Titulo: Paises del Cono Sur se organizan contra el Reglamento UE 2023/1115 por su impacto en exportaciones y produccion agroindustrial

En un nuevo capitulo de la tension entre productores sudamericanos y la Union Europea por politicas contra la deforestacion, representantes parlamentarios y tecnicos de Argentina, Brasil y Paraguay consolidaron una respuesta politica y tecnica a lo que consideran una norma unilateral y costosa para sus cadenas agropecuarias. El Espacio Parlamentario Agroindustrial Sudamericano (EPAS) elevo criticas formales al Reglamento (UE) 2023/1115 -conocido como la regulacion “libre de deforestacion”- y propuso una agenda regional que busca preservar exportaciones, reconocer marcos normativos nacionales y exigir revision tecnica multilaterial.

Cumbre regional y creacion del EPAS
En abril, organizadores realizaron la segunda Cumbre Sudamericana Agroglobal en el Salon de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nacion argentina. Parlamentarios y referentes agroindustriales de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Peru, Colombia y Brasil debatieron sobre comercio, produccion y politicas ambientales para el Cono Sur. De ese encuentro nacio y se formalizo el EPAS, con la mision de convertirse en “la voz representativa del agro ante los poderes legislativos de Sudamerica”, segun sus voceros.

Angeles Naveyra, presidenta de la Fundacion Barbechando; Tania Zanella, del Instituto Pensar Agropecuaria de Brasil; y Hector Cristaldo, de la Union de Gremios de la Produccion de Paraguay, firmaron el primer comunicado conjunto del bloque. El documento exige reconocimiento de la “equivalencia normativa” y defensa de la soberania nacional sobre politicas ambientales y productivas.

Que exige el Reglamento (UE) 2023/1115 y por que preocupa al Cono Sur
La regulacion europea busca impedir que productos vinculados a la deforestacion lleguen al mercado de la UE. El texto alcanza a commodities claves para la region -entre ellos soja, carne vacuna, aceite de palma, madera, cacao, cafe y caucho- y exige que los operadores demuestren que las materias primas provienen de tierras que no sufrieron deforestacion despues del 31 de diciembre de 2020. Ademas, la normativa exige la geolocalizacion de las parcelas, due diligence por parte de importadores y rastreabilidad hasta la finca.

Productores y legisladores sudamericanos denuncian que la norma impone “obligaciones extraterritoriales” sin consulta previa ni reconocimiento de marcos regulatorios equivalentes. El EPAS afirmo que la reglamentacion aplica criterios tecnicos y cientificos que no reflejan los avances legales ni los sistemas de manejo ambiental que muchas naciones ya implementaron. Argentina, en particular, elevo un reclamo formal ante la Union Europea y puntualizo impactos potenciales para sus exportaciones.

Impacto economico y productivo: costos, mercados y pequenos productores
Los dirigentes agroindustriales alertan que el Reglamento UE 2023/1115 generara cargas administrativas y costos de cumplimiento que repercutiran en toda la cadena de valor. Las exigencias de trazabilidad y la obligacion de geolocalizar parcelas implican inversiones en sistemas de informacion geografica, auditorias y certificaciones que productores, cooperativas y exportadores deberan financiar. El EPAS advierte que esos costos caeran sobre productores primarios y afectaran la competitividad de las cadenas exportadoras.

El bloque tambien denuncio que la clasificacion de “riesgo estandar” asignada por la UE a varios paises puede restringir el acceso a mercados europeos mediante controles y requisitos adicionales. Legisladores y tecnicos sostienen que esa etiqueta estigmatiza territorios enteros, encarece operaciones y complica la inclusion de pequenos y medianos productores en las cadenas formales de exportacion.

En terminos de produccion, los especialistas del Cono Sur subrayan que la normativa redistribuye incentivos: en lugar de fomentar inversiones para mejorar practicas sostenibles en origen, la norma podria empujar la exportacion hacia mercados menos exigentes o generar barreras que fragmenten el comercio. Esa dinamica podria afectar el empleo rural, la inversion en infraestructura y la modernizacion de sistemas productivos.

Propuestas del EPAS: equivalencia, cooperacion tecnica y centro parlamentario
El EPAS reclamo la revocacion o, al menos, una revision profunda del Reglamento UE 2023/1115. El bloque reclama que la UE adopte criterios multilaterales, tecnicos y de cooperacion regional para evitar impactos asimetricos. Entre las propuestas concretas, el EPAS pidio:
– Reconocimiento de marcos legales y sistemas ambientales nacionales mediante principios de equivalencia normativa.
– Mecanismos de cooperacion tecnica para homologar metodologias de verificacion y datos.
– Plazos transitorios realistas y fondos para apoyar la adaptacion tecnologica y administrativa de productores.
– Un centro tecnico-parlamentario regional para compartir proyectos de ley, normas vigentes, experiencias y documentacion que facilite la cooperacion legislativa y juridica, inspirandose en organos como el Consejo Agropecuario del Sur (CAS).

El EPAS plantea que el espacio funcione como plataforma para elaborar consensos legislativos, articular asistencia tecnica y presentar argumentos tecnicos que respalden reclamos internacionales. Los firmantes argumentan que la region cuenta con sistemas ambientales adaptados a sus realidades socioeconomicas y que esas regulaciones deben respetar la soberania.

Negociacion internacional y soluciones practicas
Para evitar costes excesivos y mantener mercados abiertos, los analistas del sector creen que la negociacion debe combinar objetivos ambientales legitimos con medidas de apoyo concretas para los productores. Las naciones exportadoras pueden buscar:
– Acordar con la UE criterios de equivalencia que permitan reconocer inspecciones y registros nacionales como suficientes.
– Disenar esquemas de trazabilidad escalables, que integren a pequenos productores mediante asociaciones, cooperativas y tecnologias publicas.
– Establecer fondos de ajuste y programas de capacitacion para acelerar la adopcion de practicas sostenibles sin sacrificar competitividad.
– Promover transparencia en la definicion de “riesgo” y en los metodos de evaluacion, con participacion tecnica regional.

Balance y perspectivas
La disputa por la regulacion europea abrio una ventana para que la region articule una respuesta parlamentaria y tecnica comun. EPAS busca posicionar al agro sudamericano como actor con capacidad de interlocucion y de generacion de soluciones. La tension tambien obliga a productores, gobiernos y exportadores a invertir en trazabilidad y sostenibilidad, pero exige que la transicion no recaiga exclusivamente sobre los hombros de los agricultores.

Si la UE y los paises del Cono Sur logran acordar criterios tecnicos y fondos de apoyo, la regulacion podria devenir en una oportunidad para modernizar cadenas y aumentar el valor agregado. Si no alcanzan consensos, la normativa podria encarecer exportaciones, reducir margenes y fragmentar mercados. La negociacion que viene marcara la capacidad de la agroindustria regional para conciliar mercados exigentes con realidades productivas y sociales diversas.