La industria argentina del biodiésel enfrenta uno de sus momentos más críticos. Durante el primer semestre de 2025, las exportaciones a la Unión Europea, principal destino de este biocombustible, se desplomaron a niveles históricos. Apenas se enviaron al exterior 36.000 toneladas, cuando en años anteriores el volumen superaba con holgura las 300.000 toneladas anuales.
La causa de esta caída no responde a un único factor. Desde el sector apuntan a un “combo explosivo” entre el derrumbe de precios internacionales, la menor demanda del mercado europeo y las condiciones restrictivas de los acuerdos vigentes. El principal obstáculo es que el precio actual del biodiésel argentino se ubica por debajo del mínimo establecido por el acuerdo bilateral con la Unión Europea, lo que hace inviable la operatoria. En términos simples: el mercado sigue abierto formalmente, pero las condiciones económicas impiden concretar negocios.
A este panorama se suma el cierre total del mercado estadounidense, vigente desde 2018, cuando ese país impuso aranceles antidumping y antisubsidios superiores al 120%. Las gestiones para revertir esta medida no han prosperado y, por ahora, no existen canales activos para restablecer el vínculo comercial. Perú también mantiene restricciones, lo que agrava la escasez de destinos posibles.
La consecuencia directa de este escenario es contundente: gran parte de las plantas industriales argentinas están paradas o trabajando muy por debajo de su capacidad instalada. Según fuentes del sector, la capacidad ociosa se aproxima al 70%, cuando en 2017 rondaba el 33%. Son plantas altamente eficientes, ubicadas estratégicamente junto a fábricas de aceite de soja, el insumo base del biodiésel, que hoy no pueden producir. En lugar de generar valor agregado, Argentina exporta aceite crudo, perdiendo eficiencia industrial y recursos fiscales.
Una ley que divide al sector y un régimen que desalienta la inversión
Más allá del frente externo, la industria también enfrenta una limitación doméstica profunda: el mercado interno está regulado por una ley que impide a las grandes plantas competir en igualdad de condiciones con las pequeñas y medianas empresas. Esa normativa establece cupos obligatorios y precios fijos, calculados sobre los costos de producción de las pymes. Esto genera una barrera que margina a las firmas más competitivas y deja fuera del juego a quienes podrían ofrecer mejores precios o mayores volúmenes.
Este régimen legal nació en 2006, bajo una ley promocional con vencimiento en 2022. Sin embargo, lejos de promover una transición hacia un sistema abierto y competitivo, el Congreso optó por prorrogar el modelo por una década más. La nueva ley profundizó la segmentación entre grandes y pequeños productores, sin resolver los problemas estructurales que arrastra el sector.
Desde las grandes empresas aseguran que el esquema actual castiga la eficiencia y obstaculiza cualquier intento de inversión. Argumentan que ningún otro país impone un mercado cerrado con precios controlados y sin posibilidad de competencia. Además, destacan que el sistema termina perjudicando a los consumidores, ya que impide bajar los precios mediante mayor escala y productividad.
El reclamo del sector exportador es claro: liberar el mercado interno, permitir la competencia en igualdad de condiciones y generar un marco normativo que incentive inversiones a largo plazo. La propuesta incluye una transición ordenada hacia un sistema sin cupos, con precios determinados por el mercado y la posibilidad de que todas las empresas, sin distinción de tamaño, puedan participar en las ventas internas y externas.
En esa línea, se creó una mesa de diálogo con la participación de provincias productoras de energía y actores del sector privado. El objetivo es consensuar un proyecto de ley que elimine las distorsiones actuales y permita recuperar el dinamismo de una industria clave para la agroindustria argentina.
Sin mercados, sin reglas claras y sin rumbo: ¿qué futuro le queda al biodiésel?
El cierre de los principales mercados internacionales y las restricciones locales colocaron al biodiésel argentino en una encerrona crítica. Mientras otras economías promueven energías renovables, Argentina limita el desarrollo de una industria que ya demostró su potencial y competitividad.
Las plantas paradas generan un efecto dominó negativo: caen las exportaciones, se reduce el empleo, disminuye el ingreso de divisas y se frena la transformación de productos con valor agregado. El país pierde una herramienta estratégica para diversificar su matriz energética, potenciar el uso de subproductos del agro y avanzar hacia una economía más sostenible.
Desde el sector sostienen que, sin cambios urgentes, muchas empresas podrían cerrar definitivamente. Las inversiones realizadas en tecnología, logística y eficiencia quedarían inutilizadas. También se reduciría la demanda de aceite de soja, lo que impactaría en toda la cadena agrícola.
A pesar de este contexto, hay un intento por mantener una agenda de trabajo activa. Representantes del sector trabajan junto al Gobierno nacional en un proyecto que permita reabrir el mercado estadounidense mediante una negociación bilateral. También buscan mecanismos para flexibilizar las condiciones del acuerdo con la Unión Europea, o al menos habilitar una cuota con precios realistas.
En paralelo, algunas provincias y cámaras empresarias exploran alternativas para ampliar el uso del biodiésel en sectores como el transporte, la generación eléctrica y la actividad marítima. Estas iniciativas podrían representar una salida parcial a la crisis, pero no alcanzan para sostener a un sector diseñado para abastecer mercados internacionales.
La agroindustria argentina ve con preocupación cómo una de sus industrias más prometedoras se encuentra prácticamente paralizada. La eficiencia y la capacidad instalada existen, pero faltan los incentivos, las reglas claras y los mercados abiertos. El tiempo corre y el riesgo de perder todo lo construido durante más de una década es cada vez más real.
