El conflicto sanitario por la carne con hueso en la Patagonia sumó un capítulo decisivo. La jueza federal de Tierra del Fuego, Mariel Borruto, resolvió suspender por 30 días la aplicación de la resolución 460/2025 del Senasa, que había habilitado el ingreso de cortes con hueso plano —como el asado— desde regiones con vacunación contra la fiebre aftosa hacia la Patagonia, considerada libre de la enfermedad sin vacunación.
La medida judicial, que surgió a partir de un reclamo de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, tiene alcance únicamente en esa provincia, aunque generó un fuerte impacto en toda la región y en los mercados internacionales que monitorean de cerca la evolución de la política sanitaria argentina.
Según el fallo, la decisión oficial del Senasa podía generar un “perjuicio grave e inmediato” al poner en riesgo el diferencial sanitario de la Patagonia, construido durante décadas y que constituye un activo estratégico para la ganadería argentina. Este estatus permite a los productores patagónicos exportar carne a mercados premium con mayores exigencias, como la Unión Europea, y sostener una reputación de excelencia frente a compradores internacionales.
Productores celebran, pero temen por el mercado internacional
El fallo fue recibido con alivio entre los productores patagónicos. Desde la Asociación Rural de Tierra del Fuego señalaron que se trata de una medida necesaria para proteger no solo el trabajo local, sino también la competitividad de toda la región. El reconocimiento de la Patagonia como libre de aftosa sin vacunación otorga ventajas comerciales únicas que, según el sector, no pueden ponerse en riesgo.
En paralelo, la resolución del Senasa ya había generado consecuencias inmediatas en el plano internacional: Chile suspendió su reconocimiento sanitario a la Patagonia, y la Unión Europea analiza realizar una auditoría de seguimiento. El temor a perder mercados clave es real. La carne ovina patagónica tiene en Europa su principal destino, y cualquier cuestionamiento podría derivar en la pérdida de certificaciones que tardaron años en consolidarse.
Para la jueza Borruto, el diferencial sanitario no solo garantiza inocuidad alimentaria y trazabilidad, sino que también asegura sustentabilidad ambiental y protege el derecho de los consumidores. Además, advirtió que la apertura al ingreso de carne con hueso desde regiones con vacunación podría generar consecuencias económicas y sociales difíciles de reparar, al afectar a productores, comerciantes y trabajadores rurales.
Mientras tanto, gremios de trabajadores estatales expresaron su satisfacción con el fallo, en contraste con el silencio de las autoridades nacionales, que hasta ahora evitaron pronunciarse sobre el impacto judicial de la medida.
