Productores rurales de Colón elevaron un pedido formal de documentación al Ejecutivo municipal y avisaron que, si no obtienen la información solicitada, no descartan recurrir a la Justicia, informó la Sociedad Rural local y confirmó el abogado Pablo Abdó tras asesorar a una delegación de siete productores. La nota, que incluye solicitudes detalladas sobre ingresos, gastos y el estado de la maquinaria vial entre 2023 y 2026, busca aclarar el destino de los fondos y el grado de avance en el mantenimiento de la red vial rural.
El conflicto por los caminos rurales volvió a visibilizarse a fines de julio, cuando la Sociedad Rural y productores independientes entregaron un petitorio al intendente Waldemar Giordano y al Concejo Deliberante reclamando explicaciones. Los productores sostienen que el mal estado de los caminos no solo afecta a los que transportan producción sino también a camiones de servicio, docentes y familias rurales, por lo que exigen transparencia sobre el uso de los recursos.
Entre los documentos solicitados figuran los ingresos y gastos vinculados a los caminos durante 2023-2026, el detalle de lo recaudado por la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal, y el listado de cheques y transferencias relacionadas con esas obras. Además pidieron el inventario de maquinarias con modelo, función, fecha de compra y estado de conservación, junto con los fondos provinciales y nacionales recibidos para mantenimiento.
El Ejecutivo respondió por escrito el 10 de agosto, reconociendo trabajos de mantenimiento realizados durante el año y la incorporación de personal para reforzar tareas, aunque admitió que existen sectores de la red que requieren mejoras y profundización de los trabajos. Como propuesta, el municipio ofreció la conformación de una Mesa Técnica de la Red Vial Rural con representantes del sector para actualizar diagnósticos y planificar el segundo semestre.
Los productores, sin embargo, condicionaron la participación a la entrega previa de la documentación solicitada y, en una nueva carta fechada el 14 de agosto, dejaron en claro que no rechazan el diálogo pero que este debe ser “previo a la entrega de la información necesaria” para que sea serio y productivo. Desde la Sociedad Rural advierten que, ante la falta de datos, evaluarán medidas legales y la presentación de recursos que permitan auditar el destino de los fondos.
Detalle de recursos y cumplimiento de metas
Según la presentación de los productores, el programa destinado a la red vial tiene asignados $554,6 millones para todo 2026, con ingresos ya registrados por $400,6 millones por coparticipación del impuesto inmobiliario rural y otros $736 millones vinculados a la tasa vial municipal, sumando un total de $1.136,6 millones entre fondos provinciales y municipales. Esos montos, sostienen, deben cruzarse con las erogaciones efectivas y la documentación de obras para comprobar la aplicación de los recursos.
En la cuenta que presentan los productores figura que hasta julio se alcanzó menos del 50 % de las metas previstas en la red vial: de los 300 km municipales proyectados se hicieron 150 km, de los 150 km provinciales previstos se completaron 75 km, y de las 12 alcantarillas contempladas se ejecutaron 6, mientras que de los 30 km de alteos se concluyeron 15 km. Los productores recuerdan que, según su evaluación, hubo gestiones en las que hasta el 80 % de los recursos se destinaba al mantenimiento y que esa capacidad se fue perdiendo con el paso del tiempo.
El municipio propone que la Mesa Técnica actualice el diagnóstico de caminos, analice un plan de mantenimiento para el segundo semestre, gestione financiamiento provincial y nacional y realice reuniones mensuales de seguimiento. Los productores, por su parte, plantean que esa Mesa debería funcionar en el marco formal de la Comisión Asesora Local prevista por el decreto provincial 130/2007 para garantizar participación y acceso a los datos.
En una reunión en la Casa de Campo, el abogado Pablo Abdó informó a los productores sobre las alternativas legales disponibles y respondió consultas sobre posibles acciones, que incluyen la presentación de medidas judiciales para auditar el uso de fondos públicos. Para la Sociedad Rural y sus representantes, que llevan reclamos por los caminos desde hace 25 años, la vía judicial es una opción si antes no obtienen las explicaciones y la documentación solicitada.
Esta semana una delegación de siete productores se reunió además con el Concejo Deliberante para reforzar el pedido y exponer el impacto del deterioro vial sobre la logística de cosecha, la frecuencia de transporte escolar y la calidad de vida en el campo. Los referentes locales insisten en que la discusión no es ideológica sino técnica y administrativa, y que sin información clara será difícil avanzar en soluciones conjuntas.
El próximo paso será la entrega formal de la documentación requerida por parte del municipio o, en su defecto, la formalización de las medidas legales anunciadas por los productores, lo que definirá si la disputa se resuelve en la Mesa Técnica o se judicializa. La resolución del conflicto marcará el ritmo de las obras en una red vial que productores y autoridades coinciden en considerar clave para la producción, la educación y la conectividad rural.
