La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) se sumó este jueves a la creciente protesta del sector agropecuario por los cortes en el acceso al puerto de Quequén protagonizados por transportistas. La entidad, presidida por Ignacio Kovarsky, advirtió que el bloqueo, que ya supera las dos semanas, está produciendo un fuerte impacto en la logística de granos y en la cadena exportadora.
Según CARBAP, la imposibilidad de completar las cargas en las terminales bonaerenses ha obligado a desviar embarcaciones hacia otros puertos, con pérdidas económicas que afectan a productores, acopiadores y exportadores. El fenómeno se produce en un momento clave del calendario agrícola: el operativo de cosecha de granos gruesos, cuando la disponibilidad de plazas portuarias y de transporte es crítica para cumplir contratos internacionales.
Productores y operadores logísticos consultados por este medio señalan que los piquetes están generando demoras acumuladas, costos adicionales por desvíos y riesgos de incumplimiento de entregas pactadas. Además, subrayan el daño reputacional que implica para el país que flujos comerciales queden interrumpidos por protestas en terminales portuarias.
Fuentes cercanas al conflicto indican que los manifestantes reclaman, entre otros puntos, mejores condiciones y tarifas de flete. No obstante, los representantes rurales insisten en que las medidas de presión no pueden afectar la libre circulación ni convertirse en un mecanismo para condicionar la actividad económica.
MEDIDAS URGENTES
Frente a este escenario, CARBAP reclamó acciones concretas y coordinadas por parte de autoridades provinciales y nacionales para restablecer el tránsito de camiones y garantizar que quienes desean trabajar puedan hacerlo con seguridad. La entidad pidió que se proteja a la mayoría de transportistas y se sancione a quienes recurren a amenazas, bloqueos y actos vandálicos.
Entre las soluciones planteadas por distintos actores del sector figuran: la intervención judicial para desbloquear accesos, la designación de corredores seguros para cargas esenciales, la presencia policial y de Gendarmería en puntos críticos, y la apertura de canales de diálogo con representantes de los choferes para buscar acuerdos de corto y mediano plazo.
Especialistas en logística y comercio exterior consultados advierten que, si la situación persiste, pueden acumularse consecuencias sobre el flujo de divisas y la confianza de compradores internacionales. Por eso, tanto cámaras empresarias como autoridades portuarias y gremios reclaman una respuesta rápida que combine medidas de orden público con negociación para evitar que la producción quede retenida o desviada.
Mientras tanto, los productores esperan señales claras del Estado: restablecer la normalidad operativa en los puertos, asegurar el cumplimiento de la ley y evitar que reclamos puntuales terminen condicionando un sector estratégico para las exportaciones argentinas.
