Debate clave sobre semillas, tecnología y el bolsillo del productor
En el panel “Agro y Agenda Argentina 2030” del Forum Nacional de Agronegocios de LIDE Argentina se encendió un debate central sobre cómo pagar por la tecnología incorporada a las semillas. La discusión reunió a ejecutivos y referentes del sector que coincidieron en la necesidad de reglas claras para reconocer la propiedad intelectual sin perder de vista la situación económica del productor.
El intercambio tomó tono cuando Alejandro Elsztain, CEO de Cresud, sostuvo que él paga por la tecnología pero pidió entender la realidad del productor tras años de tensiones económicas y las llamadas retenciones. El argumento puso sobre la mesa la dificultad de incorporar nuevos costos en un sector que, según su visión, atravesó una etapa de “supervivencia”.
Ignacio Bartolomé, CEO de GDM, trazó otra arista al plantear que Argentina necesita un marco regulatorio que reconozca la propiedad intelectual para que la tecnología efectivamente llegue al mercado. Su posición enfatiza que la solución debe ser voluntaria y gradual: quien quiera la tecnología la paga y quien no, continúa con las variedades previas.
El foco técnico estuvo en herramientas como la edición génica y especialmente CRISPR-Cas9, que permiten modificaciones dirigidas y precisas en el ADN sin introducir genes de otras especies. Según los oradores, estas técnicas aceleran el mejoramiento vegetal y pueden producir cultivares con mayor raíz, mejor absorción de carbono y arquitecturas que reduzcan el vuelco, siempre sujeto a un marco regulatorio que habilite su comercialización.
La discusión no es solo técnica sino económica: Bartolomé señaló que GDM invierte en investigación y desarrollo USD 1 por hectárea en la Argentina frente a USD 4 por hectárea en Brasil, y puso sobre la mesa una diferencia de comportamiento entre mercados. En Brasil 85 % de los productores paga por semilla mejorada, mientras que en la Argentina ese número rondaría el 40 %, lo que obliga a repensar modelos comerciales y de adopción.
Vías privadas y la transición por retenciones
Como respuesta a un cambio regulatorio que tarda en llegar, la industria impulsó mecanismos privados como el acuerdo conocido como Sembrá Evolución, en el que el productor que acepta nuevas tecnologías se compromete por contrato a pagar por ellas. Ese esquema ya sumó a 30.000 productores, un dato que los impulsores usan para sostener que existe demanda real y no una resistencia masiva.
Elsztain apoyó la idea de una implementación gradual, vinculando la aceptación al calendario de reducción de los Derechos de Exportación (DEX) que anunció el Gobierno. Según explicó, la baja se proyecta en 0,25 puntos porcentuales por mes hasta alcanzar un tope del 21 %, una hoja de ruta que busca dar aire al productor para retomar decisiones de inversión.
El CEO de Cresud también puso el foco en costos operativos invisibles para la cadena: afirmó que hoy las empresas invierten en controlar quién paga casi lo mismo que en desarrollar nuevas variedades. Ese costo de verificación complica modelos de cobro por uso de tecnología embebida en la semilla y explica parte de la resistencia empresarial a sistemas complejos de facturación.
Desde la óptica de competitividad, Ignacio Lartirigoyen llamó a priorizar la eficiencia agronómica y a producir al menor costo posible para responder a mercados exigentes con costos globales altos. Ese llamado se enlaza con la necesidad de incorporar tecnologías que reduzcan costos y permitan escalar oferta con calidad, sobre todo teniendo a la región como proveedora mundial.
La recopilación de argumentos del panel muestra que el debate tiene tres ejes entrelazados: regulación, inversión en I+D y capacidad de pago del productor. Resolverlos exige decisiones públicas y privadas coordinadas para evitar que la innovación quede fuera del país por falta de reglas claras o por modelos de negocio inviables.
El punto de inflexión puede estar en un cambio legal que modernice un marco que, según los expositores, tiene elementos vigentes desde la década de 1970 y que no contempla tecnologías como los transgénicos o la edición génica. Actualizar esa ley no solo es un trámite técnico sino una señal para que capital y conocimiento vuelvan a fluir hacia la Argentina.
En el corto plazo, la alternativa privada plantea una vía intermmedia que ya mostró adopción entre decenas de miles de productores; en el mediano plazo, la clave será diseñar mecanismos de pago simples y transparentes que reduzcan costos de control. Si se logra ese equilibrio, el país podría atraer desarrollos que hoy se comercializan en Brasil y Estados Unidos, dijeron los panelistas.
Más allá de la técnica y la ley, el debate puso en evidencia un contraste humano: hay productores dispuestos a pagar por tecnología cuando ven claro el valor y la previsibilidad, y hay otros que necesitan una transición económica para volver a invertir en mejoras. Esa heterogeneidad obliga a soluciones escalonadas y comunicadas con claridad.
La conclusión es pragmática: sin un marco que reconozca la propiedad intelectual y sin modelos comerciales viables, la edición génica y otras herramientas pueden tardar en llegar a los lotes argentinos. En cambio, una combinación de acuerdos privados, políticas graduales y una ley actualizada puede convertir esa tecnología en ventaja competitiva para la región.
