiento por despido.
Y, en lo que constituye el punto más polémico y a la vez audaz, se crea el concepto del “salario dinámico”, por el cual se posibilita incorporar un salario adicional basado en el mérito “personal” del trabajador.
Surgirá del aporte obligatorio del 3% de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo de los aportes patronales al Sistema integrado previsional argentino.
El FAL, uno de los cambios más polémicos
El proyecto diseña un sistema obligatorio para financiar las indemnizaciones por despidos, llamado FAL.
De esta forma, terminaría siendo el Estado -vía baja de impuestos-, el que terminaría financiando el pago de las indemnizaciones.
Para tranquilidad de las empresas, ese dinero será descontado de la contribución empresaria al sistema previsional.
Y crea el “banco de horas”, que permitiría a las firmas compensar “horas extraordinarias” del trabajador con “francos” en lugar de pagar las clásicas horas extras. Más reducción de costos en perjuicio del ingreso de los empleados.
Vacaciones y banco de horas
La iniciativa brinda además cobertura legal a la posibilidad de convenir el fraccionamiento de las vacaciones por un mínimo de 7 días.
Los beneficios regirán por un año y prevén una alícuota del 2% por contribuciones patronales; alícuota del 3% al PAMI y del 3% al Fondo de Asistencial Laboral.
Contempla también un régimen de incentivo a la creación de empleo formal mediante una reducción de las cargas patronales.
Según trascendió, dispone para el empleo ya registrado una reducción de las contribuciones para el funcionamiento de las obras sociales a cargo del empleador de un 6%, lo que impactaría sobre las cajas sindicales.
En todos los casos será aplicable para los primeros 4 años de inicio de la nueva relación laboral.
Sería del 20,40% al 17,40% para el rubro “servicios y comercio” siempre que sus ventas superen los límites como empresa mediana; y del 18% al 15% para el resto de los empleadores del sector privado.
En materia de reducción de cargas, también prevé que se reduzcan los aportes patronales con destino a los subsistemas de seguridad social, INSSJ, al Fondo Nacional del Empleo, SIPA y Régimen de asignaciones familiares.
Y limita la realización de asambleas y aclara “que el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma”.
Menos poder para los gremios: regulación del derecho de huelga y asambleas
El proyecto fija además dotaciones de “servicios esenciales o actividades de importancia trascendental” en caso de huelga.
En otro golpe a los sindicatos, el proyecto facilita la obtención de la personería gremial de los sindicatos de empresa, una antigua demanda del sector patronal.
Incluso, fija como “infracciones graves” el bloqueo o las tomas de las empresas.
Es uno de los puntos más cuestionados por los sindicatos, que ya preparan protestas. Sin ir más lejos, la conducción de ATE a nivel nacional prevé marchas al Congreso, en rechazo al proyecto de reforma laboral.
Además, invierte la predominancia de los convenios y determina que uno de ámbito menor prevalece frente a otro de ámbito mayor, anterior o posterior.
Dispone que deberán contar con la autorización previa del empleador respecto sobre el horario, la duración de las asambleas y el lugar de su realización.
El proyecto, por otra parte, contempla la convocatoria y la realización de las asambleas del personal fuera y dentro de las empresas.
Y quienes participen no percibirán el salario durante el tiempo que demande la asamblea.
