Buenos Aires, 8 septiembre (NA) – El Ministerio de Seguridad Nacional comunicó a través de la Resolución 878/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial la ampliación del “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal” (SIGPPLAR), esta vez para mujeres.
En 2024 se aprobó e implementó el SIGPPLAR para presos, en el cual se estableció como uno de los objetivos implementar estrategias institucionales destinadas a enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar el accionar de miembros de organizaciones criminales nacionales y transnacionales, grupos organizados u organizaciones complejas alojados en el Servicio Penitenciario Federal, mediante adecuados procesos de evaluación, clasificación y separación.
Dicho Sistema, según indica la Resolución, “evidenció impactos positivos en materia de seguridad pública y administración penitenciaria, demostrando la utilidad de los mecanismos especializados de evaluación, clasificación, separación y gestión penitenciaria para limitar la continuidad operativa de organizaciones criminales desde el interior de los establecimientos penitenciarios”.
La puesta en funcionamiento del Sistema favoreció el cumplimiento de los objetivos del “Plan Bandera” en la ciudad de Rosario; el “Plan Güemes” en el norte del país; el “Plan Paraná” en la Hidrovía Paraná-Paraguay; y el “Plan Andrés Guacurarí” en Misiones.
En estos meses se logró incorporar al SIGPPLAR a 78 miembros de distintas organizaciones criminales, siendo que una parte significativa desarrolla sus principales actividades en las provincias de Santa Fe, Salta, Jujuy, Córdoba y Corrientes.
NUEVA PROBLEMÁTICA
La creciente complejidad de los perfiles criminológicos vinculados a mujeres integrantes de organizaciones criminales “exige la adopción de mecanismos específicos de evaluación, clasificación y gestión penitenciaria, orientados a prevenir la continuidad operativa de dichas estructuras delictivas desde el ámbito carcelario y a gestionar adecuadamente los riesgos institucionales y de seguridad pública asociados”.
Diversos estudios especializados han advertido una “creciente participación de mujeres en funciones ejecutivas y de conducción”, particularmente a partir de la detención de sus contrapartes masculinas y del incremento de controles penitenciarios, circunstancia que ha favorecido la “asunción de roles vinculados a la transmisión de órdenes, coordinación logística y continuidad operativa de dichas estructuras delictivas”.
El documento “The Missing Piece of the Puzzle” elaborado en 2024 y publicado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, destacó que mujeres vinculadas a organizaciones criminales pueden asumir funciones de enlace, mensajería, coordinación y continuidad operativa de las estructuras delictivas, incluso desde contextos de privación de libertad o mediante esquemas de vinculación familiar.
A su vez, el documento “Understanding the Role of Women in Organized Crime” publicado por la Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) en 2023, señaló que las mujeres pueden asumir roles multifacéticos dentro de organizaciones criminales, incluyendo funciones de administración financiera, logística, transmisión de mensajes, coordinación de actividades ilícitas y gestión operativa de recursos y personas.
En este marco, se propicia la aprobación del “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo” – Mujeres – en el Servicio Penitenciario Federal, impulsando mecanismos especializados de clasificación, seguridad y gestión penitenciaria adecuados al perfil de riesgo de la población alcanzada.
Para implementarlo, se debe incorporar adecuaciones específicas vinculadas a infraestructura, tratamiento, salud integral, vinculación familiar, condiciones de alojamiento y capacitación del personal penitenciario. A su vez, el personal penitenciario asignado al sistema deberá recibir capacitación específica en perspectiva de género y abordaje de población penal femenina de alto riesgo.
Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional, resolvió la aprobación e implementación del Sistema Integral para mujeres, por lo que se debe facultar a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal a adoptar todas las medidas necesarias.
Se encomendó a dicha institución también que, en el plazo de 60 días, elabore los protocolos complementarios de funcionamiento, así como los manuales específicos previstos en el Sistema.
Agencia NA
