Durante los últimos cinco años, la agroindustria argentina fue responsable del 92% de las divisas netas que ingresaron a la economía nacional. Así lo revela un informe elaborado por Guido D’Angelo y Emilce Terré de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que pone en cifras el peso cambiario que tiene el campo. En un contexto de restricción externa y escasez de dólares, el agro volvió a posicionarse como el gran proveedor de divisas genuinas, fundamental para sostener las reservas del Banco Central y financiar importaciones estratégicas.
El estudio define “divisas netas” como la diferencia entre las exportaciones cobradas y las importaciones realizadas por un sector. En este sentido, la agroindustria no solo fue el mayor exportador de bienes de la economía argentina, sino también el principal aportante neto de dólares, muy por encima de otros sectores como el automotriz o el energético.
El agro exporta seis dólares por cada dólar que importa
Entre 2020 y 2024, la agroindustria representó el 61% del total de exportaciones de bienes del país, consolidándose como el líder absoluto en generación de divisas. Este dato cobra mayor relevancia si se lo analiza desde la perspectiva del comercio neto: por cada dólar que importó, el agro generó seis dólares en exportaciones. La minería, el otro sector con saldo positivo, alcanzó una relación de nueve a uno.
En cambio, sectores como la industria automotriz o la energía tuvieron una dinámica inversa: importaron más de lo que exportaron, generando déficits comerciales sostenidos. A pesar de su peso en el PBI y el empleo, ambos sectores no lograron convertirse en generadores netos de divisas.
En el caso del sector energético, la tendencia comenzó a revertirse. Gracias al avance de Vaca Muerta y las inversiones en infraestructura, la balanza energética de 2024 cerró con un superávit de US$ 2.624 millones, el primero desde 2009. En 2022 el déficit había sido de US$ 4.552 millones, y en 2023 se había reducido a US$ 87 millones negativos. Aun así, el agro continúa liderando con holgura el aporte neto de divisas.
Los sectores más competitivos, los menos asistidos
Pese a su enorme contribución al equilibrio cambiario, el agro es uno de los sectores menos asistidos por el Estado. De hecho, según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la asistencia efectiva al campo —considerando impuestos, retenciones, aranceles y subsidios— fue negativa en 2023.
El indicador que utiliza la OPC se llama Tasa de Asistencia Efectiva (TAE) y combina dos componentes: la Tasa de Protección Efectiva (TPE) —que mide el impacto de los aranceles y derechos de exportación— y la Tasa de Asistencia Fiscal (TAF) —que contempla subsidios y beneficios tributarios. La conclusión fue clara: de los 40 sectores económicos analizados, solo tres tuvieron una TAE negativa, y todos pertenecen a rubros altamente exportadores: alimentos y bebidas, agricultura y ganadería, y extracción de petróleo y gas.
Este esquema implica que los sectores que más dólares aportan a la economía son también los más gravados. En el caso de la agroindustria, las retenciones explican casi toda la transferencia negativa hacia el Estado. Según estimaciones de la BCR y datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este sesgo fiscal le pone un límite al desarrollo y la inversión productiva del campo argentino.
Una estructura impositiva que frena el potencial
En este escenario, muchos analistas se preguntan cuánto más podría aportar la agroindustria si existiera un esquema impositivo más equilibrado. Argentina compite con países que no solo eliminan los derechos de exportación, sino que además promueven la producción primaria con incentivos fiscales, líneas de crédito específicas y programas de infraestructura rural.
El contraste es evidente: el sector que aporta 92 de cada 100 dólares netos que ingresan a la economía es también el que más gravámenes enfrenta. Aun así, según las proyecciones para 2025, el agro podría liquidar cerca de US$ 30.800 millones, incluso tras haber enfrentado una de las peores sequías de las últimas décadas.
Esta contradicción estructural genera tensiones en la política económica argentina. Por un lado, se necesita que el agro aporte dólares para evitar crisis cambiarias. Por otro, se lo somete a un régimen tributario que desincentiva la inversión y el agregado de valor.
