En Argentina, el 70% de los productores de soja trabajan en tierras alquiladas. Esa característica estructural del agro se convirtió en un factor clave para explicar por qué la mayoría terminará la campaña 2025/26 con fuertes pérdidas económicas.
Un informe del consultor agropecuario Néstor Roulet advierte que los arrendatarios cerrarán la campaña con un quebranto conjunto de más de US$1100 millones. “La soja es un tremendo negocio, pero solo para el Estado”, sostuvo, al analizar el impacto de los costos y la presión tributaria sobre un cultivo que históricamente generó ingresos y divisas.
Roulet asegura que el sistema impositivo vigente profundiza las desigualdades, dejando al productor arrendatario en el último escalón de la cadena de valor.
Una hectárea rentable para el Estado, no para quien la trabaja
El estudio de Roulet parte de un caso modelo de 300 hectáreas a 300 km del puerto, con un rinde de 35 quintales por hectárea. A pesar de estar por encima del promedio nacional (27,7 qq/ha), el productor que alquila esas tierras pierde US$90,62 por hectárea trabajada.
El ingreso bruto estimado es de US$1330 por hectárea, pero los costos superan esa cifra. El productor debe destinar US$380,94 a insumos y labores, más US$236,20 a costos indirectos como flete y cosecha. El arrendamiento representa US$336, y los tributos como cheque, Ingresos Brutos y Ganancias agregan US$28,51. Con esta estructura, el productor arrendatario termina en rojo, pero el Estado captura US$467,4 por hectárea, principalmente vía retenciones (US$438,9).
En resumen: por cada hectárea, el Estado gana cinco veces más que el productor.
Propietarios de tierra: márgenes positivos, pero menores al fisco
Para quienes producen en campo propio (30% del área sembrada), la ecuación cambia, aunque no tanto como podría esperarse. En ese escenario, el productor obtiene un beneficio neto de US$139,07 por hectárea, mientras el Estado sigue recibiendo US$613,48, es decir, más del cuádruple.
A nivel agregado, sobre una superficie total de 18 millones de hectáreas sembradas con soja en 2025, de las cuales 12,6 millones son alquiladas, el ingreso bruto estimado alcanza los US$23.940 millones. Pero solo US$1252 millonesquedan en manos de los productores, mientras que el Estado se lleva US$10.855 millones, según los cálculos de Roulet.
El desequilibrio se torna estructural: quien asume el riesgo productivo queda con la parte más baja de la renta, mientras el fisco captura el grueso sin sembrar una sola semilla.
La Bolsa de Comercio de Rosario también alertó sobre pérdidas
Los números de Roulet coinciden con las proyecciones difundidas por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). En la región núcleo, la soja de primera sembrada en campos alquilados dejaría una pérdida de hasta US$31 por hectárea, incluso con rendimientos normales.
En tanto, el maíz muestra márgenes levemente positivos, con un resultado neto de US$68 por hectárea, también en campos alquilados. Pero estos valores son extremadamente ajustados y muy sensibles a cualquier variación en precios, rindes o costos logísticos.
Precios deprimidos y retenciones más altas: una combinación letal
Los valores proyectados a cosecha profundizan el malestar. La soja cotiza a US$284,5 por tonelada y el maíz a US$173, cifras que no alcanzan para compensar el esquema tributario ni el costo del alquiler.
Además, la reciente actualización de las retenciones deterioró aún más la rentabilidad:
Soja: subió del 26% al 33%
Maíz: pasó del 9,5% al 12%
Este ajuste se aplicó a partir del 1º de julio, luego de un breve período de reducción de alícuotas. Para los productores, fue una señal negativa: en lugar de aliviar la presión fiscal, se la reinstauró cuando los costos ya estaban comprometidos.
La política fiscal, en el centro del reclamo del campo
La situación fue uno de los temas abordados por la Mesa de Enlace durante su reciente encuentro con el presidente Javier Milei. Aunque la reunión fue cordial, el Gobierno no ofreció soluciones inmediatas. Solo reiteró que la baja de retenciones se implementará cuando se consolide el superávit fiscal.
Sin embargo, muchos productores consideran que el campo ya hizo su parte: soportó la sequía de 2023, enfrentó precios internacionales más bajos y sigue aportando ingresos al Estado en condiciones muy desfavorables.
“El ajuste llegó al agro hace rato”, señaló un dirigente rural. “Ahora es el Estado el que debe hacer el esfuerzo”, agregó.
Nicolás Pino: “Es momento de terminar con los derechos de exportación”
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, expresó con contundencia lo que muchos productores piensan: “Se viene un tiempo duro, muy ajustado: es el momento de terminar con los derechos de exportación”.
Para Pino y otros referentes del sector, la presión fiscal debe reducirse si se espera una recuperación del agro. El temor es que, con este nivel de castigo impositivo, muchos productores se vean obligados a abandonar la actividad o cambiar de cultivo, afectando el ingreso de divisas del país.
Producir soja en campo alquilado es, hoy, un mal negocio
El informe de Roulet, respaldado por las cifras de la BCR, deja una conclusión clara: producir soja en campo alquilado, en las actuales condiciones, no es rentable. El sistema beneficia ampliamente al Estado y al propietario de la tierra, mientras que el arrendatario asume los riesgos y absorbe las pérdidas.
En un país donde la soja es clave para la economía, la sustentabilidad del modelo agroexportador requiere revisar con urgencia el esquema tributario. De lo contrario, el negocio que sostiene a la Argentina podría dejar de sostenerse a sí mismo.
