Mientras la Mesa de Enlace ultimaba detalles para su encuentro con el presidente Javier Milei, los productores agropecuarios de Santa Fe encendieron la alarma ante lo que describen como un contexto de “asfixia fiscal” que amenaza la continuidad de las explotaciones. A través de un comunicado titulado “Alarma en el agro”, la Sociedad Rural de Rosario advirtió que el sector sufre un deterioro acelerado de la rentabilidad por el peso de los impuestos, la presión inflacionaria sobre los insumos y la reciente reimplantación de retenciones a las exportaciones.
“La producción exige una explicación clara. El superávit fiscal no es legítimo si es soportado por una presión impositiva confiscatoria”, señalaron desde la entidad presidida por María Soledad Aramendi. Según expresaron, aunque la campaña agrícola comenzó con perspectivas climáticas favorables, el impacto combinado de los costos y la carga tributaria hace que ocho de cada diez hectáreas operen con márgenes negativos.
La presión fiscal provincial y nacional asfixia al productor
El documento enfatiza que, además de las retenciones, la situación se agravó por la suba del Impuesto Inmobiliario Rural, que aumentará un 13,51% en las cuotas 4, 5 y 6 según el decreto provincial 1434/25. La Sociedad Rural de Rosario también cuestionó la figura del “Gran Propietario Rural”, a la que calificó de “injusta” y exigió su eliminación inmediata.
El panorama se completa con el incremento de los Ingresos Brutos sobre servicios vinculados al agro y el sostenido encarecimiento del gasoil, que en los primeros siete meses del año subió entre un 10% y un 12%, dependiendo de la zona. Este aumento no solo repercute en la cosecha y la logística, sino también en tasas comunales, muchas de las cuales se calculan en litros de combustible por hectárea.
Otro factor que erosiona la liquidez es el saldo técnico de IVA. La entidad denunció que “compramos insumos con un IVA al 21% y vendemos productos con un IVA al 10,5%, generando un capital inmovilizado que el Estado financia a tasa cero”. En un contexto de alta inflación y restricciones de financiamiento, esta distorsión se vuelve, según afirman, “un castigo que deteriora el capital de trabajo”.
Retenciones, baja de precios y caída de la rentabilidad
Uno de los reclamos centrales se centra en la reimplantación de los Derechos de Exportación (DEX), que volvieron a los niveles históricos de 33% para la soja y 12% para el maíz. De acuerdo con la estimación de la Sociedad Rural de Rosario, con los valores internacionales actuales y los costos internos, esta medida deja en margen negativo al 80% de la superficie productiva.
“Los precios internacionales no compensan la presión fiscal local. Vivimos en un país y en una provincia postergados, donde la confiscatoria carga impositiva nacional, provincial y comunal nos pone al borde del colapso”, advirtieron.
El documento también incluyó reclamos sobre otros aspectos críticos para el agro: la eliminación del cobro de patente a la maquinaria agrícola —por tratarse de bienes de trabajo—, la inseguridad rural y la necesidad de inversión en infraestructura vial. Sobre la inseguridad, la entidad fue contundente: “Vivimos y trabajamos en territorio liberado”.
En cuanto a obras públicas, pidieron no interrumpir los proyectos iniciados y reclamaron más inversión para mejorar caminos rurales, sosteniendo que “acompañar el avance productivo con obras puede salvar vidas”.
El campo santafesino, además, reiteró su compromiso con la generación de empleo y divisas, pero exigió reciprocidad. “Nuestro compromiso es claro: servimos a la patria produciendo alimentos. Exigimos que el esfuerzo sea compartido y que el Estado reduzca su presión sobre quienes sostenemos la economía real”, concluye el comunicado.
