La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) presentó una denuncia penal contra altos funcionarios del gobierno, acusándolos de negligencia en la muerte de José Alfredo Garavento, un trabajador rural de 58 años. Según el gremio, la intervención de la obra social Osprera interrumpió su tratamiento oncológico, lo que habría precipitado su fallecimiento. La organización sindical responsabilizó a la intervención de la obra social por las consecuencias de la falta de suministro de medicamentos y aseguró que este no es un caso aislado, sino parte de una problemática mayor que afecta a cientos de afiliados.
Denuncia penal
Concretamente, la UATRE denunció al ministro de Salud, Mario Lugones; al superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo; y al interventor de Osprera, Marcelo Petroni, por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, administración fraudulenta y abandono de persona seguido de muerte.
En 2020, a Garavento le diagnosticaron cáncer de colon, por lo que fue sometido a cirugía y quimioterapia. En 2023, sufrió una recaída y los médicos indicaron retomar el tratamiento. La obra social Osprera, antes de la intervención, le proporcionó la medicación hasta mayo de 2024.
Tras la intervención gubernamental de Osprera en octubre de 2024, la nueva administración, encabezada por Petroni, interrumpió el suministro de la medicación sin previo aviso ni justificación, dejando a Garavento sin acceso a su tratamiento de quimioterapia. La familia de Garavento presentó múltiples reclamos formales para restablecer el tratamiento, incluyendo notas el 16 de enero, el 12 y el 18 de febrero. La UATRE también envió una carta documento a Petroni el 22 de enero, pero no obtuvo respuesta. Finalmente, Garavento falleció el 26 de febrero en el Hospital Ramón Castillo de Saladillo.
Desde la UATRE remarcaron que el gremio viene realizando advertencias sobre la situación de la obra social desde la intervención del gobierno, alertando sobre demoras en la entrega de medicamentos, falta de autorizaciones para tratamientos y consultas médicas, y ausencia de cobertura en patologías crónicas.
Reacciones del sector
La interrupción de tratamientos médicos esenciales no solo afectó la salud de los trabajadores rurales, sino que también generó incertidumbre y desconfianza en el sistema de salud. La falta de respuesta por parte de las autoridades agravó la situación y puso en riesgo la vida de más afiliados. Según datos de la UATRE, al menos 200 trabajadores rurales se encuentran en situación de vulnerabilidad médica debido a la falta de cobertura, lo que ha generado una escalada de reclamos por parte de los afectados y sus familias.
Diversos sindicatos y organizaciones de derechos humanos expresaron su solidaridad con la UATRE y las familias afectadas. Exigieron una investigación exhaustiva y soluciones inmediatas para garantizar la atención médica de los trabajadores rurales. La presión sindical también se tradujo en pedidos formales para que el gobierno revise la situación de la intervención en Osprera y tome medidas urgentes para restituir la normalidad en la prestación de servicios de salud.
La denuncia de la UATRE puso en el centro del debate la responsabilidad del gobierno en la gestión de las obras sociales y la protección de la salud de los trabajadores. La falta de acción y respuesta ante situaciones críticas como la de Garavento cuestionó la eficacia de las intervenciones y la prioridad que se le otorgó a la vida y bienestar de los ciudadanos.
En tanto, desde la cartera de Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud no emitieron declaraciones sobre la denuncia ni ofrecieron explicaciones respecto a la suspensión de tratamientos. Sin embargo, fuentes del gobierno indicaron que la intervención de Osprera se realizó con el objetivo de regularizar el funcionamiento de la obra social y garantizar el acceso a los servicios médicos a largo plazo.
Desde la entidad, advirtieron que es imperativo que las autoridades tomen medidas inmediatas para resolver esta crisis y evitar más pérdidas humanas. Detallaron que la salud y la vida de los trabajadores rurales no pueden quedar a merced de decisiones administrativas que vulneraron sus derechos fundamentales. La presión del sector sindical y de los familiares de los afectados continuará en aumento hasta obtener respuestas concretas y soluciones efectivas.
