El gobierno provincial de Buenos Aires y organizaciones del sector agropecuario lanzaron una fuerte critica a la resolucion del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que a partir del 1 de enero de 2027 modificara el esquema de aplicacion de las vacunas obligatorias contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina. La norma incorpora la posibilidad de que veterinarios independientes, sin vinculo con los entes sanitarios regionales, apliquen las inmunizaciones, un cambio que para sus detractores pone en riesgo la cobertura y el control sanitario logrados en las ultimas decadas.
Que cambia y por que genera polemica
Hasta ahora la vacunacion obligatoria se organizaba y fiscalizaba a traves de entes y fundaciones sanitarias regionales integradas por productores; esas organizaciones coordinaban campanas, garantizaban cobertura territorial y registraban la aplicacion de dosis. El sistema es considerado por autoridades provinciales y parte del sector como una pieza central de la politica sanitaria que permitio recuperar el estatus de pais libre de aftosa despues del brote de 2001.
La resolucion de Senasa establece que, a partir de la fecha indicada, ademas de las estructuras existentes los productores podran elegir veterinarios privados para efectuar la vacunacion. El cambio aplica a la vacuna contra la fiebre aftosa y a la de la brucelosis bovina, ambas obligatorias. El anuncio abrio un debate que enfrenta a defensores del actual modelo de entes con quienes sostienen que la liberalizacion introduce competencia y amplia la libertad de eleccion del productor.
Criticas desde la gobernacion y las entidades rurales
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodriguez, califico la medida como “desestabilizadora” y advirtio que altera principios de solidaridad y cobertura universal que sostienen el sistema vigente. Rodriguez recordo que la red de fundaciones y entes -unas 300 en todo el pais segun datos del sector- se origino con una propuesta de los propios productores para asumir la responsabilidad de vacunar su ganado y que, desde entonces, funciono como una red de capital social dentro de la ganaderia.
Organizaciones rurales con representacion nacional tambien cuestionaron la norma. La Confederacion de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y la Federacion Agraria Argentina (FAA) expresaron su respaldo al sistema actual y pidieron mantener el esquema de entes y fundaciones. Senalan que, aunque existen denuncias puntuales por manejos irregulares en algunas entidades, la respuesta correcta seria corregir esas situaciones sin desarmar un modelo que, en su opinion, garantizo la erradicacion de la enfermedad.
Riesgos senalados por los criticos
Entre los argumentos presentados por la provincia y las entidades se repiten varios puntos tecnicos y operativos. El primero es la cobertura: los entes sanitarios aseguran campanas coordinadas con plazos y organizacion territorial que obligan a alcanzar tanto grandes establecimientos como productores de pequenas explotaciones. En cambio, sostienen los criticos, los veterinarios independientes tenderan a priorizar grandes rodeos por razones de eficiencia y rentabilidad, lo que dejaria a productores menores con una menor probabilidad de vacunacion.
Otro aspecto preocupante es el control y la trazabilidad. Si la aplicacion de vacunas queda dispersa entre numerosos profesionales sin conexion obligatoria con los entes, la informacion sobre quien vacuno, cuando y en que distritos puede fragmentarse, dificultando la fiscalizacion, la auditoria y la respuesta rapida ante eventuales contingencias. Rodriguez puntualizo ademas que el articulo 4 de la resolucion altera la logica de campanas coordinadas, al eliminar lapsos temporales uniformes que facilitan el control sanitario.
Tambien se mencionan cuestiones logisticas y de calidad: la conservacion de vacunas (cadena de frio), la capacitacion minima requerida para cumplir con protocolos y el aseguramiento de registros oficiales. Una implementacion inadecuada podria reducir la efectividad de las inmunizaciones y aumentar el riesgo de brotes.
Apoyo a la desregulacion y argumentos a favor
Del otro lado del debate, hay productores y analistas que celebran la posibilidad de elegir al profesional que aplicara la vacuna. Usuarios de redes sociales y sectores que denunciaron previamente anomalias en la gestion de algunos entes sostienen que abrir el mercado puede corregir malas practicas, fomentar la competencia y mejorar el servicio. Segun este argumento, la eleccion permitiria a productores que se sienten mal atendidos recurrir a veterinarios de confianza y, a la vez, introducir incentivos para mejorar la eficiencia en la prestacion del servicio.
Quienes apoyan la medida tambien argumentan que la mayor oferta de profesionales podria ampliar la capacidad operativa en zonas donde faltan recursos y acelerar campanas puntuales. No obstante, sus defensores admiten que la normativa exige un diseno reglamentario que asegure el registro, la fiscalizacion y el cumplimiento de criterios sanitarios para evitar vacios en la cobertura.
Balance y desafios para la implementacion
El conflicto pone en evidencia la tension entre modelos publicos-privados de gestion sanitaria y la necesidad de equilibrar libertad de eleccion con responsabilidad colectiva. Para que la apertura anunciada por Senasa no degrade los logros sanitarios, diversos actores plantean la necesidad de reglas claras: registro obligatorio de vacunadores, sistemas de registro centralizados y accesibles, protocolos de conservacion y aplicacion, asi como mecanismos de control que preserven la campana como unidad operativa.
En la agenda figuran ademas medidas para proteger a los pequenos productores, garantizar incentivos para cubrir areas de baja densidad y establecer sanciones ante incumplimientos. Sin esas salvaguardas, los criticos alertan que la reforma podria generar desigualdades en la proteccion sanitaria y aumentar el riesgo de reaparicion de la enfermedad, con el impacto economico que ello implicaria para la cadena ganadera y las exportaciones.
El debate continuara en los proximos meses, con la provincia de Buenos Aires y las entidades rurales reclamando precisiones y posibles revisiones de la norma antes de su entrada en vigencia, y con Senasa convocado a explicar como piensa garantizar que la desregulacion preserve la cobertura y la trazabilidad indispensables para la salud animal.
