La primera jornada del Congreso A Todo Trigo 2026 dejó en claro que la conservación del recurso suelo se instaló como uno de los temas centrales del agro bonaerense. Técnicos, representantes institucionales y asesores coincidieron en la urgencia de revertir procesos de degradación, pero mostraron diferencias importantes sobre cómo y con qué instrumentos debería intervenir el Estado. En el centro del debate estuvo el anteproyecto de Ley de Suelos impulsado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (CIAFBA), que propone un marco normativo específico para proteger y ordenar el uso del suelo en la provincia.
Por qué preocupa el suelo en Buenos Aires
Guillermo Studdert, integrante de la Comisión de Conservación de Suelos de CIAFBA, planteó la gravedad de la situación: los suelos bonaerenses registran degradación acelerada por erosión hídrica y eólica, pérdida de salud del suelo, sodificación, compactación superficial y profunda y deterioro de la estructura física. Estas afecciones comprometen la sustentabilidad productiva y, según Studdert, exigen medidas urgentes y coordinadas para recuperarlos o al menos frenar su declive.
El anteproyecto y sus ejes principales
El borrador presentado por CIAFBA pretende dotar a la provincia de una legislación específica que vaya más allá de las normas generales existentes. Entre las propuestas principales figuran:
– Creación de distritos de conservación de suelos, con prioridad para áreas críticas.
– Identificación cartográfica y diagnóstico de zonas con mayor riesgo de degradación.
– Elaboración de planes de manejo y uso del suelo con dirección técnica profesional.
– Mecanismos de incentivos para prácticas conservacionistas, junto con sanciones para incumplimientos puntuales.
La propuesta busca conjugar regulación, planificación técnica y herramientas incentiveas para que las decisiones productivas consideren la sostenibilidad del recurso a mediano y largo plazo.
Lecciones desde Uruguay: gradualidad y comunicación
El panel incorporó la experiencia de Uruguay como caso testigo. Sebastián Mazzilli, del INIA uruguayo, describió un proceso que se implementó de manera gradual, institucionalizada y con controles efectivos desde la década de 1980. Según Mazzilli, el éxito radicó en incorporar al propietario de la tierra a la discusión y en construir indicadores técnicos (balance de carbono y nutrientes) para monitorear resultados. Uruguay combinó estímulos, asistencia técnica y sanciones moderadas, evitando un esquema punitivo que excluyera a los productores.
Temores del sector: burocracia, costos y criminalización
No todos los asistentes compartieron el mismo entusiasmo por una ley. Voces como la de Gabriel Vázquez Amábile, de CREA, advirtieron sobre el riesgo de que la iniciativa derive en una mayor burocracia y en exigencias permanentes que terminen siendo percibidas como una nueva carga para el productor. Vázquez Amábile expresó inquietud porque la norma pueda convertirse en una “VTV” del campo —es decir, un control rígido y costoso— o incluso en un impuesto indirecto si no se arranca desde diagnósticos claros y consensuados.
En ese sentido se reclamó que cualquier avance incluya incentivos reales y participación activa de los productores en el diseño y la ejecución de las políticas. La pérdida de rotaciones y pasturas, por ejemplo, muchas veces respondió a condicionamientos económicos y comerciales, más que a decisiones técnicas aisladas; por eso el análisis debe ser integral y no limitarse a culpar al productor.
Comunicación y construcción de confianza
Para lograr adhesión a una norma de estas características, varios panelistas coincidieron en que será clave “marketear” la ley: comunicar con claridad su alcance, beneficios y exigencias, para evitar resistencias y falsas interpretaciones. Leonardo Sarquís, asesor y ex ministro de Agroindustria bonaerense, enfatizó la necesidad de generar confianza en el sector y mostrar la ley como una herramienta que acompaña y no que invade.
Puntos de consenso: urgencia y necesidad de herramientas
A pesar de las diferencias sobre instrumentos y alcance, hubo coincidencias relevantes:
– El suelo es el recurso productivo básico: su pérdida pone en riesgo la rentabilidad y la continuidad del sistema agropecuario.
– Hace falta una política más específica que la actual normativa lateral sobre suelos en la provincia.
– Las herramientas deben combinar controles técnicos, incentivos económicos y asistencia profesional.
– Los productores deben participar activamente en la definición e implementación de medidas.
Carbono y métricas como oportunidades
Durante el debate también se destacó al carbono como una variable estratégica: mapear y monitorear el carbono del suelo puede convertirse en un aliado para redefinir productividad y abrir nuevas fuentes de valor, como mercados por carbono o incentivos vinculados a la mejora de la materia orgánica. Incorporar indicadores claros (balance de carbono, nutrientes, pérdida de suelo) facilitaría diagnósticos objetivos y evitaría que las medidas se perciban como arbitrarias.
Riesgos de no actuar
El cierre del panel volvió a las advertencias de Studdert: sin políticas coherentes y urgentes, se corre el riesgo de “perder a la gallina de los huevos de oro”. La degradación paulatina del suelo no solo reduce rendimientos, sino que limita opciones productivas futuras y genera costos crecientes para la cadena agroindustrial.
Propuestas para avanzar de manera práctica
A partir del debate surgieron líneas de trabajo concretas que podrían reducir tensiones y aumentar la eficacia de una eventual ley:
– Realizar diagnósticos participativos y mapas de áreas críticas con estándares técnicos consensuados.
– Diseñar incentivos económicos directos (subsidios, pagos por servicios ambientales, acceso a líneas de crédito preferenciales) para prácticas que recuperen o mantengan la salud del suelo.
– Implementar programas de asistencia técnica profesional para acompañar la adopción de medidas en campo.
– Establecer controles graduales y compatibles con la realidad productiva, con énfasis en corregir prácticas críticas antes de sancionar.
– Promover comunicación clara y campañas de difusión que expliquen beneficios, objetivos y plazos de implementación.
Conclusión: ley sí, pero con equilibrio
El debate en A Todo Trigo 2026 mostró que existe voluntad técnica y política para avanzar en la conservación de suelos en Buenos Aires, pero también que el diseño de la norma será determinante para su aceptación y eficacia. Una ley equilibrada —que combine regulación técnica, incentivos tangibles, participación productiva y buena comunicación— puede ser una herramienta poderosa para frenar la degradación y sostener la productividad. Ignorar la urgencia no es una opción; sin embargo, legislar sin construir confianza y sin articular medidas que beneficien al productor corre el riesgo de generar rechazo y de no alcanzar los resultados esperados. La invitación quedó planteada: empezar a actuar ya, con ley o sin ley, para preservar el recurso base de la producción.
