Controversia en Quequén por reestructuración del directorio del puerto estratégico para las exportaciones

Tras una renovación impulsada por Axel Kicillof, Carbap rechazó la nueva integración, cuestionó las designaciones y advirtió sobre posibles conflictos de intereses

Carbap cuestiona la renovación del directorio del Puerto de Quequén y pide revisión por posibles conflictos de interés

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) presentó objeciones formales a la reciente renovación del directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, designada por el gobernador Axel Kicillof. La entidad advierte sobre inconsistencias, arbitrariedades y potenciales conflictos de interés que, a su entender, cuestionan la representatividad del órgano que administra una infraestructura clave para la producción y las exportaciones.

El reclamo se concentra en que una de las organizaciones de productores primarios volvió a ocupar un lugar que, según acuerdos previos, debía rotarse entre las entidades del sector. Para Carbap, esa continuidad desconoce el criterio de rotación institucional que venía aplicándose y por ello debió corresponderle la vacante a esa confederación rural en esta renovación.

El gobernador nombró a Ernesto Povilaitis Giovazzino como nuevo presidente del Consorcio y la conformación del directorio quedó establecida para un período de tres años. Entre los designados figuran representantes de gremios, cámaras empresarias, concesionarios y servicios portuarios, mientras que aún resta la nominación municipal por parte del intendente Arturo Rojas.

La nómina difundida incluye a Ramiro Saravia (Uatre), Juan Carlos Peralta (Urgara), Egidio Mailland (Coninagro), Manuel Rocca (Ciara-CEC), Pablo Santirso (concesionarios y permisionarios), Matías Sierra (Cámara de Profesionales de Puerto Quequén) y la continuidad de Mario Goicoechea por el Centro de Navegación. Carbap reclama que la inclusión de dos vocales vinculados a la misma cooperativa —una entidad que identificó como “la más importante” dentro de Coninagro— crea dudas sobre la pluralidad y la independencia del Directorio.

Por qué la disputa importa para la agroindustria y la región

El reclamo de Carbap trasciende una discusión institucional porque el puerto es un nodo logístico determinante para la exportación de granos y subproductos agroindustriales. Si la toma de decisiones del Consorcio se percibe como parcial o concentrada, puede afectar la confianza de productores, operadores y potencialmente influir en procesos como licitaciones y permisos de operación.

En ese sentido, la entidad puso especial énfasis en que la cooperativa cuestionada tiene pendiente una licitación por un permiso de operación en el puerto cuya resolución deberá tratar el propio Directorio el próximo año. Para Carbap, esa coincidencia genera serios interrogantes sobre la concentración de representación y la posibilidad de conflicto de intereses en decisiones clave.

Además, la confederación señaló una irregularidad puntual en la identificación de un representante propuesto por ella: Eugenio Cardenau. Carbap afirma que el decreto oficial lo atribuye como representante de la Federación Agraria Argentina (FAA) aunque, según la entidad, había sido postulado por la propia Carbap y la FAA sólo remitió una nota de aval a esa candidatura, lo que modificaría la distribución de las vocalías.

La controversia también pone en evidencia las tensiones entre criterios técnicos, acuerdos de representación y decisiones políticas a la hora de conformar órganos que administran activos estratégicos. En economías regionales donde la logística portuaria determina rentabilidad y competitividad, la transparencia en la selección de autoridades no es sólo una formalidad sino un requisito funcional.

Reclamos, posibles impactos y el pedido de transparencia

Carbap reclamó explícitamente que el gobierno provincial revise las designaciones y brinde explicaciones públicas sobre los cuestionamientos planteados, buscando restablecer lo que definió como representación genuina de los productores. Los planteos apuntan tanto a corregir presuntas fallas en la aplicación de criterios de rotación como a evitar que decisiones futuras queden bajo la sospecha de parcialidad.

Para la comunidad agropecuaria local, la resolución de esta disputa tendrá consecuencias prácticas: desde la percepción de equidad en procesos de concesión hasta la posibilidad de que empresas y cooperativas participen en condiciones de competencia transparente. La reputación institucional del Consorcio y la confianza en la gestión pública provincial son factores que también están en juego.

El Gobierno bonaerense y la Subsecretaría de Asuntos Portuarios aún no han publicado una respuesta pública detallada al reclamo de Carbap, más allá de la difusión del decreto de designaciones. Esa ausencia de respuesta técnica aumenta la exigencia de explicaciones claras sobre los criterios seguidos y la documentación que avaló cada nominación.

Mientras tanto, las partes involucradas —entidades rurales, cooperativas, gremios y cámaras empresarias— tendrán que decidir si elevan acciones administrativas o buscan acuerdos para recomponer un esquema de representación más consensuado. En cualquier escenario, la presión por mecanismos que garanticen pluralidad, transparencia y gestión independiente se mantendrá en primer plano.

La disputa en torno al Puerto de Quequén es una prueba de la sensibilidad que generan las decisiones sobre infraestructura portuaria en zonas productoras, donde cada vocalía puede traducirse en influencia sobre la operación y el desarrollo regional. Por eso, Carbap insiste en que la revisión de las designaciones no es un reclamo corporativo sino una defensa de reglas claras para toda la cadena agroindustrial.

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