En la apertura de A Todo Trigo en Mar del Plata, Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores de Granos, expuso un diagnóstico crítico y propuestas concretas para el sector agropecuario. Su intervención se centró en la necesidad de una reforma fiscal integral, la eliminación gradual de las retenciones a las exportaciones, la actualización de la normativa de semillas y la adhesión a UPOV 91. Rivara vinculó la recuperación de la campaña triguera reciente —tras una cosecha récord de 28 millones de toneladas y más de 6,7 millones de hectáreas sembradas— a cambios en el clima político, la eliminación de la brecha cambiaria y la reducción de derechos de exportación del 12% al 7,5%.
Claves del reclamo fiscal
Rivara reclamó una reforma tributaria basada en cuatro ejes: 1) eliminación de impuestos “distorsivos” (Ingresos Brutos, impuestos de Sellos y el impuesto al cheque), 2) igualdad tributaria entre actores económicos, 3) freno a tasas municipales que consideró “disfrazadas de impuestos” y 4) fin de mecanismos de percepción como el Sircreb. Señaló además que los bancos “no son agentes fiscales” al cuestionar los débitos automáticos sobre cuentas corrientes de empresas formalizadas. Para Rivara, el campo no debe seguir siendo la “variable de ajuste” de la política cambiaria y fiscal, aunque respaldó una reducción gradual y programada de las retenciones para dar previsibilidad al productor.
Retenciones y compromisos internacionales
Rivara criticó la sucesión de decretos que modificaron las alícuotas de retenciones en el último año y advirtió que esa dinámica generó “ganadores y perdedores sin merecerlo”. Recordó también que, por el acuerdo Mercosur-Unión Europea, Argentina está comprometida a eliminar las retenciones al trigo, maíz y girasol a más tardar el 1° de mayo de 2029. Según su cálculo, y tras las reducciones aplicadas a trigo y otros cultivos, la superproducción podría implicar una mayor transferencia fiscal: unos US$730 millones adicionales para el Estado respecto a la campaña anterior. En la contraparte, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, defendió el sendero gradual de baja de retenciones dispuesto por el gobierno y remarcó otras medidas para mejorar la competitividad dentro de “las limitadísimas posibilidades de caja”.
Semillas, UPOV 91 y el debate sobre HB4
Otro eje central fue la ley de semillas y la posible adhesión de la cadena productiva a UPOV 91, que amplía la protección de los derechos de los obtentores. Rivara pidió abrir un debate amplio en el sector, reconociendo la propiedad intelectual, pero recordando que las condiciones productivas de Argentina difieren de las de países como Estados Unidos o Brasil. Criticó además la autorización del evento biotecnológico HB4 por parte de organismos anteriores y advirtió sobre la falta de controles y la circulación de semillas no autorizadas, que, a su juicio, ponen en riesgo mercados internacionales. El dirigente se mostró especialmente crítico con el trigo HB4, tolerante a la sequía y desarrollado por Bioceres, y advirtió sobre el rechazo que ciertas variedades transgénicas podrían recibir en mercados externos. En el caso de la soja HB4, Rivara recordó que China aprobó el evento, pero la Unión Europea aún no lo hizo, lo que añade incertidumbre para las exportaciones.
Infraestructura y pérdidas productivas
Rivara alertó sobre la insuficiencia de la infraestructura actual para sostener el volumen de producción actual, comparándolo con épocas en que la cosecha era de 60 millones de toneladas. Como ejemplo del impacto, mencionó las inundaciones en el oeste bonaerense en 2025, que según sus datos ocasionaron que más de 450.000 hectáreas no se sembraran y provocaron pérdidas estimadas en más de US$800 millones. También criticó la paralización de obras de dragado del río Salado, el mal estado de caminos rurales y la exigencia de “tasas” municipales que, a su criterio, funcionan como impuestos disfrazados. En otro reclamo territorial, se opuso a un cargo adicional que la provincia de Santa Fe propone aplicar al transporte para financiar obras viales de acceso portuario en el Gran Rosario, por considerar que implicaría “un nuevo impuesto” de más de US$120 millones anuales.
Incidentes y efectos en la cadena
Rivara hizo referencia al conflicto en Necochea con transportistas y estimó que protestas y bloqueos generaron pérdidas cercanas a US$300 millones. Denunció la insuficiente respuesta de autoridades nacionales, provinciales y judiciales ante episodios que afectan la cadena logística. En sus críticas también incluyó a organismos previos como el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y a la Secretaría de Agricultura de la administración anterior por la gestión de autorizaciones biotecnológicas.
Respuesta del gobierno: medidas y límites fiscales
En el contrapunto, el secretario de Agricultura Sergio Iraeta destacó medidas que, según él, ya se implementaron para favorecer la competitividad del campo: bajas en derechos de exportación, eliminación del impuesto PAIS, reducción de aranceles a fertilizantes como la urea y estímulos para inversiones productivas. Iraeta admitió la demanda del sector por menores retenciones, pero defendió el curso de acción gradual y vinculó las limitaciones a la disponibilidad de caja del Estado. También atribuyó a gestiones anteriores la falta de inversión en rutas, puentes y puertos, y aseguró que las decisiones adoptadas estuvieron condicionadas por la necesidad de estabilizar la macroeconomía. Como mensaje final, Iraeta invitó a los productores a sembrar trigo y prometió trabajar para mejorar la competitividad del cultivo en la campaña venidera.
Digitalización y logística
El secretario subrayó además avances en conectividad y digitalización de trámites para el sector agropecuario, citando como ejemplo la posibilidad de emitir una carta de porte desde el campo, una herramienta que mejora la logística y reduce cargas administrativas. Ambos interlocutores, pese a las discrepancias, coincidieron en la centralidad de la previsibilidad para la siembra y la necesidad de políticas que permitan sostener la competitividad externa del agro.
Conclusión
El debate en A Todo Trigo dejó en evidencia tensiones clave: el reclamo del sector por reglas fiscales estables y menores distorsiones impositivas; la urgencia por una actualización de la ley de semillas y un marco claro sobre biotecnología; la preocupación por infraestructura y logística; y la posición del gobierno de aplicar cambios graduales dados los límites fiscales. Para los productores y operadores del comercio exterior, la demanda central es previsibilidad: reglas claras sobre retenciones, semillas y obras públicas que permitan planificar siembras y sostener mercados externos en un contexto de alta competencia internacional.
