Contratación en el INTA: la designación de un ex funcionario del ENACOM reabre dudas sobre incompatibilidades y requisitos
La documentación a la que accedió este medio muestra que el Consejo Directivo del INTA acordó designar a Héctor Rolando Rodríguez como titular de la Gerencia de Compras el 18 de diciembre de 2025 y que al día siguiente el funcionario firmó una declaración jurada en la que afirmó no estar alcanzado por incompatibilidades. Sin embargo, su desvinculación del ENACOM fue comunicada por carta documento el 5 de enero de 2026, lo que plantea dudas sobre la concomitancia de plazos y las normas internas de nombramientos.
El caso se produce en un contexto sensible: el INTA lleva adelante procesos de reducción de personal impulsados por el Gobierno y, pese a ello, se aprobaron incorporaciones que ahora quedan bajo la lupa pública y administrativa. Ante las consultas, desde el organismo informaron que no detectaron irregularidades en la contratación, aunque la documentación consultada presenta lagunas sobre la solución del vínculo laboral previo.
El expediente remite al Acta N.o 608 y a una nota del 18 de diciembre de 2025 firmada por Juan Ignacio Erquiaga, secretario del Consejo Directivo, dirigida a la Dirección General de Administración. Esa comunicación contiene la decisión de “designar a Héctor Rodríguez a cargo de la Gerencia de Compras” por 180 días, aunque en los hechos ese encargo se extendió hasta los 274 días según los registros disponibles.
En el cuerpo del acta, a diferencia de otras aprobaciones donde se detallan comisiones de servicios, licencias sin goce y adscripciones, no se explicita cómo se resolvía la relación contractual que Rodríguez mantenía con el ENACOM. Esa ausencia es uno de los puntos claves que consultores en gestión pública y abogados laboralistas señalan como necesaria para evaluar la transparencia y legalidad del procedimiento.
Qué dicen las actas y las declaraciones juradas
El 19 de diciembre de 2025 Rodríguez dejó constancia en cinco formularios de declaraciones juradas, entre ellos uno referido al decreto 8566/1961 y la decisión administrativa 5/2000 donde manifestó explícitamente “no estar alcanzado por las siguientes incompatibilidades”. No obstante, en su currículum cargado en el Sistema de Gestión Documental Electrónica el 23 de diciembre declara que figura como “ENACOM | Mayo 2021 – Actualmente” en el rubro de compras y gestión presupuestaria.
En lo académico, Rodríguez consignó haber finalizado en 2024 el título de técnico contable en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y que tenía pendientes cinco materias para recibirse como contador público, dato que importa a la hora de verificar el encuadre escalafonario. El Convenio Colectivo del INTA exige para puestos de alta gerencia el Grupo Escalafonario “Profesional Clase A”, que requiere estudios de grado universitario de al menos cuatro años, por lo que, según especialistas en recursos humanos, su título correspondería al grupo “Técnico”.
La desvinculación del ENACOM
La carta documento enviada por ENACOM está fechada el 2 de enero de 2026 y fue remitida al interesado el 5 de enero, con la resolución de “prescindir de sus servicios a partir del día de la fecha” y la puesta a disposición de la liquidación final e indemnizaciones conforme a los artículos 232 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ese procedimiento fue notificado personalmente el 6 de enero cuando Rodríguez se presentó en la sede del organismo y recibió copia de la comunicación.
El detalle administrativo es significativo porque la salida se instrumenta como una desvinculación indemnizada regida por la Ley de Contrato de Trabajo, y no como un retiro voluntario ni como un pase entre organismos que habría requerido previamente la acreditación de licencias o renuncias para evitar la percepción simultánea de cargos públicos. Esa diferencia es relevante para auditar montos y vincular responsabilidades administrativas.
Por qué el caso importa para la gestión pública y el sector agropecuario
El episodio revive la polémica por contrataciones en el INTA tras el caso del contador Daniel Alfredo Neira, quien fue despedido del ENACOM el 31 de julio de 2026, cobró una liquidación final neta de casi $110 millones y fue incorporado al INTA con efecto inmediato, hecho que luego motivó su salida del organismo tras la discusión pública. Estas repeticiones de situaciones similares incrementan la atención sobre las políticas de selección y el uso de fondos públicos en la transición entre organismos.
El INTA también atravesó dos procesos de retiros voluntarios en 2024 y 2026 que, según cifras oficiales, alcanzaron un total aproximado de 1.240 trabajadores, lo que incrementa la sensibilidad social y fiscal sobre nuevas contrataciones. En este contexto, la combinación de desvinculaciones indemnizadas y nuevas incorporaciones requiere mecanismos claros de control y comunicación para evitar dudas sobre prioridades institucionales y el destino de recursos públicos.
El Consejo Directivo del INTA está integrado por representantes del Gobierno, las facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias, y entidades del sector como la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Coninagro y AACREA, aunque la incorporación de la CRA nunca fue aprobada. En la reunión donde se aprobaron varios movimientos se instruyó a la Coordinación Nacional de Recursos Humanos y Organización a “instrumentar su respectivo procedimiento y correspondiente acto administrativo”, señalando la intención formal de regularizar lo dispuesto, pese a los vacíos detectados.
Para contribuir a la confianza pública, especialistas proponen que los organismos exijan acreditaciones fehacientes de la renuncia a cargos anteriores o la concesión de licencias sin goce antes de formalizar nombramientos, y que publiciten los criterios de selección para puestos estratégicos. Esa combinación de control administrativo y transparencia es la que, según expertos en gobernanza pública, puede reducir la percepción de remanentes impropios en la utilización de recursos estatales.
Por Belkis Martínez | Palabra de Campo
