La discusión por el salario rural alcanzó un momento crítico. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) reclamó un aumento del 90% para recomponer los ingresos de miles de empleados del agro, cuyos sueldos no logran cubrir la canasta básica que supera $1.100.000. Mientras tanto, la mesa de enlace insiste en una propuesta que apenas suma un 2% en cuotas y dos pagos no remunerativos de $6.000.
La tensión crece cada día. Según la conducción gremial, el salario rural mínimo se ubica en $828.764,25, un monto que no cubre ni los gastos esenciales de una familia. Frente a esta situación, UATRE denunció que los empresarios del sector buscan “ajustar sobre los trabajadores” mientras los precios internacionales de los granos y la carne generan ingresos récord.
La Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) citó a ambas partes a un nuevo encuentro este jueves 10 de julio. Allí, el sindicato anticipará que no aceptará ningún acuerdo que no contemple la inflación acumulada, que supera el 270% interanual.
El salario rural quedó por debajo de la línea de pobreza
Los delegados de UATRE remarcan que los aumentos de precios golpearon con más fuerza a las familias rurales. Gastos en transporte, alimentos, servicios básicos y alquiler subieron por encima de la media nacional. Muchos trabajadores deben recurrir a changas extra o endeudarse para comprar alimentos y pagar la luz.
“El salario rural hoy está por debajo de la línea de pobreza. La situación no da para más”, afirmó un dirigente gremial que participó en las audiencias. El gremio exige que la mesa de enlace proponga un esquema de actualización mensual que refleje la suba constante del costo de vida.
Los productores nucleados en entidades como CRA, Federación Agraria y Coninagro argumentan que la presión impositiva y el costo financiero dificultan otorgar aumentos mayores. Sin embargo, los representantes sindicales responden que la rentabilidad del agro creció de manera sostenida en los últimos dos años y que los trabajadores no reciben una porción justa de esos ingresos.
La paritaria se volvió un termómetro de las tensiones sociales que atraviesan la actividad agropecuaria. Mientras los exportadores facturan en dólares, los salarios se licuan en pesos frente a la inflación.
El gremio advierte con paros si no hay acuerdo
La última oferta formal de la patronal consistió en un 0% de aumento en junio, 1% en julio, 1% en agosto y dos pagos no remunerativos de $6.000. UATRE rechazó la propuesta de manera categórica. El secretario general, José Voytenco, advirtió que si no hay una mejora sustancial se evaluarán protestas y la paralización de tareas en distintos puntos del país.
“Los trabajadores rurales sostienen la producción y merecen un salario digno. No vamos a aceptar aumentos de miseria”, afirmó Voytenco.
El Ministerio de Trabajo convocó una audiencia de conciliación para evitar que la disputa derive en un conflicto más amplio. Las negociaciones se desarrollan bajo máxima reserva, pero fuentes cercanas a las conversaciones reconocen que el diálogo está empantanado.
La definición de la paritaria rural resulta clave no solo por el impacto directo en 300.000 trabajadores registrados, sino porque puede convertirse en un antecedente que marque otras discusiones salariales en el sector agropecuario.
La próxima semana será determinante. Si la mesa de enlace no presenta una oferta cercana al reclamo sindical, la UATRE podría lanzar un plan de lucha que afecte cosechas y logística en plena temporada alta.
