Pasaron casi dos años y medio desde que la concursada argentina Vicentin presentó las mayorías necesarias en la Justicia santafesina para alcanzar un acuerdo con sus acreedores. No obstante, sin un arreglo a la vista, la cerealera ya contabiliza una pérdida de alrededor de US$ 70 millones, entre costos y cancelaciones de pasivos privilegiados y gastos concursales.
Según publica el diario El Cronista, a eso se suma, además, que, por su estado judicial, Vicentin trabaja a fasón. Esto quiere decir que, sin herramientas de financiación ni acceso al crédito, sólo tiene la posibilidad de procesar granos para otras compañías. Sin embargo, en un contexto de bajo stock de soya, una de las plantas de la cerealera permanece cerrada, lo que complica aún más la recolección de ingresos.
“Para que Vicentin pueda subsistir y sus activos continúen generando los efectos necesarios, la sociedad tiene que trabajar; aun sin generar ganancias, la grave situación financiera impide continuar con la operación si esta no genera los recursos para pagar las obligaciones”, indicó la compañía en un escrito que envió este viernes a la Justicia santafesina.
A su vez, la cerealera reportó un gasto de alrededor de US$ 106 millones correspondiente al pago de sueldos y contribuciones sociales que, si bien representan una obligación concursal para la empresa, resaltan aún más los números en rojo de la empresa.
Además, la compañía reaccionó a la operación que llevó a cabo el Grupo CIMA (hoy CFS Advisors), junto con el acreedor Grassi a mediados de diciembre, cuando compró los casi US$ 450 millones de deuda que Vicentin tenía con bancos internacionales y, de esa forma, se convirtió en el mayor acreedor de su concurso preventivo.
“Para que Vicentin pueda subsistir tiene que trabajar, aún sin generar ganancias”, pero “la grave situación financiera impide continuar si no genera los recursos para cumplir con sus obligaciones”, según aseguró el apoderado del grupo, Guido Gabriel Ferullo, en un escrito elevado a la Corte, con el patrocinio de los doctores Ricardo Gil Lavedra y Maximiliano Toricelli.
En dicho texto, recordó que a fines de noviembre de 2024 la empresa con plantas procesadoras en el Gran Rosario promovió el recurso preventivo de crisis, pero, además, recordó que el 28 de febrero próximo finalizarán los contratos con los inversores estratégicos, y si bien se tramita su prórroga “no hay certezas por la incertidumbre que todo este momento genera”.
“Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos realizados, Vicentin no puede garantizar la continuidad de la actividad”, señaló en el escrito, cuya apreciacióncoincide con lo anticipado oportunamente al diario La Nación por el director independiente de la empresa, Estanislao Bougain.
