La empresa lactea SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL), con sede en Sunchales, provincia de Santa Fe, enfrenta una nueva etapa judicial ademas del concurso preventivo que ya atraviesa. El fiscal federal de Rafaela, Jorge Gustavo Onel, solicito al juez que entiende en la causa el procesamiento de los dos ultimos presidentes de la compania por la presunta apropiacion indebida de aportes jubilatorios y de obra social que fueron descontados a los trabajadores pero no ingresados a los organismos correspondientes.

Los imputados son Jose Pablo Gastaldi, quien presidio SanCor entre febrero de 2020 y octubre de 2022, y Alberto Eduardo Sanchez, su sucesor entre noviembre de 2022 y enero de 2024. Segun el dictamen fiscal, Gastaldi habria cometido siete hechos que suman mas de 125 millones de pesos; a Sanchez se le atribuyen 16 hechos adicionales. Ambos serian responsables “en concurso real” y en caracter de autores, es decir, que se les endilga la autoria de multiples hechos punibles que se consideran separados pero cometidos por las mismas personas.

La investigacion se origino a finales de 2023, cuando el 29 de diciembre operarios de la planta central de SanCor en Sunchales denunciaron ante la justicia provincial la falta de deposito de sus aportes previsionales. Tras las verificaciones iniciales, el expediente fue remitido a la orbita federal. En febrero de 2024 una presentacion similar fue realizada por trabajadores de la planta de Don Torcuato; esa denuncia habia comenzado en el Juzgado Federal N1 de San Isidro y posteriormente tambien fue derivada a Rafaela. Las verificaciones fiscales realizadas por la fiscalia sobre los periodos 2018-2024 habrian constatado multiples meses sin depositos y la inexistencia de planes de regularizacion vigentes para esas obligaciones.

De la documentacion recabada, y conforme a registros de Arca-DGI, surgio que SanCor actuaba como agente de retencion y percepcion de los aportes. En ese rol, la empresa tenia la obligacion de retener y luego ingresar a los organismos correspondientes las sumas descontadas a los trabajadores; el incumplimiento de esa obligacion puede configurar, segun la fiscalia, la figura penal prevista en el articulo 7 del Regimen Penal Tributario. Con esos elementos, el fiscal federal elevo la imputacion al juez de la causa, Marcelo Gelcich, quien recientemente asumio en los tribunales de Rafaela en el cargo que ocupaba Guillermo Vales.

Los dos exdirectivos se presentaron a las citaciones y, al ser indagados el 12 de noviembre pasado, se abstuvieron de declarar. Frente a ese contexto, la fiscalia solicito al juez que disponga su procesamiento conforme al articulo 306 del Codigo Procesal Penal de la Nacion, que regula el tramite de la imputacion formal cuando existen elementos de conviccion suficientes para sostener la intervencion delictiva. No obstante, la fiscalia no pidio la prision preventiva para ninguno de los acusados. En su lugar propuso medidas menos gravosas, entre ellas la obligacion de informar cualquier cambio de domicilio como medida de coercion.

La decision de no solicitar detencion preventiva se baso en varios factores: ambos acusados carecen de antecedentes penales, cuentan con domicilio fijo, declararon actividad laboral y se presentaron a todas las citaciones judiciales realizadas durante la investigacion. Para la fiscalia, estos elementos reducen el riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigacion, por lo que medidas de control menos restrictivas resultaron suficientes en esta etapa procesal.

El caso se enmarca en una situacion empresarial ya complicada para SanCor. La cooperativa, otrora lider de la industria lactea argentina, se encuentra bajo un concurso preventivo que se tramita en los tribunales de Rafaela. Ademas, los trabajadores en su momento solicitaron la quiebra de la empresa, aunque con la continuidad de la explotacion, una figura requerida con el argumento de proteger los puestos de trabajo mientras se resuelve la cuestion concursal. A la vez, fuentes cercanas a la cooperativa reconocen una recuperacion parcial de la capacidad operativa en los ultimos meses, atribuida a acuerdos con otras empresas del rubro que suministran materia prima para ser procesada en las plantas de SanCor.

Esas mismas fuentes detallan que actualmente la compania estaria recibiendo y procesando en promedio alrededor de 800.000 litros de leche por dia en plantas en funcionamiento ubicadas en la provincia de Santa Fe y en Cordoba. La reactivacion de la produccion ha permitido mejorar el ritmo de pago de salarios y, en parte, reducir la deuda que la firma mantiene con los trabajadores, aunque la situacion economica y financiera general continua siendo compleja y sujeta a las decisiones que adopten los tribunales y los acreedores en el concurso.

En el plano procesal, la imputacion por retener aportes sin depositarlos trae aparejadas consecuencias tanto penales como laborales y previsionales: los aportes no ingresados afectan derechos jubilatorios y prestaciones de salud de los trabajadores, y obligan a la actuacion de organismos previsionales y fiscales. El avance de la causa requerira que el juez evalue las pruebas aportadas por la fiscalia y decida sobre el procesamiento, eventuales medidas cautelares, y la continuidad del tramite penal en paralelo con el concurso preventivo y las gestiones administrativas vinculadas al pago de obligaciones laborales e impositivas.

En sintesis, la investigacion federal atribuye a los dos ultimos presidentes de SanCor la retencion y el no ingreso de aportes descontados a los trabajadores durante un periodo que abarca al menos desde 2018 hasta 2024, con montos de dinero que la fiscalia cuantifica en decenas de millones de pesos. La causa, iniciada por denuncias de operarios de las plantas de Sunchales y Don Torcuato, permanece en la orbita del Juzgado Federal de Rafaela, mientras que la empresa intenta mantener y recuperar su operatividad en medio del proceso concursal y las reclamaciones laborales. El juez a cargo debera ahora resolver las solicitudes de procesamiento presentadas y seguir el curso del expediente, que combina aspectos penales, laborales y administrativos vinculados al funcionamiento y la responsabilidad de la cooperativa.