En ese orden, Amnistía recogió y presentó una serie de datos y cifras de oenegés y organismos multilaterales para dar cuenta de la gravedad de la situación.
Señaló que el año anterior se registraron un total de 2.794 hechos de violencia, de los cuales 1.390 fueron ataques a civiles que afectaron a 1,6 millones de personas, de acuerdo al reporte anual de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha).
Añadió que se reportaron 139 casos de desplazamiento forzado que afectaron a 90.282 personas, sumado a 80 confinamientos que recayeron en 235.345 personas, en su mayoría por la confrontación que mantienen el noreste del país el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc, a partir de un reporte citado de la oenegé Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Los niños también fueron objeto de la violencia con un total de 364.382 menores de edad envueltos en 196 hechos relacionados con el conflicto armado interno, de ese total 172 niños fueron víctimas de reclutamiento forzado, según un reporte de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia.
Mientras que se reportaron a lo largo del año 509 agresiones contra defensores de derechos humanos, de manera que se reportaron en promedio 1,67 ataques diarios contra quienes defienden los derechos colectivos y ejercen liderazgo social, a partir de datos del Programa Somos Defensores.
“A pesar de la vigencia de algunas negociaciones de paz, la violencia armada persistió. La población civil seguía siendo víctima de infracciones del derecho internacional humanitario.
Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas sufrían desproporcionadamente las consecuencias de la violencia y los conflictos armados. Defender los derechos humanos continuaba siendo una labor sumamente arriesgada”, afirmó Amnistía Internacional en su reporte sobre el país. (Ansa).
