Durante el 60° Coloquio Anual de IDEA en Mar del Plata, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, instó al sector empresarial a dejar de pedir una reducción de impuestos sin que el gasto público disminuya. Afirmó que si los impuestos se reducen para un sector, otros se verían más afectados, por lo que el enfoque debe estar en reducir el gasto. Sin embargo, el agro, que ya ha propuesto soluciones para disminuir la carga fiscal, critica la falta de respuesta por parte del gobierno de Javier Milei.
Sturzenegger, en su discurso, mencionó que bajar impuestos sin reducir el gasto sólo trasladaría la carga a otros sectores. “Tachen lo de pedir bajar impuestos, que es pedir privilegios para un sector; aliéntennos en la baja de gasto”, afirmó, señalando que la baja de impuestos debe ir acompañada de una disminución del gasto estatal.
El sector agroindustrial respondió a estas declaraciones, destacando que ya han presentado propuestas viables para reducir impuestos sin perjudicar al erario. Una de las propuestas presentadas por la Fundación Barbechando, que representa los intereses del agro en el Congreso, fue eliminar el Régimen de Promoción de Tierra del Fuego y la exención de impuestos al Poder Judicial. Esta iniciativa permitiría obtener los recursos necesarios para compensar la eliminación de derechos de exportación que gravan principalmente al sector agropecuario.
Propuesta del agro: reducir subsidios
La Fundación Barbechando subraya que su propuesta, además de reducir la presión fiscal sobre el campo, tendría un impacto positivo en la competitividad del sector agropecuario argentino, clave para la economía del país. Sin embargo, el gobierno de Milei ha ignorado la iniciativa. El régimen de promoción en Tierra del Fuego, implementado en 1972, ha beneficiado a diversas industrias, pero desde hace tiempo es cuestionado por su falta de competitividad y la necesidad de subsidios continuos.
Pese a la insistencia del sector, el ministro de Economía, Luis Caputo, no ha mostrado interés en finalizar este régimen, ya que empresas de familiares cercanos se benefician de él. Esto añade complejidad política a la cuestión, impidiendo avances en la reducción de los derechos de exportación.
Reacciones del sector agropecuario
Dirigentes del agro criticaron la postura del gobierno. Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), señaló que el agro ha sido siempre uno de los sectores que más ha contribuido en momentos de crisis, y que es justo que se considere una reducción de la presión impositiva. Argumentó que los derechos de exportación son un impuesto distorsivo que afecta la rentabilidad de los productores, debilitando la competitividad frente a otros mercados internacionales.
Por su parte, Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), expresó que la baja de impuestos es esencial para permitir que los productores agropecuarios reinviertan en tecnología y empleo. Advirtió que, a pesar de la necesidad de reducir el gasto, esto no garantiza que los recursos se utilicen de manera eficiente. Para Kovarsky, sin una reducción en la carga fiscal, el potencial productivo del sector seguirá limitado, afectando el desarrollo económico general.
Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, también enfatizó la necesidad de un alivio fiscal. Según un informe reciente de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), los impuestos que recaen sobre la renta generada por una hectárea agrícola han aumentado significativamente, llegando a un 61,5%. Esto implica que de cada $100 generados, $61,5 se destinan a impuestos, lo que aumenta la preocupación entre los productores sobre el retorno de estos tributos a las regiones productivas.
Sin expectativas
El debate entre la necesidad de reducir impuestos y la urgencia de bajar el gasto público sigue sin resolverse. Mientras el gobierno de Milei se enfoca en reducir el gasto, el sector agroindustrial demanda una reducción en la presión fiscal que incentive la producción y permita al sector seguir siendo el principal generador de divisas en la economía argentina. Sin embargo, la solución parece depender de la capacidad política para ejecutar ambas acciones de manera eficiente y equitativa.
