El Gobierno nacional puso fin al Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y a la contribución obligatoria que pagaban viñateros y bodegas para sostener a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). La decisión, oficializada por resolución, reconfigura el financiamiento institucional del sector y abrió un debate intenso entre autoridades, cámaras empresarias y productores sobre el futuro de la promoción y la coordinación del vino argentino.
En Mendoza —la principal provincia productora— la medida generó reacciones encontradas. Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción provincial y vocal del directorio de la Coviar, apoyó la iniciativa pública y planteó que el organismo no alcanzó los resultados esperados en los últimos años. Desde su punto de vista, la salida del esquema obligatorio obliga a una reflexión profunda sobre cómo se financia y organiza la actividad vitivinícola en el país.
Diagnóstico oficial: qué falló
En declaraciones a medios locales, Vargas Arizu señaló que tanto las exportaciones como el consumo interno se ubicaron por debajo de las metas planteadas y que el beneficio para los productores primarios fue escaso. Como productor, según explicó, entiende que cuando una herramienta no produce los efectos previstos hay que reformarla o reemplazarla.
El ministro evitó atribuir todos los problemas a la gestión de la Coviar y apuntó a condiciones macroeconómicas adversas de años recientes: la volatilidad cambiaria y la multiplicidad de tipos de cambio, afirmó, redujeron la capacidad de crecimiento de las ventas externas y complicaron la competitividad del sector.
Hacia un modelo voluntario y una reorganización institucional
Con la eliminación de la contribución obligatoria, Vargas Arizu promovió que el sector “desdramatice” y que la continuidad de la Coviar quede en manos de la propia industria. Propuso que, si las bodegas y asociaciones consideran que la entidad produce valor, opten por seguir financiándola de forma voluntaria. Como ejemplo de esta modalidad mencionó a organizaciones que ya funcionan sobre bases no obligatorias y agrupan a la mayor parte de las bodegas más relevantes.
Además, sostuvo que el informe final que la Coviar debe presentar en los próximos meses será determinante: si ofrece aportes prácticos, las empresas y los productores probablemente mantendrán su apoyo; si no, la financiación voluntaria será difícil de sostener.
Críticas, defensa y posibles pasos legales
La resolución del Ejecutivo provocó rechazo dentro de la Coviar, que anunció medidas y reuniones de directorio para definir su estrategia. Vargas Arizu reconoció el derecho de la Corporación a recurrir a la vía judicial y recordó que el Ministerio encargado de la desregulación también puede fundamentar su decisión con estudios técnicos.
En el intercambio público, hubo señalamientos sobre transparencia y el incremento de la contribución a lo largo del tiempo. El ministro relativizó algunas de las críticas más duras pero también admitió un desajuste: mientras los costos y la contribución crecieron, el precio de botella no acompañó el ritmo de la inflación en los últimos años, lo que generó tensión en la cadena de valor.
Contexto político y económico
La eliminación del cobro obligatorio fue paliada por voces que celebraron la medida como una corrección: algunos referentes la presentaron como la supresión de un tributo que terminó beneficiando a sectores privados. El debate público incluyó mensajes en redes que subrayaron ese argumento, y desde el Gobierno se defendió la decisión como parte de un giro hacia una mayor liberalización del financiamiento sectorial.
Vargas Arizu, por su parte, recordó que la estabilidad macroeconómica reciente —según su lectura, con menor volatilidad cambiaria e inflación en descenso— ofrece mejores condiciones para exportar y para planificar inversiones. Señaló además que Argentina cuenta con una relación calidad-precio atractiva que puede impulsar crecimiento en mercados externos si se atacan problemas estructurales como la falta de financiamiento para reconversión y diversificación productiva.
Impacto en la agenda del sector: eventos y representación
La decisión también repercutió en la agenda social y promocional de la vitivinicultura. En plena Vendimia, una de las citas tradicionales —el desayuno institucional de la Coviar— quedó en el centro de la discusión. Vargas Arizu propuso aprovechar la coyuntura para unificar encuentros: en lugar de múltiples actos sectoriales separados, sugirió un solo evento que reúna a cámaras, bodegas y productores para trabajar en objetivos comunes como aumentar ventas y mejorar la competitividad.
Qué sigue: plazos y señales
La Coviar tiene un período para presentar su informe final, y ese documento será clave para que las empresas decidan si sostienen una financiación voluntaria. En paralelo, no se descarta un litigio que lleve la discusión a tribunales. Mientras tanto, las cámaras y las bodegas cerraron filas en distintas posiciones: algunas apoyan la eliminación del aporte obligatorio, otras advierten sobre el vacío que podría dejar en herramientas de promoción y coordinación.
En las próximas semanas el Gobierno y los actores del sector tendrán que definir si avanzan hacia una Coviar transformada, sostenida por aportes privados y voluntarios, o si diseñan nuevos mecanismos públicos-privados que garanticen la promoción del vino argentino sin imponer contribuciones obligatorias. La decisión marcará la forma en que la industria enfrentará desafíos comerciales y productivos en un mercado global cada vez más competitivo.
