Así lo expresó la JEP, luego de que el senador del partido ultraderechista Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, propusiera que se trasladen unos 31,2 millones de US$ de su presupuesto al Consejo Superior de la Judicatura con el propósito de reducir la sostenibilidad económica de ese tribunal, creado para juzgar los crímenes de guerra cometidos por las extintas Farc y los militares, en el marco del conflicto armado interno.
“Las proposiciones de desfinanciación de la JEP y de modificación de su estructura, promovidas por los partidos de gobierno, conducen a la impunidad en materia de crímenes internacionales, desconocen manifiestamente el Acuerdo Final de Paz, vulneran los pilares fundamentales de la Constitución de 1991 en materia de respeto por los derechos de las víctimas y, asimismo, violan los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”.
El Tribunal de Paz recordó que los juicios adelantados hasta ahora han conducido a la imputación de crímenes, algunos de ellos de guerra, contra 28 generales, algunos de los cuales aceptaron su responsabilidad en los llamados “falsos positivos”, asesinatos de civiles a quienes hacían pasar por guerrilleros para aparentar que se iba ganando la guerra contra los grupos armados ilegales, por la cifra de supuestas bajas en combate.
La propuesta de Gómez Martínez fue respaldada de inmediato por el presidente, Abelardo de la Espriella, quien en campaña propuso acabar con la JEP, como lo han pedido sectores ultraderechistas que pretenden que no se sigan conociendo los casos de violencia extrema usada por algunos militares contra civiles.
La JEP recordó que el Acuerdo Final de Paz de 2016 fue depositado de manera formal ante el Consejo Federal Suizo en Berna, es reconocido como documento oficial ante el Consejo de Seguridad y el Estado colombiano “asumió la obligación jurídica e inquebrantable de financiar de forma oportuna y suficiente la puesta en marcha” y funcionamiento de esa jurisdicción, que hace parte de la rama judicial. (ANSA).
