A cinco años del inicio de la pandemia de coronavirus y con la emergencia sanitaria global finalizada desde 2022, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, referente de La Cámpora y aliado de Máximo Kirchner, continúa gobernando con facultades extraordinarias otorgadas en 2020 bajo el marco de emergencia por el Covid-19.
Según denunció la concejala Lucía Rossi, del bloque FORJA, el Ejecutivo municipal mantiene vigentes una serie de ordenanzas que le permiten prescindir del control del Concejo Deliberante, a pesar de que ya no existen fundamentos sanitarios para sostenerlas.
La edil pidió derogar el artículo 5 de la ordenanza 4631/2023, que prorroga hasta octubre de 2025 una batería de emergencias administrativas vinculadas a la pandemia. “Es innecesario y absurdo utilizar una tragedia tan grave como fue la pandemia para sostener privilegios que recortan atribuciones al Concejo e impiden el normal funcionamiento de los poderes del Estado municipal”, señaló.
Pérez, intendente desde diciembre de 2019, logró en marzo de 2020 la aprobación de múltiples emergencias: habitacional, vial, hídrica, sanitaria y tributaria, entre otras. Desde entonces, gobierna sin necesidad de aval legislativo. La situación generó preocupación institucional y pedidos de revisión desde distintos bloques del Concejo.
El dirigente camporista, con aspiraciones a disputar la gobernación fueguina en 2027, mantiene una tensa relación con el actual gobernador Gustavo Melella, a quien acusa de discriminar a Río Grande en el reparto de fondos.
El caso genera polémica en Tierra del Fuego por el uso extendido de herramientas excepcionales sin justificación sanitaria vigente.
