Acuerdo confidencial pone fin a disputa por la propiedad de la hacienda en un feedlot
Un acuerdo confidencial presentado ante la Justicia de La Pampa resolvio la disputa sobre la titularidad de mas de mil animales alojados en un feedlot del sur de Cordoba. La empresa propietaria del establecimiento, Carlos J. Lanser SA, difundio un comunicado en el que informo que “la situacion quedo resuelta” mediante un arreglo entre partes avalado por la justicia provincial. En el texto, la firma destaco la transparencia de sus actuaciones y agradecio el apoyo recibido de colegas, proveedores y allegados durante el conflicto.
El episodio cobro visibilidad publica semanas atras cuando, en el marco de una investigacion por una presunta estafa en operaciones de compraventa de hacienda, la Justicia de La Pampa ordeno el allanamiento del establecimiento conocido como Carlos III y el secuestro de 1.060 animales, valuados en cifras millonarias. Las medidas fueron ejecutadas luego de una denuncia que reclamaba la propiedad de los animales y reportaba el presunto uso de cheques sin fondos en las operaciones.
Como se inicio la causa: denuncias y medidas judiciales
La denuncia fue presentada por la empresa San Jorge Cereales y Hacienda SA, con sede en Rancul (La Pampa), que adujo el desapoderamiento de 1.133 animales. A partir de esa presentacion, la fiscalia inicio una investigacion para determinar la trazabilidad de la hacienda y establecer si el traslado y la permanencia de los animales en el establecimiento cordobes configuraban delitos como encubrimiento o defraudacion.
En el procedimiento judicial se dispuso el secuestro de los animales, medida que genero gran repercusion en la cadena de valor del sector ganadero. Segun fuentes judiciales, la causa incluye la investigacion sobre el uso de cheques sin fondos como parte de las operaciones de compraventa denunciadas. Los imputados en la investigacion por la presunta estafa son Ivan Fiorini y Ana Paula Courreges, representantes de la firma San Pablo Oeste SA, una pareja domiciliada en General Pinto, provincia de Buenos Aires. Ambos permanecieron inicialmente bajo prision domiciliaria en General Pico y, tras meses, se encuentran actualmente en libertad con medidas restrictivas.
Reacciones de las partes y de la fiscalia
Carlos Lanser, titular del feedlot allanado, rechazo las imputaciones en dialogo con medios y sostuvo que la hacienda era de su propiedad, que contaba con documentacion que respaldaba esa condicion y que no tenia vinculo con maniobras dolosas. En el comunicado empresarial, Lanser enfatizo que “el proceso se desarrollo dentro del marco legal correspondiente” y reitero su agradecimiento a quienes brindaron apoyo durante la investigacion.
El fiscal general Armando Aguero explico que la fiscalia llevo adelante la investigacion recabando informacion sobre la identificacion y recorrido de la hacienda. Aguero confirmo que, como las partes llegaron a un acuerdo en terminos economicos que permitio dirimir la controversia por la propiedad, la fiscalia procedera a archivar la parte penal vinculada a la disputa de titularidad y a dar por concluido ese aspecto del expediente. No obstante, aclaro que la causa por la presunta estafa contra Fiorini y Courreges sigue su curso y no forma parte del cierre alcanzado entre las empresas.
En un video difundido por la fiscalia, registrado en la provincia de San Luis, aparecen Lanser, Aguero y Alejandro Ingaramo, uno de los representantes de la empresa denunciante, quienes manifestaron conformidad con el desenlace. Ingaramo confirmo el acuerdo y agradecio el accionar judicial, mientras que Aguero subrayo que, cumplidas las medidas dispuestas, la situacion vinculada a la titularidad quedo resuelta.
Implicancias para el sector ganadero y lecciones practicas
El caso puso en evidencia vulnerabilidades operativas y juridicas en las compraventas de hacienda, asi como el alto impacto que un conflicto de esta naturaleza puede tener en la cadena de produccion. Un feedlot concentra animales en engorde a corral y, dada la magnitud de los valores movilizados -en este caso, animales valuados en cientos de millones de pesos-, las discrepancias en la documentacion o en la trazabilidad pueden derivar en medidas cautelares de alto costo operativo y reputacional.
Ante incidentes de esta indole, especialistas del sector recomiendan extremar las medidas de control documental en las transferencias de hacienda: contratos de compraventa claros, verificacion cruzada de remitos y guias, uso de herramientas de trazabilidad y comprobantes bancarios validos. Asimismo, el episodio subraya la importancia de la diligencia debida comercial y legal previa a la recepcion de lotes en feedlots y corrales, especialmente cuando las operaciones involucran intermediarios o pagos mediante cheques.
Desde la perspectiva macro, este tipo de controversias puede afectar temporalmente la oferta local de carne y generar incertidumbre en mercados regionales, por lo que operadores y camaras del sector suelen reclamar procedimientos judiciales agiles y protocolos claros para resoluciones de propiedad y restituciones.
Que sigue en el ambito judicial y comercial
Con la firma del acuerdo confidencial y la restitucion parcial o total de la hacienda al lugar de origen -segun lo previsto en el arreglo- la fiscalia indico que archivara la parcela penal relativa a la disputa de titularidad. Sin embargo, la investigacion sobre la presunta estafa que involucra a los imputados de General Pinto continuara su curso, con medidas restrictivas vigentes para los acusados.
Para las empresas afectadas, el acuerdo permite retomar relaciones comerciales y reducir el costo operativo del conflicto. No obstante, los terminos economicos del convenio son reservados y no fueron divulgados. El cierre del conflicto entre las companias tambien deja a las partes con la posibilidad de fortalecer acuerdos de recompra, garantias contractuales y mecanismos de resolucion de controversias para evitar futuros litigios.
Conclusion
El conflicto por la propiedad de la hacienda en el feedlot Carlos III concluyo mediante un acuerdo confidencial que fue presentado ante la Justicia de La Pampa, permitiendo resolver la disputa y retomar la normalidad operativa en las empresas involucradas. Mientras la fiscalia archiva la porcion penal relacionada con la titularidad tras el arreglo, la investigacion por la presunta estafa continua. El caso funciona como advertencia para el sector ganadero sobre la necesidad de reforzar controles documentales y practicas contractuales, con el objetivo de minimizar riesgos legales y comerciales en operaciones de compraventa de hacienda.
