La suspensión del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y la eliminación de las contribuciones obligatorias que financiaban a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) encendieron una disputa que promete prolongarse. La resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura modificó el marco de financiamiento y funcionamiento de la entidad, y la medida provocó reacciones encontradas entre los actores más influyentes del sector: desde fuertes críticas de la propia Coviar hasta el respaldo contundente de Bodegas de Argentina (BDA).
El choque vuelve a centrar la atención en la región de Cuyo —el corazón de la vitivinicultura nacional— y reaviva una discusión histórica sobre cómo se organiza la gobernanza del sector, quién financia la planificación estratégica y qué papel deben tener el Estado y las cámaras privadas en la promoción y control de la industria.
La respuesta de Coviar
Coviar reaccionó con dureza a la resolución, cuestionando tanto el procedimiento como el alcance de los cambios. Desde la entidad señalaron que la decisión fue adoptada sin el diálogo que consideran necesario y en un momento crítico para el sector, por lo que alertaron sobre el impacto negativo en la cadena productiva.
En su comunicado, la corporación advirtió que la norma introduce variaciones en aspectos centrales de su operación, sobre todo en lo relativo a su financiamiento y competencias, materias que, según la entidad, configuran la estructura misma del régimen vigente. Ante ese cuadro, convocaron con carácter de urgencia a una reunión de Directorio para analizar las acciones a seguir y defender la continuidad de una planificación estratégica que, afirmaron, lleva décadas en funcionamiento.
Coviar manifestó además que solicitará la revisión y anulación de la resolución, argumentando la necesidad de garantizar seguridad jurídica, diálogo institucional y previsibilidad para que la actividad vitivinícola pueda desarrollarse con estabilidad. También sostuvo que la medida excede las facultades administrativas al introducir cambios sustanciales sobre un esquema que cuenta con respaldo legal.
Bodegas de Argentina apoya la medida
Horas después del anuncio, Bodegas de Argentina dio un giro opuesto y celebró el cese de las contribuciones obligatorias. La asociación, que agrupa a las empresas de mayor porte del sector y que ya había dejado de formar parte activa de Coviar, consideró que la resolución pone fin a instrumentos que, a su juicio, habían perdido actualidad y legitimidad.
Entre los puntos que BDA destacó como claves en la resolución se encuentran:
- Fin inmediato de las contribuciones obligatorias: según el texto, se da por concluido el régimen de aportes previstos en la ley vigente, lo que implicaría un alivio financiero para las bodegas.
- Suspensión de la recaudación por parte del INV: la resolución instruye al Instituto Nacional de Vitivinicultura a dejar de recaudar esos aportes desde el mismo día de su entrada en vigencia, con el objetivo de que los recursos permanezcan en los establecimientos.
- Informe de cierre y rendición de cuentas: se exige a Coviar que, en un plazo previsto, presente un informe detallado sobre el uso de fondos y el cumplimiento de objetivos, en línea con pedidos de mayor transparencia.
- Destino de fondos remanentes: los recursos no comprometidos deberán integrarse al patrimonio del INV, según la resolución, para su administración por un organismo técnico de control.
La titular recientemente elegida de BDA remarcó que la medida busca reducir cargas administrativas, mejorar la competitividad y apoyar una gestión más clara en el manejo de recursos. Desde la asociación sostienen que la eliminación de aportes obligatorios no implica la desaparición de la planificación estratégica, sino una reorientación hacia mecanismos de colaboración voluntaria y mayor protagonismo del sector privado en coordinación con organismos técnicos.
Para Bodegas de Argentina, la resolución 55/2026 corrige una situación administrativa vencida y representa una oportunidad para potenciar exportaciones y el mercado interno sin el peso de tasas obligatorias que, en su visión, afectaban competitividad. También plantearon la necesidad de discutir acuerdos interprovinciales vigentes que, según ellos, condicionan decisiones empresariales.
El enfrentamiento dejó además en evidencia tensiones internas: mientras Coviar reclama amparo institucional y continuidad de un esquema de planificación colectiva, BDA y algunas empresas ven la medida como un paso hacia la modernización y la reducción de burocracia. La controversia incluye además episodios previos, como el intento de Coviar de aplicar un arancel que generó rechazo del Gobierno.
Qué sigue: la entidad convocó al Directorio y no descartó medidas administrativas o judiciales para impugnar la resolución; del otro lado, BDA volvió a ratificar su disposición a trabajar con autoridades y cámaras para construir esquemas colaborativos. En las próximas semanas será clave la presentación del informe de cierre, eventuales pronunciamientos oficiales adicionales y la reacción de las provincias productoras.
