Después de casi seis años de conflicto judicial, financiero y político, la historia de Vicentin podría estar cerca de un desenlace. Este viernes 31 de octubre, Grassi S.A. comunicó oficialmente que alcanzó y superó “holgadamente” las mayorías requeridas en el proceso de cramdown de Vicentin S.A.I.C., lo que la habilita a solicitar al juez de Reconquista la homologación y adjudicación de las acciones correspondientes.
Finalmente, el futuro de Vicentin parece estar sellado. Grupo Grassi S.A., una corredora de granos de capitales nacionales, anunció el triunfo en la votación del proceso de cramdown de Vicentin, y si no hay reparos, pasará a controlar la malograda empresa cerealera de origen santafesino.
Grassi agradeció “el apoyo y la confianza recibida por una enorme mayoría de acreedores” que acompañaron su propuesta y subrayó que el objetivo es “recuperar una compañía de la enorme envergadura y trascendencia que tiene Vicentin para todo el sector agroindustrial”.
En el texto presentado ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la ciudad de Reconquista, la empresa expresó: “Alcanzamos y superamos holgadamente la mayoría de conformidades requeridas, solicitando de tal manera la homologación y adjudicación de las acciones correspondientes”.
Vicentin, uno de los principales grupos agroindustriales del país, entró en cesación de pagos en diciembre de 2019 con una deuda estimada en más de US$ 1.300 millones. Desde entonces, atravesó un proceso concursal inédito por su magnitud y repercusión.
Del default al proceso de salvataje
El comunicado cierra uno de los capítulos más extensos y complejos del mundo empresarial argentino.
Tras varios rechazos judiciales, la Corte Suprema de Santa Fe ordenó en febrero de 2025 la apertura del cramdown, una instancia prevista por la Ley de Concursos y Quiebras que habilita a terceros a presentar ofertas para quedarse con el control de una empresa cuando el plan original no logra aprobación.
En 2020, la fallida iniciativa oficial de expropiación y la posterior intervención judicial dieron inicio a una seguidilla de propuestas y negociaciones que nunca lograron satisfacer a los acreedores ni alcanzar los niveles de consenso exigidos por la ley.
El grupo Grassi presentó un plan orientado a mantener la operatoria y preservar el valor de los activos, con promesas de continuidad productiva y pago escalonado a los acreedores.
El tablero del cramdown: dos jugadores principales
Desde entonces, el proceso concentró la atención de toda la cadena agroexportadora. Dos grupos se disputaron el control de Vicentin: Grassi S.A., con base en Rosario y fuerte presencia en comercialización de granos y servicios agroindustriales; y un consorcio integrado por Molinos Agro S.A. y Louis Dreyfus Company (LDC), dos gigantes del negocio exportador.
“Honrar las deudas y recuperar el brillo de Vicentin”
En su comunicado, Grassi también se refirió a los años de conflicto y a la magnitud del desafío: “Desde hace más de cinco años, cuando se produjo el default de la empresa que desembocó en su largo y controvertido proceso concursal, hemos sido activos protagonistas en la búsqueda de una solución que fuera capaz de honrar y responder a las deudas contraídas, reparar el perjuicio ocasionado a tantos productores y acreedores y recuperar y sostener la capacidad operativa de la empresa”.
Por su parte, el consorcio Molinos-LDC buscó seducir a los acreedores ofreciendo pagos completos para las acreencias menores a US$ 130.000, una jugada que generó fuerte expectativa en el tramo de productores medianos y pequeños.
Con la presentación formal de Grassi, el juez a cargo del concurso deberá verificar la validez de las adhesiones y constatar que se cumplieron los dos requisitos de ley: más del 51 % de los acreedores en número (“cápitas”), y al menos dos tercios del capital adeudado.
Y agregaron: “Estamos orgullosos de haber podido representar a ese gran universo de actores fundamentales de la industria con una propuesta acorde a sus expectativas, diseñada para poner en pie a Vicentin, devolverle el brillo y el protagonismo que supo tener y llevarla a un siguiente nivel de competitividad y excelencia”.
Sin embargo, la disputa no está cerrada del todo. El consorcio Molinos-LDC podría presentar objeciones o impugnaciones, y el propio proceso judicial prevé una revisión exhaustiva antes de cualquier adjudicación definitiva.
Si la justicia convalida esas mayorías, Grassi quedará en condiciones de tomar el control de Vicentin, una decisión que marcaría un hito en el mayor concurso de acreedores de la historia del agro argentino.
La firma llegó a ser el sexto exportador de granos y derivados del país, con plantas de molienda y un puerto estratégico sobre el Paraná. Su derrumbe afectó de manera directa a más de 1.700 acreedores, entre productores, cooperativas, bancos y proveedores industriales.
Una empresa clave para el agro argentino
Más allá del desenlace judicial, el caso Vicentin sigue siendo un espejo de la vulnerabilidad financiera de las grandes agroexportadoras locales.
El desenlace, más cerca
La eventual homologación de la propuesta de Grassi marcaría el inicio de una nueva etapa: un cambio de control en una compañía símbolo del agro argentino, que busca reinsertarse en el negocio exportador tras casi seis años de inactividad plena.
En los últimos meses, la empresa mantuvo sus plantas paralizadas por falta de contratos de molienda y limitaciones de capital de trabajo, lo que acentuó la urgencia de una definición.
Pero el camino todavía no está despejado del todo. Falta la validación judicial y una posible pulseada con el grupo competidor.
