UATRE advierte sobre crisis en Granja Tres Arroyos: sueldos pagados en cuotas, cierre de planta y riesgo para la cadena avícola
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) emitió un comunicado en el que expresa su profunda preocupación por la situación laboral y económica que atraviesan las y los trabajadores de WADE – Grupo GTA (conocida como Granja Tres Arroyos). Según el gremio, desde hace más de un año y medio los empleados sostienen el funcionamiento operativo de la empresa mientras reciben sus salarios con fuertes atrasos y en cuotas: en muchos casos los haberes se abonan en ocho o nueve pagos fragmentados. Lo que en su momento se describió como una “medida transitoria” se transformó, denuncia UATRE, en una práctica persistente que complica gravemente la vida familiar y la estabilidad laboral.
La delicada coyuntura se agravó después de que la compañía decidiera cerrar de forma indefinida una de sus plantas en la provincia de Entre Ríos, una medida que pone en riesgo inmediato a alrededor de 950 trabajadores. El sindicato indica además que la crisis no se limita a esa jurisdicción: habría más de 1.200 personas afectadas en total, incluyendo empleados en Buenos Aires, Córdoba y Chaco, lo que evidencia el alcance federal del problema.
Impacto social y económico sobre las familias
UATRE describe una situación humana crítica: muchas familias no pueden cubrir la alimentación diaria, acumulan facturas de servicios impagas, enfrentan alquileres atrasados y registran un creciente endeudamiento. Ese deterioro se suma al temor constante de perder la fuente de trabajo, una presión que agrava la vulnerabilidad social de las comunidades vinculadas a la avicultura.
El gremio asegura haber realizado múltiples gestiones y reuniones con autoridades, además de presentaciones formales ante organismos públicos y audiencias mensuales en el Ministerio de Trabajo. Paralelamente, se coordinó asistencia social para las familias afectadas, incluyendo entrega de mercadería con apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires y gestiones para garantizar la continuidad de servicios esenciales en las zonas donde residen los trabajadores. Pese a estas acciones, la UATRE subraya que la solución estructural requiere medidas concretas y una explicación clara por parte de la empresa.
Reclamos del sindicato y exigencias a la empresa y al Estado
UATRE reclama que WADE – Grupo GTA informe con transparencia su situación administrativa y comunique de manera directa y periódica a sus empleados el estado real de la compañía y los pasos previstos para resolver la crisis. El sindicato solicita además que la empresa solicite al Estado las herramientas necesarias —medidas de emergencia, asistencia financiera, mecanismos de preservación de empleo o planes de saneamiento— para proteger las fuentes laborales y dar previsibilidad a las familias afectadas.
El comunicado es enfático: “La empresa no puede trasladar el peso de la crisis sobre sus trabajadores sin ofrecer certezas ni un plan de salida”. UATRE advierte que no retrocederá en la defensa de los derechos de las y los trabajadores hasta tanto se garantice el cobro de los salarios completos y se preserven las fuentes de empleo.
Alcance en la cadena de pagos y riesgo de desabastecimiento
La situación en Granja Tres Arroyos también despierta alertas por su efecto en la cadena productiva. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ya denunció en meses anteriores problemas en la cadena de pagos vinculados a esta empresa, que podrían trasladarse a proveedores de insumos, feed, servicios logísticos y comercialización. Una empresa de gran escala en problemas financieros puede interrumpir contratos, demorar pagos a pequeños productores y generar cuellos de botella que terminen impactando el abastecimiento de productos avícolas en mercados locales.
Ese riesgo de “efecto dominó” es central para entender por qué tanto sindicatos como cámaras del sector y autoridades nacionales y provinciales siguen de cerca la evolución del conflicto. Una eventual paralización prolongada podría alterar precios, disponibilidad de productos y la dinámica comercial en regiones dependientes de la producción avícola.
Posibles escenarios y próximas medidas
Frente a la crisis, se delinean varios escenarios posibles: 1) la empresa logra normalizar pagos y reactivar la planta con apoyo financiero o reorganización interna; 2) se abre un proceso de reestructuración comercial y laboral que incluya venta de activos, ajuste de personal o acuerdos preventivos con el Estado; 3) la situación se profundiza y se desencadenan cierres definitivos y despidos masivos que afectarían además a proveedores y economías regionales.
Para evitar los desenlaces más negativos, los actores involucrados suelen recurrir a herramientas como la mediación del Ministerio de Trabajo, líneas de crédito subsidiadas, programas de asistencia social y acuerdos con proveedores. UATRE ha señalado la necesidad de que el Gobierno Nacional habilite instrumentos que permitan tanto proteger los puestos de trabajo como garantizar que los salarios se paguen en tiempo y forma.
Neutralidad, datos y transparencia como prioridades
Desde una perspectiva informativa y de política pública, la transparencia sobre la real situación financiera de la empresa y la publicación de planes concretos de acción son pasos esenciales para minimizar la incertidumbre. Informar a los empleados, a los proveedores y a la comunidad sobre el estado de la empresa, los plazos previstos y las medidas de mitigación ayuda a coordinar respuestas más eficaces y reducir el impacto social.
Asimismo, la coordinación entre sindicatos, gobiernos provinciales y organismos nacionales se presenta como un mecanismo clave para brindar asistencia inmediata a las familias afectadas y, a la vez, evaluar soluciones de mediano plazo que preserven la estructura productiva.
Conclusión
La denuncia de UATRE sobre los atrasos y pagos fragmentados en WADE – Grupo GTA pone en evidencia una crisis con efectos laborales, sociales y productivos. El cierre temporal de una planta en Entre Ríos y el riesgo para cerca de 950 trabajadores elevan la urgencia del problema, que ya afecta a más de 1.200 personas en varias provincias. El desafío inmediato es restablecer la normalidad salarial, garantizar información transparente y coordinar acciones entre empresa, sindicatos y Estado para evitar un impacto mayor en la cadena avícola y en las economías locales. Mientras tanto, el reclamo sindical es claro: se exige claridad administrativa, herramientas estatales para preservar fuentes de empleo y el pago íntegro de los salarios adeudados.
