WASHINGTON, 8 nov (Reuters) – Los demócratas se hicieron con las fiscalías generales de cinco estados de tendencia republicana en las elecciones de mitad de mandato de esta semana, lo que supuso un duro golpe para el movimiento jurídico conservador y estableció una nueva línea de resistencia frente a la agenda del presidente Donald Trump.
Por Dan Rosenzweig-Ziff
“La fiscalía general de Texas ha estado funcionando como el bufete de abogados privado del movimiento MAGA”, afirmó en una entrevista el fiscal general electo de Texas, Nathan Johnson. “Se acabó”.
Las victorias en Texas, Ohio, Georgia, Iowa y Kansas amenazan con trastocar la estrategia jurídica conservadora. Los nuevos fiscales generales demócratas podrían suspender la cooperación con las operaciones federales de inmigración, reforzar el acceso al aborto y presentar recursos multiestatales contra las políticas medioambientales y sobre armas de la Administración Trump.
“Las fiscalías generales estatales republicanas son la punta de lanza del movimiento jurídico conservador”, afirmó Mike Davis, un influyente abogado conservador. “Perder estos cargos supone un importante revés para las causas conservadoras clave”.
Este cambio refleja un rechazo más amplio por parte del electorado en los comicios, en los que los demócratas obtuvieron avances a nivel nacional. Pero las repercusiones prácticas se notarán de forma más inmediata en las capitales estatales, donde los fiscales generales dirigen las prioridades en materia de aplicación de la ley, emiten orientaciones jurídicas y cuestionan los mandatos federales.
ARMAS Y ABORTO
El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios. La Casa Blanca se remitió a declaraciones previas de Trump en las que afirmó que los republicanos perdieron en las elecciones porque él no figuraba en las papeletas.
La fiscalía de Texas, en particular, ha servido como centro de mando para los recursos legales conservadores, aprovechando sus recursos y su personal de élite para demandar a las administraciones demócratas.
Durante la última década, los fiscales generales republicanos han impulsado causas conservadoras impugnando normativas federales, restringiendo la atención sanitaria de reasignación de género, frenando las iniciativas de diversidad y ampliando el acceso a las armas.
También se muestra crítico con la actual colaboración del estado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y tiene previsto evaluar si debe continuar.
Johnson afirmó que tiene previsto revisar las iniciativas puestas en marcha por su predecesor, Ken Paxton, entre las que se incluyen acciones legales contra proveedores de servicios de aborto de otros estados, reclamaciones que ligan los medicamentos de venta libre con el autismo y demandas que cuestionan la eficacia de las vacunas.
Johnson está dispuesto a sumarse a demandas multiestatales contra lo que calificó de abuso de poder federal, apuntando a posibles batallas normativas con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, bajo la dirección del secretario Robert F. Kennedy Jr.
“La Fiscalía General de Texas nunca se concibió como una extensión de la aplicación de la ley federal en materia de inmigración”, afirmó. “Y en la medida en que estas acciones estuvieran restando importancia a la función propia de esta oficina, vamos a cambiar de rumbo”.
Podrían estar produciéndose cambios similares en otros estados que han cambiado de color político.
También tiene previsto reorientar la oficina hacia la defensa de la competencia y la protección del consumidor, al tiempo que reconstruye una plantilla mermada por la elevada rotación de personal bajo el mandato de Paxton.
En Ohio, el fiscal general electo John Kulewicz basó su campaña en la lucha contra la especulación de precios por parte de las empresas. En Kansas, Chris Mann ha afirmado que quiere que la fiscalía sea apartidista, dado que su estado está tan dividido.
En Iowa, el fiscal general electo Nate Willems se ha comprometido a procesar a las empresas contaminantes y a reactivar la división de protección del consumidor de la oficina, alejándose de la republicana saliente Brenna Bird, que acaparó la atención nacional por suspender los reembolsos estatales por abortos de víctimas de violación.
FOCO EN FLORIDA
“Quiero alejarla de las agendas políticas”, afirmó. Sin embargo, le preocupan las redadas del ICE en algunas zonas del estado y también tiene previsto revisar todos los pleitos de su predecesor, incluido uno que cuestionaba el acceso a la píldora abortiva mifepristona.
“Esta oficina ha liderado estas luchas desde el día en que asumí el cargo, y vamos a seguir haciéndolo”, declaró el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en un comunicado. En una entrevista con Fox News, se comprometió a ser la última línea de defensa contra los demócratas.
Ante la pérdida de cargos clave en estados de tendencia republicana, los líderes jurídicos conservadores están centrando su atención en Florida, según dos antiguos funcionarios del Departamento de Justicia que hablaron bajo condición de anonimato para comentar la estrategia interna.
Algunos aliados de la Administración Trump afirman que estados gobernados por los demócratas, como California y Nueva York, ya estaban preparados para impugnar ante los tribunales todas las medidas ejecutivas importantes.
Sin embargo, la oficina de Florida tiene cerca de un tercio del tamaño de su par tejano, que la Asociación de Fiscales Generales Republicanos ha calificado como el principal “arsenal de talento jurídico” del partido.
(Editado en español por Carlos Serrano)
Pero si los demócratas ganan la presidencia en 2028 y siguen ocupando estos cargos, los aliados temen perder las herramientas a nivel estatal que han utilizado para bloquear las políticas demócratas que consideran excesivas.
