En Entre Ríos, un productor agrícola decidió poner en cifras concretas lo que significaron las retenciones para su establecimiento desde 2001. El cálculo, compartido por la cuenta AgroConceptos en la red X, arrojó un resultado impactante: una hectárea con rotación soja–trigo/soja pagó US$ 6.840 en retenciones en poco más de dos décadas.
La estimación se realizó sobre la base de rendimientos promedio —2.600 kilos de soja de primera, 1.600 kilos de soja de segunda y 3.600 kilos de trigo por hectárea— y precios de referencia de US$ 350 por tonelada de soja y US$ 200 por tonelada de trigo. La cifra, lejos de ser un cálculo teórico, busca exponer con crudeza lo que significó para el productor entrerriano soportar un esquema tributario que drenó buena parte de su rentabilidad.
Reclamos directos y voces preocupadas
El posteo generó un inmediato eco en redes sociales. Productores de distintas zonas del país se sumaron a la discusión, sorprendidos por el número y, al mismo tiempo, indignados porque sintetiza en un solo dato una larga historia de tensiones con el Estado.
Calculé cuánto pagó el campo familiar en Entre Ríos desde 2001 en conceptos de retenciones:
📍 Rotación media: 50% soja – 50% trigo/soja
📊 Rindes: soja 1ª 2.600 kg/ha, soja 2ª 1.600 kg/ha, trigo 3.600 kg/ha
💵 Precios de referencia: soja 350 USD/t – trigo 200 USD/t
👉 Total… pic.twitter.com/gJJ4Zdxwmd
— Agro Conceptos (@AgroConceptos) August 18, 2025
“Esto fue un saqueo institucionalizado”, escribió uno de los usuarios, apuntando contra las administraciones kirchneristas que mantuvieron e incrementaron el esquema de derechos de exportación. Otro productor afirmó: “Más de lo que vale la propia tierra en algunos casos. ¿Cómo invertir si todo va en retenciones?”. Las frases se multiplicaron con un tono de bronca y frustración, reflejando el sentimiento de una generación de agricultores que vio condicionada su actividad por un tributo que consideran injusto y confiscatorio.
Lejos de ser expresiones aisladas, los comentarios fueron un compendio de reclamos históricos: falta de previsibilidad, imposibilidad de planificar a largo plazo, caída de la competitividad y un mensaje que se repite: “Mientras el campo invertía y arriesgaba, el Estado se llevaba la parte más grande”.
La política de retenciones: un sello kirchnerista
Las retenciones fueron implementadas como medida transitoria en 2002, pero bajo los gobiernos kirchneristas se transformaron en una herramienta central de recaudación. El momento más álgido llegó en 2008 con la Resolución 125, que buscaba imponer retenciones móviles y detonó un conflicto político de magnitud nacional. Ese episodio marcó el inicio de una grieta que nunca terminó de cerrarse.
Entre 2002 y 2021, las retenciones aportaron al Estado cerca de US$ 130.000 millones, con récords de recaudación como el de 2021, cuando ingresaron más de US$ 10.000 millones solo por este concepto. Para el productor, esas cifras no representan prosperidad sino un drenaje sistemático de recursos desde el interior productivo hacia el gasto público.
En Entre Ríos, la carga fue especialmente pesada. Un informe reciente calculó que, solo en los últimos 15 años, el agro provincial perdió alrededor de US$ 7.000 millones a causa de las retenciones. En un territorio con fuerte peso de la agricultura familiar y campos medianos, esa cifra ilustra un verdadero vaciamiento económico.
El impacto en la inversión y la competitividad
La queja principal de los productores no se limita al dinero que dejaron en el camino. Lo que más preocupa es el costo de oportunidad. Con esos fondos, sostienen, se podrían haber financiado planes de mejora tecnológica, fertilización de suelos, ampliación de infraestructura y adaptación climática.
En cambio, gran parte de esa renta quedó absorbida por el Estado, sin retorno visible en obras rurales o servicios productivos. La percepción dominante en el agro es que los gobiernos kirchneristas utilizaron las retenciones como caja rápida para sostener el gasto público, sin reinvertir en los sectores que generaban esos recursos.
“Nos robaron el futuro”, resumió un productor en la red X. Esa frase se repite en los corrillos rurales: la idea de que el impuesto no solo castigó la rentabilidad del presente, sino que hipotecó la posibilidad de un salto de competitividad para la Argentina agrícola.
El contraste con la coyuntura actual
En 2025, con un cambio de gobierno, el panorama comienza a modificarse. El presidente Javier Milei dispuso reducciones temporarias y permanentes de las alícuotas, que alcanzaron a la carne vacuna y aviar, el maíz, el trigo, el girasol, la soja y varias economías regionales. La medida fue celebrada como un alivio, aunque todavía insuficiente para revertir décadas de presión tributaria.
La desconfianza, sin embargo, sigue viva. Para los productores, la historia reciente es demasiado pesada como para dar por terminado el problema. Temen que cualquier crisis fiscal pueda reabrir la puerta a nuevas subas, tal como ocurrió en repetidas ocasiones durante los años de gestión kirchnerista.
Una herida que sigue abierta
El cálculo de AgroConceptos puso en números un reclamo que el agro viene sosteniendo desde hace más de veinte años. US$ 6.840 por hectárea no es solo una estadística: es la traducción de una herida colectiva, de un esfuerzo productivo que se sintió despojado por el Estado.
El kirchnerismo dejó su huella indeleble en esa historia. Desde la 125 hasta los picos de presión impositiva de la última década, convirtió a las retenciones en sinónimo de confiscación para buena parte del interior productivo. Los productores entrerrianos —y por extensión los de todo el país— todavía cargan con esa mochila.
El debate actual sobre cómo financiar al Estado sin asfixiar al sector que más divisas aporta a la economía nacional vuelve a estar sobre la mesa. Y el número difundido en redes sociales opera como un recordatorio incómodo: mientras el campo sembraba, cosechaba e invertía, el Estado le quitaba sistemáticamente casi tanto como lo que producía.
El robo de las retenciones
El caso del productor entrerriano es mucho más que una anécdota. Es el símbolo de un sistema que funcionó durante más de dos décadas como mecanismo de extracción de recursos del agro. Los US$ 6.840 por hectárea son, en realidad, la foto de una política kirchnerista que se percibió en el campo como un robo legitimado desde el poder.
Hoy, con un nuevo rumbo en marcha, el agro espera que los cambios fiscales sean duraderos y profundos. Pero la memoria de lo ocurrido entre 2001 y 2023 sigue intacta. La pregunta que queda flotando es si Argentina podrá, alguna vez, diseñar una política agropecuaria que deje atrás el ciclo de confiscación y le devuelva al productor la certeza de que su esfuerzo no será castigado.
